En 1852 se fundó en Santiago la Casa de Orates, el primer hospital psiquiátrico de Chile y uno de los más antiguos de América Latina. Su creación, aunque progresista para la época, revelaba ya la precariedad de la salud mental: en pocos años debió ser trasladado por sus condiciones insalubres. Aun así, la evolución que tuvo este centro hospitalario marcaría el inicio del primer modelo de atención psiquiátrica en Chile, pasando lentamente del encierro de los pacientes al derecho de atención médica especializada.

Un siglo después, en 1952, el panorama comenzó a transformarse. El centenario del hospital impulsó un proyecto de ley para construir un nuevo recinto y coincidió con la creación del Servicio Nacional de Salud. También se incorporaron avances terapéuticos y surgieron los primeros servicios universitarios de psiquiatría.

En 1968, la Ley 16.744 sobre enfermedades laborales integró por primera vez la salud mental al sistema preventivo. Sin embargo, no sería hasta el regreso a la democracia, durante 1990, que el estado reconocería la gravedad de las secuelas de la represión y violencia política ocurridas durante el periodo de dictadura militar, mediante la creación de la Unidad de Salud Mental y el programa PRAIS.

El siglo XXI trajo consigo el Primer Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría (2000), reformas legales como la Ley de Violencia Intrafamiliar (2004) y el ingreso de diagnósticos mentales al sistema GES (2005). En 2021, se promulgó la primera ley de derechos en salud mental, y en 2023, la Ley TEA fortaleció la inclusión de personas con autismo.

A pesar de estos hitos, chilenas y chilenos aún denuncian que la salud mental sigue estando precarizada, carente de financiamiento y sobrecargada. La historia de Chile muestra avances normativos importantes, pero también una deuda estructural que persiste: garantizar el acceso universal y digno.