Según los datos entregados por la Superintendencia de Educación Superior (SES), durante el 2023 se recibieron 4 293 reclamos y denuncias en contra de instituciones de educación superior. De ellas, 209 son por convivencia, del cual el 28,2 % se vincula al hostigamiento y acoso de docentes.

Dentro de las carreras de la salud, es común que los estudiantes deban realizar pasantías, internados o prácticas en algún centro hospitalario. Con una expectativa muy alta por la nueva experiencia que vivirán, esta rápidamente se ve afectada con el transcurso del tiempo en aquel lugar por el abuso de poder.

Lo anterior a consecuencia de los malos tratos que usualmente reciben de los profesionales del área, que pasan a ser sus supervisores durante aquel tiempo. El efecto que producen las palabras y el daño que genera el abuso de autoridad para la salud mental es cada vez más grave. La situación quedó reflejada con el caso de Catalina Cayazaya, estudiante de la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes, que se quitó la vida tras su traumática experiencia durante su internado.

Ahora bien, ¿se necesitará que ocurra otra situación con esas mismas magnitudes para que se tomen cartas en el asunto? Considero que no. Esto se podría haber evitado si existiera un código de ética que se respalde por el Ministerio de Salud y que ampare a los alumnos en este tipo de circunstancias. Es inaceptable que sigan sucediendo hechos de acoso, denigraciones y bullying por parte de los que dicen ser profesionales de la salud, pero que carecen de ética y empatía con sus futuros colegas.

Si fue posible que en el 2019 entre en vigencia la Ley 21188, que una de sus aristas trata sobre la protección de los funcionarios del área de la salud, ¿cómo no será factible la creación de una legislación que incluya la seguridad de los universitarios en su proceso de formación?