El medioambiente no le es ajeno a nadie, o más bien, nadie dentro de esta biosfera es ajeno al medioambiente y por tanto, todos y todas tenemos algo que hacer en él a modo de contribución.  Sin embargo, frecuentemente, de manera individual, caemos, en prácticas que se traducen en un boicot para nuestro entorno. Asimismo, aquella situación, adquiere un carácter especialmente grave y complejo cuando se refleja en las políticas de Estado, tal como ha ocurrido recientemente en Chile, donde hace pocos días el Gobierno de Sebastián Piñera ha optado por rechazar El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, o mejor conocido como el Acuerdo de Escazú.

Se trata de una alianza internacional que involucra a los países de la región de América Latina y el Caribe y que tiene como fin principal asegurar el derecho de la ciudadanía a vivir en un medioambiente sano, a través de distintos mecanismos de transparencia legal y participación social. Indudablemente, un acuerdo que se instala como una opción viable en un mundo donde urge desmesuradamente la búsqueda de alternativas para llevar una vida más sustentable en comunidad. Entonces, cabe preguntarnos, ¿por qué la casa de gobierno se resta de una iniciativa que va en sintonía con los requerimientos planetarios actuales?

¿La razón de fondo?

Desde La Moneda, se han entregado distintos argumentos para referirse al bochornoso hecho de comenzar siendo uno de los países de la región que impulsó más fervientemente esta iniciativa colectiva hasta, finalmente haber decidido de manera abrupta no firmar el tratado. Algunas de estas excusas, hacen hincapié en la amplitud y ambigüedad que suponen los términos del acuerdo y otras se refieren al riesgo de dejar al país en un marco de incertidumbre legal en aspectos ambientales. Pero hay quienes piensan que estas razones no son suficientes o carecen de un sustento relevante que verdaderamente sea causal de una decisión de esta magnitud y que, son algunas de las áreas que viene a potenciar el Acuerdo de Escazú, las que representan un peligro para ciertos intereses, del mundo político y privado, a los que el Estado de Chile está sujeto. Frente a esta idea, Ricardo Barra, doctor en Ciencias Ambientales, quien además se desempeña como director del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile nos comenta: “El eje del Rechazo es el miedo a la participación ciudadana, inspirado en lo que ha sido el acuerdo que se firmó con la OIT 169 sobre la participación en la toma de decisiones de los pueblos originarios”. En otras palabras, se presume que las obligaciones expuestas en el artículo n°7 del tratado, que debiese contraer el Estado al firmarlo, fortalecen las facultades de la ciudadanía en la toma de decisiones. O sea que, esta podría tener el poder del veto ante proyectos a gran escala que comprometan al medioambiente.

“Yo creo que, los argumentos del gobierno son inentendibles en muchos casos y no hacen más que dar cuenta del miedo que tiene de que la gente participe, y llama la atención porque Chile ha sido un país que ha impulsado múltiples proyectos ambientales” indica el director del centro EULA-Chile, quien en su último punto recoge parte de la visión de Magdalena Donoso, coordinadora de la ONG medioambiental GAIA en América Latina puesto que, considera que esta decisión gubernamental “Es una prueba de que todos estos supuestos compromisos del país en materia ambiental no tienen la profundidad necesaria”. En esa misma línea nos comenta: “Lo que creemos es que, si este acuerdo se hubiese aprobado, sería una señal de que al Gobierno le interesa genuinamente el pleno derecho a la participación ciudadana”.

Argumentos de plástico

Desde la perspectiva legal, otro de los motivos que se entregaron para no firmar el Acuerdo de Escazú, es que, de hacerlo, El país quedaría expuesto a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas. Ante este argumento la abogada y doctora de la U. de Lovaina Paulina Astroza, nos explica en conversación con Entre Líneas: “Pensar que, en el caso de que no avancemos en los parámetros que plantea el acuerdo, otro Estado nos vaya a demandar ante un tribunal internacional es sinceramente ridículo. Porque primero, para que nos puedan demandar tiene que existir una controversia jurídica entre Estados y ese es un concepto que está definido en el derecho internacional, y este tratado tiene la característica de que no está creando obligaciones entre los Estados, sino que supone un compromiso de colaboración entre ellos.

Una arista muy relevante en esta temática es el hecho de mirar hacia el futuro y preguntarse qué hace falta para que este acuerdo se ratifique de una vez por todas. Sin lugar a duda, existen múltiples mecanismos, informales y formales, pacíficos o más drásticos, para que se logre este objetivo. Pero uno de los más llamativos y transformadores es el que Magdalena Donoso plantea cómo “un cambio de visión radical del valor de la participación ciudadana”. O sea que, en la medida de que seamos conscientes de lo importante que somos como ciudadanía en el proceso de creación de políticas públicas de toda índole, los Gobiernos se verán imposibilitados para cambiar en 180° su actuar, como ha ocurrido recientemente con el Acuerdo de Escazú, y de esta forma asumirán los compromisos que exige el país y que implora todo nuestro ecosistema.