La participación ciudadana, consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, consiste básicamente en involucrar a la ciudadanía activamente en los procesos de toma de decisiones públicas, e incluye el derecho a manifestarse, a asociarse o a ser escuchados por el Estado, por citar algunos.

Su importancia radica en que posibilita que se incluya la opinión de la gente en las diferentes etapas de formulación de políticas públicas, lo cual permite generar medidas que en efecto sean más cercanas a sus reales necesidades de la población, fortaleciendo así la democracia. Para lograrlo se disponen de varias alternativas, como referendos, plebiscitos, consultas públicas o procesos de participación electoral. 

Nuestro país no sólo reconoce la importancia de la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas, sino que promueve que esta se lleve a cabo con enfoque de derechos y de manera transversal, si ningún tipo de discriminación y respetando la diversidad social y cultural, mandando a todos los ministerios y órganos de la Administración del Estado a que cumplan con las directrices señaladas a este respecto. 

Ahora bien. Si esto se cumpliese a cabalidad, ¿cómo se explica que el presidente Piñera, tras conocerse los resultados de las megaelecciones, admitiera que su gestión no está «sintonizando» con lo que expresa la ciudadanía? 

Lo más terrible es que esas declaraciones parecen reflejar una realidad que ha pasado desapercibida. El país tiene una lamentable tradición de no escuchar a la ciudadanía en sus demandas y reclamos. Por ejemplo, cuando fue el estallido social varios dijeron que era algo que no se podía haber previsto, cuando existían diversos estudios previos que destacaban la sensación de malestar en la población.

Tampoco deja de ser preocupante que realmente muy pocos candidatos -a gobernadores, alcaldes, concejales e incluso constituyentes- recogían la participación ciudadana como pilar de su futura e hipotética labor, centrándose en otros temas, como vejez, salud o paridad de género. 

Convocar a un plebiscito para cambiar la Constitución fue el primer paso, pero no debe ser el único. Ahora que se redactará la carta que definirá el futuro del país, es importante involucrar a la ciudadanía constantemente para asegurar que el ejercicio democrático sea real y que las medidas que se acuerden sean justificadas y basadas en la realidad, para ver si se logra fortalecer, de una vez por todas, la democracia.