El pasado 9 de mayo, el conflicto entre el gobierno y los trabajadores subcontratados de ENAP llegó a su punto más alto. El Presidente Gabriel Boric, a través de las autoridades competentes, llamó a desalojar la toma de la planta de refinería Petrox ubicada en Hualpén. La excesiva fuerza utilizada por carabineros revivió el debate sobre su real obediencia al ejecutivo y cuáles son las reales atribuciones de la institución.

Antigua relación

El 9 de septiembre del 2021, en pleno desarrollo de la primera vuelta presidencial, sucedió una importante reunión en el edificio del Sindicato Petrox. En dicho encuentro, se reunieron dirigentes de trabajadores subcontratados de ENAP con el entonces candidato presidencial Gabriel Boric. Carlos Contreras, uno de los dirigentes de los trabajadores, señaló hace algunos días que «ese día te entregué el documento en la mano, lo firmaste y no lo revisaste», emplazando directamente al Presidente. Aquella jornada, el actual mandatario se comprometió a leer el documento y analizar en su mérito las peticiones.

Desde febrero de este año, el gobierno sostuvo reuniones paralelas con el directorio nacional de ENAP y los trabajadores subcontratados de la empresa. La principal petición de los sindicatos es igualar las condiciones de sus trabajadores con las del personal de planta de ENAP. Esta petición se arrastra del 2017, ya que el acuerdo marco (como es denominado por las partes) sobre las mejoras laborales, está congelado desde ese año. Las diferencias se ven reflejadas en los sueldos, entorno para ejecutar sus funciones y en general en sus condiciones laborales. Aunque el ejecutivo ha hecho esfuerzos, el actual directorio de la empresa estatal no quiere ceder y las movilizaciones fueron inevitables.

La agudización del conflicto

Luego de casi 2 meses de infructuosa negociación, los trabajadores subcontratados ENAP decidieron radicalizar las movilizaciones. El 2 de mayo trabajadores subcontratados paralizaron las obras de la refinería Petrox, ubicada en la comuna de Hualpén, para tomar el recinto. Esta acción provocó largas negociaciones, tanto en Santiago como en Concepción, entre el gobierno y el directorio de ENAP. En palabras de la propia delegada presidencial Daniela Dresdner «nos reunimos como gobierno con el directorio más de 7 veces antes de la toma de Petrox». Todas estas gestiones, para evitar la acción de la fuerza pública y en específico de Carabineros, logrando un acuerdo entre empresa y sindicatos.

El pasado 9 de mayo, luego de varios intentos por negociar y con una amenaza latente sobre el suministro de petróleo, el gobierno decidió desalojar la empresa. Con un enorme contingente de carabineros y decenas de vehículos policiales, la fuerza pública logró desalojar la refinería y detener la toma en Petrox. Está represión no pasó inadvertida, ya que era realizada por un gobierno de izquierda y que en sus consignas defiende a los trabajadores. Además, el uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros, hizo recordar a algunos dirigentes épocas oscuras de nuestra democracia.

Víctor Sepúlveda, histórico dirigente de trabajadores de ENAP, fue parte de la reunión del 9 de septiembre de 2021 y participaba de la toma en Petrox.  “Así nos paga el Gobierno, muchachos. El mismo Gobierno por el que ustedes votaron hoy día, así nos paga con esto, con represión… Este es el pago de este gobierno”, señaló hace días. Pablo Cuevas, dirigente regional del Partido Comunista señaló además que “avisamos al gobierno de esta movilización hace meses, ahora se tiene respeto por los camioneros y no por trabajadores que nos apoyaron”. Aunque el gobierno involucró a sus seremis ad hoc, delegada Presidencial e incluso a parte del equipo de interior, el conflicto parece aún no acabar.

Tensión entre el gobierno y carabineros

La reforma de carabineros, incluso refundación como dijeron algunos políticos cercanos al gobierno, ha sido desde el inicio importante para el sector que gobierna actualmente. Sin ir más lejos, fue una de sus principales consignas en la campaña presidencial. Es por esto que el anuncio del pasado 3 de abril, sobre la futura reforma de carabineros que presentará el ejecutivo, solo ha aumentado la tensión entre estos dos órganos. Sin embargo, a partir de dicho anuncio, el gobierno de Gabriel Boric ha tendido a suavizar su posición sobre la institución.

Uno de los hechos más claros, destinado a bajar la tensión entre el actual gobierno y carabineros de Chile, fue el ratificar a Ricardo Yáñez como director general de la institución. El uniformado ingresó a su cargo en el gobierno de Sebastián Piñera y es de total confianza de los oficiales del organismo. Sin embargo, a pesar de los intentos del ejecutivo, existen claras diferencias en la visión sobre la seguridad pública entre el Presidente Gabriel Boric y carabineros. Es por esto que lo sucedido en ENAP solo ratifica la evidente tensión entre los protocolos actuales de la institución y el irrestricto respeto a los derechos de los trabajadores que pretende implementar el actual mandatario.

La represión contra los trabajadores subcontratados de ENAP marca un negro antecedente para esta administración. Más allá de la solución de este conflicto, que ya contiene varias complejidades, en palabras del dirigente Pedro Alcayaga «el problema principal es la subcontratación». Esta figura solo ratifica inequidades entre trabajadores y es un yugo para miles de asalariados en Chile. Sin mencionar la dificultades del actual gobierno para controlar a carabineros, que parece solo mejorar con una gran reforma, los desafíos de la actual administración son enormes y el tiempo se agota.