La Convención Constitucional será la responsable de acoger las demandas socioambientales de Chile, uno de los lugares más afectados del mundo por el cambio climático. Hace pocos días se presenció una de las primeras manifestaciones con motivos ecológicos, lo que da cuenta de la urgencia de la situación.

La protesta de apicultores frente a La Moneda fue una de las noticias que dio inicio al 2022. La falta de políticas de cuidado para las abejas y el impacto del aumento de las temperaturas en el rubro fueron las principales motivaciones que llevaron a la instalación de una veintena de cajas con paneles de estos insectos. Con personal policial lesionado y cuatro personas detenidas finalizó la jornada del pasado 3 de enero, en lo que podría considerarse como la primera protesta del año. 

Pareciera ser una medida desesperada, una clásica contradicción entre el fondo y la forma: “Hacerles ver que no era la forma correcta de manifestarse en pos de la causa, muy válida por lo demás”, en palabras del comandante Gerardo Aravena, subprefecto de la Prefectura Santiago Central. 

Sin embargo, los apicultores tuvieron sus propias razones. El estudio de la Universidad Católica de Valparaíso reveló que entre 1997 y 2020 se comprobó una notoria disminución de la producción de miel en el país, con un déficit del 90 % en la zona central y sobre el 50 % en el sur. El cambio climático y la megasequía serían los principales responsables.

En efecto, el ambientalismo ha adquirido mayor protagonismo desde la década de los sesenta. A medida que las repercusiones de estos fenómenos son más patentes y devastadoras, los movimientos socioambientales también son más urgentes y tempestuosos, pues detrás de ellos se deposita la preocupación y las necesidades de miles de personas que se ven afectadas.

Será el rol de la Convención Constitucional canalizar estas demandas sociales a través de nuevos principios ecológicos: preventivo, precautorio, de desarrollo sostenible, equidad intergeneracional, justicia ambiental, progresividad y no regresión. Se trataría de un marco jurídico con renovados mínimos comunes en materia de garantías constitucionales.

Pese a lo anterior, esto sólo será una herramienta de base para la aspirada sustentabilidad. En el país actualmente existen más de 100 conflictos socioambientales activos, de acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, y los efectos del cambio climático se incrementan a pasos agigantados. Si éstos no son abordados acorde a la urgencia de la ciudadanía, el malestar será expresado y eventos como el del pasado 3 de enero serán cada vez más recurrentes.