Un proceso eco-constituyente abogaría por la defensa de ríos, glaciares y santuarios naturales que permitirán a las generaciones futuras disfrutar y preservar la flora y fauna de sus territorios.

Por Eduardo Godoy

Hasta la fecha son 110 días de la toma que detiene el avance de la nueva central hidroeléctrica en el sector de Rucalhue. La organización “Semillas del Lirquén” junto a vecinos han detenido la instalación de la obra que si bien fue aprobada y cuenta con los permisos necesarios, se les interpela por la destrucción del río Quilmes.

China International Water and Electric Corporation es la empresa encargada del proyecto y afirman que la instalación de la represa no afectaría de manera negativa el cauce del río, aseguran que se trata de un proyecto con sello verde y que tampoco afectará a las comunidades.

Si bien la empresa cuenta con los permisos necesarios para su construcción, la ciudadanía se ha movilizado durante estos últimos 3 meses para detener su instalación. La destrucción de flora y fauna del territorio, junto con la ruptura del histórico paraje, terminaría con la belleza natural del Río Quilmes y con la calidad de vida de las comunidades que aprovechan sus recursos.

Semillas del Lirquén

En conversación con Diego Barrientos, vocero de la organización que efectúa la toma, afirma que la empresa se acercó para conversar en solo una oportunidad, demostrando impetuosas actitudes y violentas respuestas. “La manera en la que acostumbran actuar estos tipos, es así, desde el poco respeto a quienes les discuten, hasta el punto de buscar a los responsables de las notas de prensa donde aparecemos”, afirma Diego. 

A pesar de todo lo malo, Diego afirma que los lazos con las comunidades se han fortalecido, esto debido a la cantidad de información que se desconocía y a las malas prácticas con el medio que sostenía la empresa. 

Desde la organización se espera que se llegue a buen puerto y que la empresa desista de la instalación que amenaza a las comunidad de Rucalhue y a toda la precordillera.

Un proceso necesario: proceso eco-constituyente

Reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos es parte de la discusión que se avecina. Dar paso a un cambio conceptual de los derechos de la naturaleza en relación con los derechos de las personas es de lo que trata un proceso eco-constituyente.

En conversación con Rossana Vidal, electa constituyente por el distrito 20, afirma que el proceso de cambio constitucional debe ser eco-constituyente: “La naturaleza en relación con las personas debe tener cierto grado de horizontalidad” dice. La actual constitución afirma que, por ejemplo, el derecho al agua es de la nación, pero es trabajo de concesionarias la de repartir dicho recurso y cobrar por sus servicios.

En este sentido, hay ciertas controversias y puntos de quiebre por lo que son los derechos del agua y las personas que sostienen dichos recursos. El lobby de los sectores mineros, empresas agrícolas y ganaderas, además de los dueños de las represas son parte de las pudientes manos que controlan el flujo de los ríos de Chile. Para Rossana esto no puede ser, ya que va en total discordancia con lo que espera que sea Chile en un futuro.

Otro constituyente que empatiza con las causas medioambientales es Bastián Labbé, electo constituyente por el distrito 20, que asegura que la única manera de detener el avance de empresas extractivistas en la región es otorgándole más poder a las comunidades y teniendo parcial decisión en lo que respecta a sus territorios. Para Labbé hablar de territorios y de extractivismo es hablar directamente de las comunidades y su labor en la toma de decisiones. 

Dimensiones estatales y un 2025 sin carbón

El plan de descarbonización que es impulsado por el gobierno de Chile sitúa al territorio chileno a una disminución del 50 % de centrales energéticas a carbón para 2025. Esto en el plan de incentivar el uso de energías limpias y renovables donde las empresas deberán adecuar sus proyectos para tener un país libre de carbón.

Si bien, es positivo el aporte de descarbonizar el país se incentiva entonces la instalación de empresas que sean consideradas las menos contaminantes y que por ende, afecten en menor medida a los territorios. Pero es sabido que con esto se incentiva también la creación de zonas de sacrificio.

A pesar de los esfuerzos políticos que pudiesen haber, que existan contradicciones golpean por un costado a las comunidades afectadas. Ya que habrá que discutir si el desarrollo energético vale más que la calidad de vida de las personas que habitan los territorios intervenidos.