La ley anti-tomas busca criminalizar a las más de 81.000 personas que viven actualmente en tomas de terreno, según datos levantados por Techo Chile.

Por Eduardo Godoy

En un 74 % han aumentado durante estos últimos dos años la cantidad de personas que viven en ocupaciones de terreno y la derecha busca criminalizar y castigar a estas personas, que desde el borde sucio e inhóspito de lo conocido, buscan encontrar esbozos de dignidad. Mantener un hogar en Chile es algo difícil e imposible para algunas familias, no por nada han incrementado estas cifras. 

El precio de los arriendos, las alzas de los terrenos y los pocos terrenos fiscales dispuestos para soluciones habitacionales, son parte de la problemática. Y frente a todo este contexto, se le suman las dificultades que ha provocado la pandemia y la crisis social. 

La ley que busca criminalizar la ocupación de terrenos, propone catalogar como “delito” las tomas. Permitiendo a las fuerzas de seguridad pública, desalojar con muchas menos trabas a las tomas. Además busca castigar este delito con “trabajos forzosos no remunerados” a quienes se les impute con la “Ley de Usurpación de Terrenos”.

Campamentos y sus organizaciones, se han movilizado el día 29 de junio a lo largo del país, catalogando como la “Ley maldita” a esta propuesta fascista. 

En Chiguayante se ha movilizado el Comité Última Esperanza, frente a la municipalidad exigiendo respuestas a sus urgencias habitacionales, luego de que se haya dictado el presupuesto para construcción de una plaza de $100 millones en el territorio donde el comité había propuesto una solución a su problemática. 

Según informaciones, las propuestas se encuentran con todos los documentos necesarios para ser considerados, pero en vez de eso, la municipalidad a cargo del reelecto  alcalde Juan Antonio Rivas (PS) decide ignorar esta problemática que lleva más de 10 años.

Nuestros representantes debieran ser un reflejo de nuestras problemáticas y digo nuestras, porque no podemos ignorar que aún haya personas que no puedan contar con un hogar digno. Es un sentimiento de empatía, el que se siente de parte de la ciudadanía al preocuparse de situaciones como esta, pero es deber de los organismos institucionales dar respuesta y solución.