“La Convención Constitucional estuvo, está y estará continuamente sometida a ataques que buscan destruir la base de su credibilidad”. Así inicia su columna el periodista Patricio López para Radio Universidad de Chile y es que, lo que auguraba el reportero a principios del mes de septiembre de este año, terminó convirtiéndose más en un hecho que en una opinión.
Desde la campaña del rechazo a la de la desinformación, el recurrente en que se han movido diversos grupos de derecha se enfoca en la continua propagación de noticias falsas. Sin respeto a la veracidad de los hechos, la información entregada le brinda a la audiencia un momento de separación: o se parte de risa por lo que está leyendo, o comparte lo que lee a modo de cadena de WhatsApp y preocupa a todos sus vecinos a través de un mensaje de difusión.
Sin embargo, el fenómeno no es algo nuevo cuando hablamos de nuestra política nacional. El profesor de historia, Cristóbal Núñez, explica que en nuestro país este sistema siempre se ha usado para entorpecer los procesos políticos del último tiempo. “No olvidemos las últimas elecciones donde se escuchó mucho el término ‘Chilezuela’, lo cual claramente era una fake news. También los rumores de que ASFAR fue la causante de los incendios forestales del 2018, y así podría seguir hacia atrás revisando noticias falsas que la gente se ‘traga’ y que seguirá haciéndolo”, sostuvo.
Al respecto, Alejandro Baeza, sociólogo y editor de Periódico Resumen, también se suma a pensar en la utilización de una lógica de desprestigio, tal y como arguyó el periodista Patricio López en Radio Universidad de Chile. De hecho, CIPER reveló en un reciente artículo que se detectaron por lo menos ocho mil cuentas bots en Twitter dedicadas a “atacar coordinadamente a la Convención y a su presidenta”.
Aún más sorprendente resulta el análisis realizado en el medio de investigación, donde dan cuenta de que el duopolio periodístico chileno conformado por La Tercera y EMOL, encabezan esta línea de debilitamiento hacia el proceso a través de sus “titulares de portada, entrevistados/as, columnas de opinión, editoriales, cartas al director, etc”, manifiesta CIPER.
Por ello, Baeza señala que desde Resumen tratan de “cubrir lo que se acordó o votó en tal sesión, pero eso es muy poco atractivo versus lo que puede publicar La Tercera o Radio Bío-Bío respecto a que tal convencional dijo ‘x’ cosa respecto a otra convencional. Y ese es uno de los principales problemas porque se trata de farandulizar el debate político, banalizando la discusión”.
Pero para poder hablar de las fake news, es importante conocer algunas de las más famosas difundidas a través de Internet tanto por grupos políticos como cibernautas comunes y corrientes.
Elisa Loncón de la mano de Pinochet
La primera gran noticia falsa que surgió en torno a la Convención Constitucional ocurrió el primer día de su instalación: la presidenta electa del órgano, doctora Elisa Loncón, era parte de una fotografía en su etapa adolescente junto a Augusto Pinochet. La imagen fue replicada masivamente en diversas redes sociales, en base a un descrédito hacia su persona producto de un supuesto saludo al dictador durante su juventud. Por si fuera poco, ésta fue masificada junto a un mensaje señalando que, en aquel momento, Loncón se encontraba recibiendo una beca de estudios que le permitió estudiar en Europa.
Dicha publicación resultó ser falsa. La instantánea corresponde a 1989, cuando la actual mandamás de la Convención tenía 26 años y ya cursaba estudios fuera del país. Por lo demás, ella misma se encargó de aclarar la situación.
El aumento de sueldo
Una de las materias que más ha preocupado a la ciudadanía respecto de la elaboración de la nueva carta magna es el presupuesto. Si bien cierto sector lo ve como una inversión a largo plazo para la institucionalidad nacional, existe otro que preferiría gastar el dinero en otras tareas de menor plazo. Lo claro es que la población permanece alerta en torno al gasto que realice el Estado para con los 155 convencionales.
En ese contexto es que apareció la que tal vez es la más importante de las frases erróneas que se han difundido en torno al proceso constituyente: “Los convencionales se subieron el sueldo” mientras discutían el reglamento de funcionamiento. Lo cierto es que el organismo, según informa T13, aumentó su presupuesto pero no para recibir más remuneraciones personales, sino que se elevó de $ 6700 millones a $ 8370 millones para los gastos operacionales del mismo, es decir, elementos como Internet o computadores, por nombrar algunos. Es más, al mismo tiempo, la mesa pidió realizar una revisión de los pagos que están a cargo del Gobierno para el proyecto que tiene como fin escribir una nueva Constitución.
Con esto, el salario de cada uno de los integrantes de la asamblea se mantuvo en alrededor de dos millones y medio de pesos, tal como se pactó originalmente, sueldo no ajustable según lo establecido en la ley de presupuestos.
Los padres no tendrán derecho
La última gran desinformación que hemos visto, se trata de un supuesto rechazo de la Convención al derecho preferente de los padres a educar a los hijos, lo que iría en contra de la autodeterminación para la elección de recintos educativos, por ejemplo. La situación, en comparación con las anteriormente descritas, se torna aún más grave ya que las fuentes de este dicho son medios de comunicación e, incluso, convencionales de Vamos por Chile.
“Colegios particulares alertan por rechazo en la Convención del derecho preferente de padres a educar a hijos”, tituló El Mercurio el 29 de agosto. Sumado a esto, una de las representantes del distrito 22 en el hemiciclo, Ruth Hurtado, apuntó en su perfil personal de Twitter que “lamentablemente se rechaza la libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. La izquierda radical niega este derecho a los padres”.
Sin embargo, ninguna de estas aseveraciones o, tal vez, interpretaciones, es real. DecodificadorCl, medio de verificación de noticias, aclaró que “en el texto (de El Mercurio) se especificaba que fue la Comisión de Reglamento la que rechazó la ‘indicación que pretendía incluir esta materia como tema a tratar en la futura comisión -permanente- de Derechos Fundamentales’. No obstante, lo que se rechazó en realidad fue el entrar en particularidades de ley, puesto que la Comisión de Reglamento estaba estableciendo solo los temas generales que deben ser discutidos”.
Es necesario considerar, además, que la libertad de enseñanza es un principio inscrito en tratados internacionales, los cuales el organismo está obligado a respetar. Lo mismo sucede con temas como los derechos humanos o el de propiedad privada.
El aguinaldo dieciochero
Durante los días que rodearon las fiestas patrias, otra falsedad viajó a través de redes sociales para poner en tela de juicio los gastos del proceso. “Los constituyentes recibieron dos millones de pesos como aguinaldo”, decían diversos usuarios e imágenes difundidas. Tal fue la confusión, que se habló de variados montos: dos millones, dos millones y medio y cuatro millones.
Ningún valor fue real. La cuenta oficial del hemiciclo en Twitter señaló que “debemos informar que son totalmente falsos los comentarios que circulan en redes sociales sobre la entrega de aguinaldos a los convencionales”, agregando que “no existe ningún beneficio de esa naturaleza”.
En paralelo, según reportó el medio Lupa Constitucional, en ninguna votación se hizo mención a un beneficio por el 18 de septiembre y, en contacto con el Ministerio Secretaría General de Gobierno, lograron corroborar la falsedad de la acusación.
Otras frases popularizadas
Para finalizar la ejemplificación, podemos exponer varios supuestos dichos de ciudadanos participantes de la Convención, los que han sido desmentidos por los propios protagonistas o medios de comunicación:
Elisa Loncón: “Las fiestas patrias son un invento neoliberal”.
Rodrigo Rojas Vade: “Mi renuncia es simbólica, ya que mi sueldo y mis asignaciones no se tocan”.
Fernando Atria: “No importa cuántas campañas hagan en las redes. El cambio de himno, bandera y escudo lo haremos sí o sí”.
Fernando Salinas: “Hay que acabar con la propiedad privada, no pueden existir familias con casa propia y piezas de sobra”.
José Antonio Kast: “La Convención Constitucional acaba de excluir a la República de Chile de la nueva Constitución”.
Pero, ¿qué dicen los expertos y los involucrados?
Una mirada desde el interior
Desde la propia asamblea, Constanza San Juan, representante del distrito cuatro, comenta no tener certeza de una campaña organizada y financiada por cierto sector político, “pero sí podemos ver que es algo ante lo que debemos permanecer en alerta, debido a que seguramente será una tónica hasta que se termine el plazo de trabajo”, apunta.
Valentina Matus Barahona trabaja en Contexto Factual, un medio deverificación de datos que sigue de cerca los pasos de la Convención y dilucida lo que es cierto de lo que no. Aunque la misma Matus asegura que el proceso de revisión de una noticia o información no es blanco o negro, sino que se mueve en escala de grises.
“Es importante dejar en claro que no todo lo que las personas dicen que no es correcto se puede calificar como ‘mentira’. Nosotros y otros medios que trabajan con fact-checking tenemos una escala de veracidad, en la que solo una categoría es 100 % falsa, pero hay otras como ‘exagerado’, ‘discutible’, ‘verdadero, pero…’, entre otras. Para nosotros es importante hacer esta distinción, porque debemos ser capaces de reconocer los elementos que sí son correctos en los discursos de nuestras autoridades”, sostiene la periodista.
Es en ese sentido que expresa que el desprestigio hacia los procesos políticos no es reciente, compartiendo un punto con el profesor de historia, Cristóbal Núñez. Además, la corresponsal indica que tal situación se ha exacerbado por la masificación de las redes sociales y la consolidación del Internet como la nueva forma de comunicación.
Y es esa delgada línea entre lo que Matus define como desinformación y noticias falsas donde se debe colocar especial énfasis. “Las primeras las puede hacer cualquier persona, mientras que las segundas solo corresponden a informaciones de medios de comunicación”, manifiesta.
Pero la mirada jurídica nos dice otra cosa: “Se tiene que aplicar el control social, es decir, lo que la propia gente quiere escuchar de la Convención y el cómo las personas ejercen un filtro a las noticias”. Así lo explica la abogada de la Universidad de Chile, Ignacia Gutiérrez, agregando que “si bien la actual Constitución establece recursos de protección cuando se ven afectados ciertos derechos como, por ejemplo, cuando alguien evidentemente miente respecto de una persona, él o la afectada pueden ejercer un recurso de protección”, aunque por el momento, los casos señalados que envuelven el proceso constituyente aún no poseen repercusiones legales.
Responsabilidad compartida
Pese a los datos publicados por CIPER, la situación no es únicamente preocupante por la posibilidad de una campaña orquestada por cierto sector ideológico que buscaría el desprestigio del trabajo constitucional. Lo que ha quedado claro desde el domingo 4 de julio de 2021, día que marcó la jornada histórica de la instalación, es que no solo las autoridades políticas o miembros del cuerpo redactor de la nueva carta magna pueden caer en expresiones poco rigurosas o directamente mal intencionadas. También es imperativo comprender que la mayoría de los entredichos se generan desde los ciudadanos y por diversas motivaciones.
“La verdadera causante de que exista la desinformación en torno a la Convención Constitucional, es lo poco preparado que está el pueblo chileno en torno a procesos sociopolíticos”, puntualiza el profesor consultado para este reportaje. Esto, en referencia a que las generaciones pasadas tienen menor formación ciudadana y son el público al que apuntan las noticias falsas, debido a que no cuentan con tanta alfabetización digital para contrastar datos.
Asimismo, por el contrario de lo que se busca poner sobre la mesa, Alejandro Baeza afirma que “la etapa de construcción del reglamento duró mucho menos de lo esperado”, situación corroborada por Ignacia Gutiérrez, quien de hecho asevera que, si bien todos los procesos constituyentes son inciertos, “esta es una de las ocasiones más rápidas en que se ha redactado un reglamento en comparación a otros países”.
Por ello es sumamente importante que como sociedad seamos capaces de distinguir lo que es información verídica y lo que no lo es, a través de la observación de quién lo publica, de cómo lo hacen y de qué antecedentes se entregan, para no quedarse con imágenes o frases posteadas prácticamente como un “meme” por usuarios que no parecen ser fuentes fidedignas. Y por si lo olvida, ¡leer el titular no es leer la noticia!