Fuertes testimonios revelan negligencias y comportamientos abusivos por parte del personal de salud. La inexistencia de medidas de resguardo y el miedo a denunciar han provocado que mujeres alrededor de todo el país se sientan vulneradas frente a algo tan natural como una visita al ginecólogo.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han permanecido invisibles históricamente. Pese a la dificultad de las víctimas para revivir sus experiencias, cada día son más las que se atreven a alzar la voz y denunciar abusos de poder y maltratos en citas médicas.

Por definición, se entiende como violencia obstétrica y ginecológica a toda violación a la integridad de una mujer en la atención del embarazo, parto y post-parto, así como de su sexualidad. En materias sencillas, puede presentarse a través de burlas, insultos, humillaciones o amenazas por parte del personal de salud hacia sus pacientes. Sin embargo, puede llegar a términos más complejos como el abuso de medicación o negligencias médicas. 

Muchas mujeres han perdido la capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos producto de estas experiencias. En la mayoría de los casos, se habla de un desarrollo de traumas asociados al proceso reproductivo, así como de una pérdida de la autonomía sexual.

De acuerdo al Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile (OVO), más del 50% de las mujeres ha sufrido violencia obstétrica durante el parto. Estas cifras pertenecen al 2017, pero se estima que las denuncias se han triplicado ante la situación sanitaria de este año. 

Si bien los estudios del OVO sirven como antecedente, fue recién durante el 2019 que se llevó a cabo la Primera Encuesta Nacional Sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica en Chile. Esta investigación reveló que al menos el 67% de las mujeres ha sufrido violencia, vulneraciones y malos tratos al recibir atención de los profesionales de esta área.

El problema no se detiene ahí. Muchas de las encuestadas afirmaron haber sido medicadas y patologizadas por procesos naturales que no requieren de esto. Como consecuencia, la mayoría de las víctimas declaró haber presentado secuelas graves para su salud, así como haber abandonado exámenes por decisión propia.

Esta encuesta, realizada por la Colectiva por la Violencia Ginecológica y Obstétrica, reveló que el 21,4% de las mujeres han sido juzgadas por sus prácticas sexuales. Esto se evidencia en conductas moralizantes de parte del personal de salud, así como en comentarios indebidos para referirse al cuerpo, genitales, vestimenta o higiene de las pacientes.

Otros abusos incluyen amenazas del personal, tocaciones inapropiadas y procedimientos intencionalmente dolorosos. Actos como estos han contribuido a que las consultas médicas sean vistas como un espacio de desconfianza e incomodidad por parte de las mujeres. Estas vulneraciones hacia la intimidad de las personas han sido motivo del desprestigio del rubro ginecológico y obstétrico en Chile, así como un tema de discusión constante en materias públicas.

El miedo a denunciar

“Francisca”, a quien llamaremos de esta manera en este reportaje para resguardar su identidad, es una de las muchas mujeres que ha sufrido violencia ginecológica y ha guardado silencio por miedo y vergüenza. Tiene 26 años y es licenciada en Ciencias Jurídicas, pero aún recuerda un episodio particular con mucha rabia e impotencia de cuando era estudiante universitaria.

La joven presentó síntomas de una infección urinaria, por lo que acudió a un médico general a realizarse exámenes. Cuando dieron resultados negativos, se dirigió a la Urgencia Ginecológica de la Clínica Alemana, en donde tuvo dificultades para que la atendieran por la cantidad de mujeres embarazadas prioritarias esperando. Una vez que la llamaron, comenzó su pesadilla.

Desde la primera interacción que tuvo con el ginecólogo, su actitud fue prepotente. “Me dijo: ‘pero que asco, estás llena de hongos, ¿con cuántos te has metido? Mira la embarrada que tienes en la vagina’. No entendía por qué me trataba de esa manera”, recuerda la afectada.

Y eso no fue todo. Cuando Francisca le comentó que tenía pareja única, este se rió en su cara y la humilló diciéndole que le estaban siendo infiel. Por protocolo de la Clínica, el especialista debe ser siempre asistido por mujeres y en esta oportunidad había una matrona presente que la defendió. Sin embargo, el profesional le contestó que tenía el derecho de tratarla como quisiera.

“Mi niña, no crea lo que dice este hombre”, fue uno de los tantos intentos de la matrona por consolarla al terminar la consulta. “Le conté que tenía a mi madre haciéndose un tratamiento de cáncer y que estaba estresada por la universidad y me explicó que lo más probable es que haya sido una baja de defensas importante”, para referirse a la causa de su infección.

Luego del incidente y de ayudarla a cambiar de médico, le sugirió denunciar al profesional por los malos tratos. “Pero nunca lo hice, no era fácil contarlo en esos momentos”, lamentó Francisca. 

El miedo a denunciar negligencias provoca que muchas mujeres eviten chequeos necesarios para su salud sexual. “No quise volver a urgencias debido a malas experiencias”, mencionó “Daniela”, quien también prefirió resguardar su identidad. En su caso, fue al ginecólogo por un dolor muy fuerte en el lado izquierdo del útero.

“Me hizo varias preguntas, pero no tomó en serio lo que le decía. Fue bruto al palpar y nunca me prestó atención”, relató la joven, pese a haber expresado su incomodidad frente al trato del profesional. Ignorando sus quejas, la única respuesta que recibió fue “te tengo que revisar”, de forma violenta y poco comprensiva. 

Al revisar sus exámenes en una segunda cita, no recibió explicaciones de parte de él y este solo se limitó a decir que no sabía lo que tenía. Le recetaron medicamentos para el dolor, pero sus malestares duraron al menos dos semanas más.

Negligencias del personal de salud

Katherine Rubilar es matrona egresada de la Universidad de Concepción y ha evidenciado muchos episodios de violencia hacia mujeres en distintos hospitales de la región del Biobío. “Cuando fui interna observé desde cosas muy mínimas, como que a la usuaria se le limite el movimiento al momento del parto, a niveles más graves, ya sea gritos ofensivos o maniobras para apurar el parto”, comentó.

“No entiendo cómo pueden haber profesionales con tan poca sensibilidad. Encuentro nefasto que mis colegas pierdan su lado humano”, fueron sus palabras al referirse a la violencia obstétrica y ginecológica. A su parecer, el trato hacia embarazadas debe ser empático y agradable, puesto a que se trata de un proceso natural y emocionante. Sin embargo, son muchos los testimonios que demuestran lo contrario en la práctica. 

A las treinta y dos semanas de embarazo, Karla Navarro comenzó a presentar síntomas de parto prematuro. Fue llevada a un hospital en Valdivia para ser asistida, pero los recuerdos le traen mucha pena e indignación. “Cuando me hospitalizaron, veía que a las chicas que venían del campo no les explicaban qué les pasaba ni qué hacer cuando las daban de alta, los únicos que sí lo hacían eran los chicos en práctica”, mencionó. 

“Las matronas no eran amables y me tocaban de manera muy brusca cuando me revisaban. Me afectó bastante, lloraba constantemente por la incertidumbre de no saber qué me pasaba y de los malos tratos que recibía”, recuerda afligida. “Cuando inicié el trabajo de parto me trataron peor que antes, me decían que no era para tanto el dolor y que no me iban a atender si gritaba”, agregó.

Todo cambió al instante en que su suegra apareció por la puerta de la habitación. Ella trabajaba en el mismo hospital y la matrona, al reconocer que eran familiares, comenzó a tratarla con mayor amabilidad. Su experiencia la marcó bastante, pero reconoce que es solo una de las miles que ocurren a nivel nacional.

La grave ausencia de políticas públicas

En el 2019 se presentó un proyecto de ley sobre violencia obstétrica, con el fin de  sancionar a profesionales de la salud que maltraten a sus pacientes. La aprobación de este proyecto permitiría tipificar estos actos como un delito, introduciendo penas de hasta 3 años y 1 día por cometer abusos de oficio y maltratos a mujeres embarazadas. 

Pese al interés de modificar el Código Penal, el proyecto permanece en tramitación y no se ha concretado ningún avance importante hasta la fecha. Por esta misma razón, se dice que la violencia obstétrica es un problema sistemático del que no suelen pronunciarse las instituciones gubernamentales. 

María Inés Salamanca, la representante de ONU Mujeres en Chile, se refirió al incremento de estas situaciones producto de la pandemia. En una entrevista para Sonar Global, mencionó que la violencia contra las mujeres se ve potenciada por el contexto de confinamiento, así como por la disminución de fuentes de ingreso en muchos hogares este año.

Si bien es posible que cualquier mujer sea víctima de estas agresiones, las principales afectadas son aquellas de escasos recursos, migrantes o con menor escolaridad. Tener sobrepeso, pertenecer a una cultura indígena o ser adolescente también aumentan las posibilidades de verse vulneradas.

No solo se trata de medidas legislativas contra la violencia obstétrica, sino que también de la ausencia de normativas contra la discriminación, acoso, abuso y otro tipo de atropellos. Para ONU Mujeres, estos son indicadores de la falta de compromiso de parte del Congreso y Estado.

Pese a la falta de ordenamientos que protejan a las mujeres en este tipo de situaciones, existen algunas acciones legales que se pueden adoptar. Paola Cuevas, egresada de Derecho, sugiere denunciar ante la Superintendencia de Salud o reclamar en la misma clínica u hospital. De acuerdo a ella, “es importante tomar en consideración los derechos y deberes de los pacientes y del consumidor. Al interponer una demanda civil, se puede optar a indemnización de perjuicios”.

La ausencia de legislación en estas materias vuelve necesaria la apertura de espacios para capacitar profesionales, con el fin de disminuir experiencias denigrantes. Dentro de este marco, OVO Chile realizó la Primera Formación de Psicoterapia en Violencia Obstétrica, una enriquecedora instancia de aprendizaje que duró cinco meses y culminó a finales de noviembre de este año.

Iniciativas como esta son una luz de esperanza para cambiar el paradigma actual que existe al interior de los centros de salud. Sin embargo, esto no es suficiente para garantizar el resguardo de la integridad sexual y natal. El problema radica en un sistema que históricamente ha perjudicado a las mujeres, sus derechos y la autonomía de sus cuerpos. 

Testimonios como el de Francisca, Daniela y Karla nos permiten evidenciar una cruda realidad que no suele visibilizarse ante los ojos públicos, pero que es más habitual que lo que parece. Gracias a la valentía de estas mujeres, cada día son más las que se atreven a denunciar malos tratos y abusos de poder por parte de funcionarios de salud que carecen de ética profesional.