Desde un Consejo que reemplaza a la Corte Suprema, hasta la eliminación de la figura del Fiscal Nacional, son algunos de los puntos más relevantes en las recientes votaciones en el órgano constituyente.

La Convención Constitucional ha abordado desde principios de febrero los temas relacionados al Poder Judicial en el país, en el marco de un reajuste de su estructura y funciones. Sin embargo, ha sido la última semana la que ha traído mayores opiniones con respecto a estos debates en torno a la materia.

El 22 de marzo se llevó a cabo la votación del segundo informe de la comisión de Sistemas de Justicia, en donde se discutieron varios puntos de interés para la ciudadanía. La rebaja a la edad de jubilación de los jueces, eliminación de la figura del Fiscal Nacional, el fin a las cárceles concesionarias, y la creación de un Consejo de la Justicia, fueron los puntos más destacados.

Entre algunas voces que polemizaron la discusión, una que no cayó muy bien fue la declaración que emitió la ministra del Interior, Izkia Siches. Dos días después de la votación del pleno, la jefa de gabinete dijo que la magistratura era clasista, recibiendo una ola de críticas por parte del Poder Judicial.

La judicatura ha sido un tema durante las últimas jornadas, buscando reafirmar posiciones pese a los cuestionamientos que vienen por parte del eje político. Los cambios entrarán en la carta magna, solo que se esperan mayores detalles que puedan justificar ciertos aspectos.

Los ajustes y sus interrogantes

Algunas medidas discutidas en la Convención Constituyente ciertamente han traído preocupación dentro del Poder Judicial. Para el Juez de Garantía del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, Carlos Aguayo, algunas acciones son necesarias para una mayor transparencia, pero otras son bastante cuestionables desde el punto de vista lógico.

“Algunos me parecen improcedentes y peligrosos para la independencia de los jueces. Rebajar la edad de jubilación me parece un absurdo, se estaría perdiendo experiencia de vida y jurídica, lo que no creo adecuado”, dice el magistrado.

Esto con respecto a la decisión tomada en el pleno de la Convención, donde se determinó que los jueces ahora jubilarán a los 70 años en vez de a los 75 como es en la actualidad. La Jueza Titular del Juzgado de Letras y Garantía de Bulnes, Claudia Aguayo, también cree que esto resulta poco comprensible.

“Teniendo presente el tipo de trabajo que realizamos, requiere de experiencia, criterio y madurez, más cuando por otra parte se habla de inclusión de personas mayores”, dice la magistrada. Otra resolución que no resulta tan convincente es la del plazo máximo de duración del cargo de ministro de la Corte Suprema, el que en un principio iba a ser de 12 años máximo. 

Este punto fue rechazado en el pleno, pese a que se creyó que sería aprobado, por lo que volverá a la comisión encargada para analizarse. De acuerdo a la norma, el juez penquista cree que no debería existir un plazo específico, sino más bien un análisis de aquellos que aportan dentro del cargo.

“Si una persona hace bien su función y fuese nombrada joven, como el caso del ministro Sergio Muñoz, posiblemente uno de los más brillantes en la historia, no se encuentra ningún sentido ni razón para impedirle que continúe en el cargo después de 12 o 15 años. Se pierden buenos ministros, con experiencia y conocimientos dentro del área”.

Por otra parte, para el abogado defensor de DD.HH, Esteban Arévalo, estos ajustes en general son importantes y necesarios para un modelo más actual. El jurista apunta a la profundización de reformas estructurales, con una mirada más diversa dentro de una sociedad pluralista.

“Es absolutamente necesario avanzar hacia una reforma profunda del Poder Judicial, ya que este a la fecha administra una justicia de clase, patriarcal y colonial. Este modelo de administración no nos representa como sociedad diversa y plurinacional “, dice el abogado.

La creación del Consejo de la Justicia 

Una de las discusiones más relevantes en particular tuvo que ver con la futura creación de un Consejo de la Justicia, que tiene como objetivo ser la instancia que concentre el poder. Carlos Aguayo cree que esto tiene mucha justificación puesto que así “se determina que los ministros se dedicarán a su función natural que es ver las causas y resolverlas”.

El abogado Arévalo coincide igualmente, añadiendo que “permite dividir funciones y que la magistratura pueda dedicarse de pleno a administrar la justicia, ya que esta es una labor especializada”. 

El problema que ven los expertos es que este consejo llegue a politizarse, tal como sucedió en España hace algunos años. La integración y composición de este órgano está en discusión aún, pero sería formado por 17 miembros, de los cuales solo 6 serían jueces.

“El porcentaje de nombramientos de gente externa al Poder Judicial es muy alto, existe el peligro que en definitiva sean los partidos políticos quienes dominen este Consejo”, concluye la autoridad jurídica de Concepción.

Un largo recorrido le espera aún al debate constituyente con respecto al Sistema de Justicia, donde quedan preguntas por ser respondidas. En total, ocho artículos del segundo informe de Sistemas de Justicia alcanzaron los 103 votos necesarios y ya forman parte del borrador de la nueva Carta Magna.