Huachipato determinó suspender indefinidamente las operaciones siderúrgicas, esta situación afectó a alrededor de 20.000 familias que se vieron afectadas por las pérdidas de empleos. La empresa corresponde al sector privado, por lo que el estado no tiene responsabilidad de la inminente quiebra de la compañía. Sin embargo, sí debe tomar medidas para socorrer a las familias que se ven directamente afectadas por la crisis.

Es totalmente respetable por parte de los trabajadores y afectados, pronunciar su descontento y exigir salvaguardas. La ausencia de pronunciación de parte del estado demuestra inconsciencia y lejanía de la realidad, y le están dando las espaldas a las demandas de los trabajadores.

El impacto social y económico es categórico, los perjudicados están viviendo una incertidumbre que no solo se limita a ellos. También, alcanza a repercutir en la comunidad en general, escalando en las afectaciones y pudiendo llegar incluso al sector público.

No necesariamente se le pide al estado que intervenga en la dirección de la compañía. Si no que, se demanda que demuestre preocupación por la gravedad del asunto y que acuda a escuchar las demandas que se han comunicado mediante las diferentes manifestaciones.

Creemos que es obligación del Estado de Chile hacerse cargo de su labor y empezar a trabajar en medidas que solucionen la inseguridad de los damnificados. Condenamos incapacidad de escuchar las necesidades de los compatriotas y el interés de, como mínimo, referirse la tensa situación que se vive.

En última instancia, es imperativo que todos los actores involucrados se unan para buscar posibles soluciones y reconocer los errores que llevaron a este momento, de parte de la empresa y del estado las respuestas han sido pobres.