A casi tres meses del decreto del Estado de Excepción en la región del Biobío y La Araucanía, existe aún una incertidumbre respecto a la violencia que persiste en estas zonas donde se desarrollan los denominados “conflictos mapuche”.

Fue el pasado 16 de mayo cuando la ministra del interior, Izkia Siches declaró el estado de excepción en las regiones del Biobío y La Araucanía, una medida que no estuvo exenta de críticas especialmente por el mismo oficialismo y los partidarios del gobierno de Gabriel Boric, ya que hasta ese entonces el mandatario se mostraba reacio a la militarización de las zonas en conflicto.

Hasta ahora, las cifras expresadas por la ministra dan cuenta una disminución cercana a un 33% respecto a los hechos de violencia en la zona, declaraciones que distan con la realidad del sector de las comunas de Tirúa y Quidico, las cuales demuestran un clima de incertidumbre, violencia, ataques incendiarios e incluso “abandono” por parte del gobierno.

Un conflicto entre lo expuesto en los medios y la realidad de la zona

Para la concejala del sector de Tirúa Sur, Yasmin Vasquez Bastías, la situación en la zona dista mucho de lo expresado por el gobierno, comenta que incluso se han evidenciado ataques incendiarios los últimos días al realizar esta entrevista y que por parte de las familias del sector hay una sensación de inseguridad muy elevada, incluso hay quienes no se sienten cómodos con dar declaraciones o comentar sobre el tema ante miedo a represalias. No solo argumenta esto en base a lo que ella ve día a día, sino que incluso lo vivió en carne propia tras la pérdida de su vehículo de transporte.

Respecto al estado de excepción comenta que, al menos en la zona de Quidico y Tirúa, no es positivo, ya que los despliegues militares solo llegan hasta el sector de Peleco, el cual se encuentra a varios kilómetros de distancia de ambas localidades y solo está cerca del pueblo de Cañete.

Sobre este tema, añadió también que el solo hecho de trasladarse en forma segura por la ruta P-70 es de total incertidumbre ya que esta ruta que une a las localidades de Quidico y Tirúa con la comuna Cañete, se producen frecuentemente ataques incendiarios y robos con intimidación a los conductores.

La declaración es compartida por Neftalí Nahuelqueo, concejal UDI del sector de Tirúa-Quidico, quien manifiesta que tan solo una vez hace ya varios meses se ha visto un único control militar en el pueblo de Tirúa, lo que evidencia un verdadero abandono de las fuerzas que se encuentran muy lejos de los hechos de violencia, incluso señaló que para los habitantes hay un abandono por parte del gobierno, el cual no está haciendo nada nuevo ni significativo para dar solución al sector y que solo ha planteado temas presupuestarios y discusiones de políticas que no se vinculan con temas de seguridad.

¿Se ha logrado disminuir algo?

Luis Sandoval, concejal del frente amplio de Tirua, menciona que, si se han visto algunas bajas en cuanto a los hechos de violencia, se debe solo al trabajo de las organizaciones sociales como las juntas de vecinos y otras formas de comunicaciones y acción entre los habitantes y que esto no significa un logro simplemente porque estén los efectivos del ejército en la zona.

Considera ademas que el estado de excepción es una medida que no se debería implementar pero que es consecuencia directa de la falta de un trabajo concreto y efectivo por parte de Carabineros y la PDI.

Al consultar con el Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur, Fernando Fuentealba, manifestó que en los estados de emergencia implantados por el gobierno anterior y el actual, no han traído cambios significativos respecto a la necesidad de paz y seguridad que se necesita para el desarrollo productivo y sobre todo para la calidad de vida de los habitantes.

En sus palabras manifiesta que está absolutamente demostrado que tanto las medidas y la voluntad del ejecutivo no son las correctas.

“Siempre hemos manifestado que las medidas del estado de excepción deben ser totales y abordar en forma integral su ejecución, coordinar a otros estamentos públicos para terminar o disminuir al máximo está situación de abandono y, por ejemplo, el Ministerio Público debería contar con el apoyo de las fuerzas armadas y las policías para implementar las órdenes de detención, investigación y allanamientos de las distintas denuncias hechas”.

El presidente de la asociación manifestó que incluso se podría decir que la violencia se ha apoderado a un nivel tan elevado en la zona que no extraña a este punto escuchar casos de extorsión, usurpaciones y amenazas.