Durante años el mercado inmobiliario ha utilizado a su favor diversas falencias en la regulación de la construcción de edificios de altura, para aumentar la rentabilidad de sus negocios sin considerar las consecuencias para el ecosistema urbano, lo que generalmente es tolerado por las autoridades competentes.

Uno de los fenómenos arquitectónicos más evidentes en las últimas décadas ha sido la renovación urbana en el centro de las ciudades. Un nuevo mercado inmobiliario enfocado en la verticalización de edificios en altura terminó por dejar atrás la noción de vivienda tradicional, llegando a su punto de construcción más bajo en 1983.

El proyecto moderno que plantea optimizar el uso de suelos favorables en beneficio de la mayor cantidad de habitantes posibles, tuvo su mayor auge a fines de los 90, cuando Santiago de Chile pasó a ser la comuna con más departamentos vendidos en el país, transmitiendo una imagen de crecimiento, progreso y avance económico.

La demanda por suelo urbano que permite disfrutar de una ubicación privilegiada y el acceso a servicios determinados, ha conducido a densificar las ciudades a través del desarrollo de la edificación en altura como resultado del modelo económico neoliberal, que busca maximizar sus plusvalías, siendo indiferente al contexto público del barrio o la ciudad.

Si bien, son múltiples los edificios que alrededor del mundo ostentan éxito y poder por su altura, tales como el Empire State Building en Nueva York o el Burj Khalifa en Emiratos Árabes Unidos, conviene reflexionar sobre la verdadera utilidad de este tipo de construcciones.

Para la activista por el derecho a la ciudad y al hábitat, Ana María Cavalerie “hay una ciudad diseñada para quien pueda pagarlo, una ciudad neoliberal”. De modo que, pareciera ser, la ciudad se concibe como un bien de cambio en donde la inmobiliaria invierte y genera un aumento en su valor. La tónica ha sido al alza. Según el Censo 2017, en Chile hay un total de 1 138 062 departamentos y constituyen el 17 % de los hogares en el país. El aumento responde a un nuevo tipo de familia, en donde existe un menor número de integrantes y cuyos requerimientos son la centralidad y la seguridad.

La utópica y olvidada vida de barrio

Las ilusiones de formar parte de una vida barrial en un sector céntrico que reduzca los tiempos de viaje y ofrezca una mayor cobertura de los servicios, son válidas bajo la intención de mejorar nuestra calidad de vida, pero son finalmente los grandes proyectos inmobiliarios aquellos que terminan acabando con el anhelado ideal.

Al respecto, Ana María comenta que “lo que se cuestiona es cómo la inmobiliaria proyecta sus inversiones en nuestra ciudad. Esa proyección afecta la vida de las generaciones más viejas, de nuestras generaciones futuras, de los ecosistemas y perjudica nuestra democracia. Pone en riesgo la convivencia, lo colectivo. Genera rabia y frustración en la población, desgano de habitar un lugar”.

En ese sentido, el arquitecto y Magíster en Patrimonio, Alexander Bustos, complementa que “hay que comprender que la actividad inmobiliaria, como todo negocio, tiene como primer objetivo obtener utilidades, las que muchas veces éstas son opuestas al bien común. En 1980 se partió desde el paradigma de la libertad económica y se dejó de lado el bien común. Somos herederos de esa visión”.

Asimismo, Elena Yáñez, quien ha vivido en Chillán por más de veinticinco años en el mismo lugar y que en la actualidad se ve afectada por la construcción de un edificio departamental frente a su hogar, considera que “solo ven el beneficio propio, no creo que hayan pensado en los vecinos para venir a instalar un edificio en altura. Estamos perdiendo la calidad de vida, pareciera que se está dando más importancia a la ganancia económica que al buen vivir”.

Densificar en alturas y efectos locales

La construcción masiva de edificios residenciales junto a viviendas pequeñas genera un fuerte impacto a nivel territorial y más particularmente, en las condiciones de vida de los vecinos más antiguos. La pérdida de la privacidad, el deterioro de las fachadas, las deficiencias en el traslado de personas, las falencias en el abastecimiento de agua, electricidad y gas, son solo algunos de los efectos colaterales.

Según la arquitecta Meliza Nickel “el impacto en la calidad de vida de los vecinos es que los espacios públicos alrededor de estos edificios no están pensados para albergar la cantidad de personas que los habitan. Las infraestructuras públicas no están preparadas para recibir a la cantidad de gente que vive en los departamentos. Las plazas, los juegos infantiles, los basureros, los espacios de esparcimiento, todo eso se va acotando según la cantidad de personas, lo que complejiza la calidad de vida de quienes habitan estos espacios”, declara.

Elena como vecina es consciente que “todo el mundo necesita un lugar para vivir, pero esta ciudad no era para tanto edificio en altura. Es un poco preocupante porque una estaba acostumbrada a que fuera un barrio de adultos mayores, por lo que era una zona tranquila y con los vecinos estamos seguros de que ya no vamos a tener esa tranquilidad. Es cosa de pensar en la cantidad de gente y el flujo de personas que va a haber”, manifiesta.

Por su parte, Alonso González también se ha visto afectado por las construcciones ya que “el edificio que está en construcción detrás de mi casa consume la luz del patio y esto lo hemos podido observar de forma progresiva ya que cada vez llega menos luz solar o se acaba más temprano. Esto repercute directamente en las tareas domésticas como secar la ropa, pero además está lo vital que es el sol para la vida humana o de cualquier especie, desde animales hasta las plantas o árboles que uno tiene en su patio”, lamenta.

Como respuesta a la problemática que puede generar para los vecinos la instalación de una torre de altura “se puede recurrir a un recurso de protección para que la Corte de Apelaciones respectiva tome la medida para poder restablecer el imperio del derecho a través de la suspensión del proyecto o incluso podría ordenar la demolición. En la práctica, es raro que se ordenen estas medidas pero es una forma rápida que tiene el ciudadano para intentar resguardarse ante estas situaciones”, indica el abogado Jeann López.

Para la periodista y activista Ana María “cuando una inmobiliaria instala un edificio, primero genera un impacto en la privacidad de las personas. Segundo, empieza a haber un estrés en el suelo. Los efectos colaterales de la construcción en altura estresan toda la infraestructura social, política, cultural y económica de un barrio”, explica. De modo que, no hay ninguna mejora en el espacio público. Donde antes habitaban cinco familias, hoy viven ochenta, provocando una fuerte alteración del paisaje, nocivos efectos ambientales, poca integración entre el espacio público y privado, ausencia de un tejido social relevante, y un nulo sentimiento de pertenencia.

¿Así quiero vivir?

La escasa regulación y la flexibilidad en las políticas territoriales ha conducido a un deterioro en la calidad de las viviendas. En ese sentido, el sociólogo y académico de la Universidad de Chile, Jorge Vergara Vidal comenta que “en los últimos diez años el tamaño promedio de los departamentos en Chile se ha reducido en 30 %”.

Al respecto, Meliza Nickel menciona que “uno de los impactos es la calidad del espacio interior de las edificaciones. Las proporciones de espacio interior en estas construcciones son reducidas para el desarrollo de la vida: balcones pequeños, poca privacidad entre los departamentos, etc. Es insostenible vivir en una caja de metros cuadrados”.

A su vez, Ana María agrega que “los departamentos que ofrecen estas inmobiliarias son pequeños, inducen a una vida sedentaria y otras enfermedades. No ofrecen la posibilidad de una vida sana física, mental, social, económica y culturalmente. Es incomprensible que ofrezcan viviendas sin esas posibilidades”.

Lo anterior no es ético, ya que “para que una sola persona se vea beneficiada monetariamente a cambio de la calidad de vida de un barrio es un costo muy alto”, lamenta la activista. Pero para Meliza “probablemente todos las y los arquitectos sepan que estas construcciones no son éticas ya que existe carencia en la infraestructura urbana y desigualdad en la valoración de la vivienda, pero no es algo regulado. Finalmente, la capacidad de habitantes que tendrá cada torre responde a los intereses de los inversionistas inmobiliarios. A uno puede parecerle poco ético, pero al final está fuera del alcance de una persona o un trabajador definir estas cosas”, concluye.        

Concebir la ciudad como un espacio público donde todos sus habitantes conviven y se vinculan unos con otros, requiere construir ciudades con un enfoque más humano, que potencie el desarrollo de vida de las y los vecinos, que frene la segregación y que opte por una apertura que fortalezca las interacciones entre lo público y lo privado para así fortalecer las redes de apoyo entre ciudadanos.