Investigadores apuntan a nula expectativa de trasladar a los actuales trabajadores hacia las nuevas tecnologías.

Durante el año 2019 el gobierno impulsó un acuerdo público-privado en conjunto al ministerio de energía y las empresas del rubro, para determinar el cierre de las plantas termoeléctricas a carbón para el 2040. Todo esto, en el marco de los acuerdos internacionales a los que Chile está suscrito, siendo el acuerdo de París de 2015 el más importante de todos, ya que busca bajar los niveles de gases de efecto invernadero en el mundo.

Tras el anuncio, llegó el momento de llevar a la practica las conversaciones con las empresas privadas del sector, quienes, sumados a las carteras de energía, medio ambiente y trabajo, son los responsables de aplicar la estrategia de “transición justa”, que busca reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en el país. Según datos del propio ministerio de energía, dicho sector hoy representa el 78% de las emisiones de GEI en Chile.

El plan se enmarca en los pasos que se han dado para virar hacia fuentes novedosas, como lo es la transición de microbuses del gran Santiago. Sin embargo, hay ciertas aristas que complican un proceso tan grande. Desde el gobierno dicen que los plazos se establecieron de modo que sea un camino sin mayores gastos, esto implica, por ejemplo, no pagar grandes compensaciones a las empresas, además de la sustitución de las plantas de energía y el posible desajuste en la electricidad que alimenta el país.

Otro gasto que no se estima hacer radica en los trabajadores que, tras el cierre de las centrales, se verán fuera de sus lugares de trabajo. Sobre esto, la economista laboral, Luna Bratti, quien trabaja analizando el impacto de estas políticas en diferentes casos en el mundo, señala que “el primer gasto es la pérdida de capital humano, en el sentido que tienes trabajadores que están relacionados con la industria energética, por lo que sería mucho más sencillo realizar capacitaciones a estos trabajadores para que aprendan ellos también sobre energías renovables”. Añade los casos de Wyoming en Estados Unidos y lo que acontece en Alemania. «Se cierran plantas termoeléctricas y además se generan programas de entrenamiento y capacitación para que los trabajadores pasen a estas nuevas energías sin perder el flujo de trabajo”, cerró Bratti.

Desde el ministerio de energía, Francisco Merino, coordinador de generación comunitaria de la división de participación y dialogo social, señala que en el caso chileno se ha encontrado con ciertos inconvenientes en los diferentes gremios, sobre todo en el aspecto laboral. “Hay una discusión que dice el cómo incorporamos a los trabajadores, pero en la realidad ellos no van a ingresar a esta transición justa en términos de ir a las energías renovables porque las energías renovables no van a poder contratarlos», sostuvo merino. Consultado sobre las políticas que han implementado ciertos países y los datos que arrojaba Luna Bratti, Merino confesó «la transición energética en Alemania fue financiada por el gobierno alemán, en Chile esa transición está siendo financiada por las empresas, por lo tanto, los trabajadores no entran dentro de ese calculo, se les da su indemnización correspondiente y se corta el vínculo».

Irving Mintzer, fue el principal asesor del subsecretario de Política Energética y Asuntos Internacionales en el departamento de energía de Estados Unidos. Actualmente investiga sobre el cambio climático y finanzas sostenibles. Tras consultarle sobre las eventuales problemáticas laborales de cambiar hacia fuentes eficientes y las diferencias entre la automatización de los procesos y los antiguos trabajos en energías no renovables, menciona que «la gentecon diferentes tipos de habilidades puede ser entrenada para trabajar con energía solar, eólica o biomasa, pero las diferentes tecnologías necesitarán a trabajadores que tengan capacidades especializadas. Entonces, una cosa es entrenar a personas que han trabajado con herramientas o equipo en una mina de carbón y otra es entrenarlas para construir y manipular una planta eólica, que requiere conocimientos en ingeniería o física”.

La transición energética parece ser necesaria para ayudar al planeta y al país en torno a la búsqueda de nuevas tecnologías sustentables para todos y todas. La gran barrera radica actualmente en el traslado de los empleos y una nula capacitación que, de momento, el país no puede garantizar; sin ir más lejos, ya aconteció cerca de 1997 un intento de educación a los mineros de Lota por parte del estado, no dando resultados y terminando por hundir la ciudad histórica. Antecedentes de ese tipo, sumado a la actualidad del gobierno y la presión económica que supone la pandemia, el descanso por parte del estado en los privados dejará con poca opción al empleo dentro de la transición justa hacia energías nuevas.