Según informó el Ministerio Público, la investigación del emblemático caso quedará sin efecto por falta de pruebas, veredicto que deja una profunda sensación de impunidad ante un grave hecho que atentó contra la salud pública del país. 

Fue en enero del año 2021 cuando diversos videos y audios de fiestas masivas ocurridas en Cachagua se viralizaron a través de redes sociales, causando gran indignación a nivel nacional.

En los registros se podía ver a jóvenes de clase alta chilena sin mascarilla ni distanciamiento social, incumpliendo todas las medidas sanitarias. Esto mientras el país se encontraba en pleno estado de emergencia, con casi cuatro mil contagios diarios de COVID-19. Cabe destacar que entre los asistentes se encontraban hijos de connotados políticos y empresarios chilenos.

Las consecuencias fueron nefastas: se registraron más de 40 contagios vinculados a dichas fiestas y los casos de coronavirus en Zapallar aumentaron en un 307 %. El Gobierno de ese entonces declaró su molestia ante la situación y prometió perseguir penalmente a los involucrados. 

Durante esta semana, el Ministerio Público dio a conocer una información que se veía venir. La investigación del caso será cerrada, al no lograr reunir las pruebas suficientes para fundar una acusación. Todo esto a pesar de que en su momento se identificó a 32 infractores y les fueron cursadas multas, alcanzando un monto total de $195 millones. Sin embargo, hasta enero del presente año estas seguían impagas. 

La decisión de la Fiscalía entrega un mensaje erróneo a la población, ya que un hecho de tal gravedad requería verdaderas sanciones. Además, escudarse en la falta de pruebas resulta vergonzoso, tomando en cuenta los múltiples registros audiovisuales existentes. Pareciera que estuvieran haciendo vista gorda ante algo evidente. Uno se pregunta: ¿a quién están protegiendo?

Genera gran frustración el hecho de que no habrá ninguna consecuencia para las personas que atentaron contra la salud pública del país y probablemente esto quedará como una anécdota más para ellos. Sin embargo, su irresponsable actuar podría haber significado la pérdida de un ser querido. 

Pareciera ser que en Chile existe una justicia para ricos y otra para pobres, situación que acrecienta la rabia de muchos chilenos, los cuales se encuentran cansados de estas injusticias. Es como si la impunidad estuviera del lugar de los poderosos, algo que no hace más que profundizar la crisis y desconfianza hacia las instituciones.