Una baja del 86% en las postulaciones a la Escuela de Formación de Carabineros deja en evidencia cuantitativa el descrédito que hay en la institución. Si bien tras el Estallido Social de 2019, el gobierno ha iniciado un plan de reformación, en ninguna parte se menciona una reparación real para las víctimas.

Si antes ser parte de un cuerpo policial era motivo de orgullo y prestigio para la mayoría de las personas, la historia reciente ha demostrado un cambio de mirada. Muchos han sido los países en Latinoamérica que en los últimos meses han evidenciado una falta de criterio en sus policías, como Perú, Brasil y Colombia. En Chile, por supuesto, no se hace necesario repetir lo vivido en el Estallido Social de 2019 y lo que la gente piensa de Carabineros después de eso.

Y así lo demuestran las cifras: una reciente investigación de La Tercera arrojó que en los últimos dos años, la Escuela de Formación de Carabineros (ESFOCAR) ha bajado considerablemente las postulaciones, registrando en 2021 su fecha más baja en 10 años: 2.154 personas. Esto, sin embargo, ya venía haciéndose latente desde 2016, año en el que coincidentemente salieron a la luz los casos de corrupción que escondía la institución.

El cambio que se debe hacer es claro para todos los sectores, pero lo que sigue estando en discusión es el cómo. Al igual que sucedió con el retorno a la democracia, cuando se empleó una estrategia comunicacional en la que funcionarios cargaban bebés y ayudaban a adultos mayores a cruzar calles, el gobierno ya ha puesto en marcha una iniciativa para reformar a Carabineros fechada para 2017, que ya lleva un 23% de avance.

Una propuesta que se ha hecho a puertas cerradas y haciendo oídos sordos a las apuestas por una refundación sustancial. La falta de legitimidad y capacidad profesional, acompañado de una excesiva autonomía fáctica en el cuerpo policial, hace imposible pensar que una reforma que tiene su foco mayormente en la modernización y el fortalecimiento del control del orden público pueda socavar todo el daño hecho en los últimos cincuenta años.

Por eso, una reforma no es suficiente. No fue suficiente en los noventa, no lo es ahora, cuando aún no se ha mencionado una reparación concreta a las víctimas de la violencia estatal, ni tampoco lo será desde la misma institución que ha quedado manchada con el sufrimiento de un país.

Es momento de pensar en un establecimiento distinto, uno que esté desmilitarizado y actúe desde una gestión civil y con perspectiva de derechos humanos. Una policía que se pueda fiscalizar y regular desde otros organismos. Una policía construida en base al trabajo con actores sociales concernientes en la materia y que, antes que nada, piense en una reparación a las víctimas de la violencia estatal, porque sin esta, sólo será esconder la basura bajo la alfombra y cambiarle el nombre.