El libro desde sus inicios se ha mantenido como un soporte para difundir la cultura, y el impuesto a escritos en el país evita su fácil acceso, por consecuencia esto lo hace casi un artículo de lujo para la población.

En Chile, los libros reciben el impuesto del IVA, que equivale al 19 % del valor neto de un producto, en este caso. Esto ha traído una serie de problemas tanto en la sociedad como en las ventas internacionales y comercios.

El impuesto se estableció en el país unos años después de la dictadura, tiempo en que se quemaron muchos libros, se cerraron las editoriales y se estableció el IVA, principalmente con el objetivo de impedir la circulación de escritos en contra de este régimen, y desde entonces no ha cambiado.

En otros países de América Latina el impuesto al libro es considerablemente más bajo que en Chile, de hecho Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela establecieron un 0 % de IVA.

Lo anterior afecta directamente al comercio nacional, pues varias personas prefieren comprar libros en otros países e importarlos; sin embargo, si estos artículos se encuentran en las selecciones aleatorias que realiza la aduana a paquetes, al momento del retiro se exigirá el pago del IVA correspondiente.

Otra alternativa que se ha incrementado es la piratería en quioscos y calles; además de la lectura digital tanto en PDF como en libros electrónicos, no obstante, estos últimos provocan algunas consecuencias físicas y psicológicas, al ser utilizados por un largo tiempo.

Desde el gobierno una de las preocupaciones constante ha sido la baja comprensión lectora de los estudiantes, han buscado estrategias para disminuir esta problemática, pero el acceso a libros sigue siendo limitado para el general de la población, pues tenemos el impuesto más alto en Latinoamérica.

Se han hecho muchos proyectos en lo que se refiere al tema, y es una lástima que hoy en día no exista una ley en la cual se especifique la creación de un impuesto específico aplicado a los libros, tanto de autores nacionales como internacionales.

Esto podría establecer un mercado editorial seguro y competitivo, pero más importante detendría la brecha social que existe, dejando que todas las personas tengan la oportunidad de leer un libro de calidad tanto desde el punto de vista literario como material; así esto dejará de ser el lujo de unos pocos.