Tras el anuncio del envío de la segunda acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, en el Palacio de la Moneda comenzaron -con perplejidad en primera instancia- a funcionar a toda máquina y sondear el complejo ambiente político actual.

Las bancadas de oposición, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, han anunciado el envío en conjunto de una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera Echenique. De esta forma, el jefe de Estado afrontará su segundo libelo acusatorio en lo que va de su mandato.

Ésta ha nacido debido a los antecedentes dados a conocer en los denominados Pandora Papers que han revelado -que posiblemente- el Ejecutivo mantiene un cierto conflicto de interés. Una cláusula del contrato de la operación de venta de la Minera Dominga es la piedra angular que ha motivado a las y los parlamentarios a unirse, bajo la falta al artículo 8 de la Carta Magna del país que hace referencia a la probidad del cargo, sumado a la deshonra que ha significado para la Patria.

Pero más allá de los antecedentes que gatillan esta acusación constitucional, es necesario evaluar el contexto actual del país. Se está ad portas de la elección de diputadas y diputados, senadoras y senadores, además del mayor cargo de la nación. Por otro lado, Chile vive un momento crítico en lo social que ha revivido las diferencias entre pares, sobre todo en medio de la crisis sanitaria por la covid-19.

Debido a puntos como los anteriores vale preguntarse: ¿están las condiciones para realizar una acusación constitucional imparcial, objetiva y justa? Pareciera que ésta busca ser más bien un mecanismo para reavivar las constantes y fuertes diferencias entre parlamentarios y el Ejecutivo. Y al estar en un periodo de elección, quizás uno de los más importantes del último tiempo, muchos basarán su juicio en respuestas a las aspiraciones personales y a los deseos de sus electores, evitando así -como se dice coloquialmente- la pasada de factura.

La institucionalidad de Chile se encuentra viviendo uno de sus momentos más tensos, en donde pareciera que la soledad en el Palacio cada día gana más terreno, sobre todo tras el aparente abandono de aquellos que antes se cuadraban de manera irrestricta pero que ahora se hacen los desentendidos o simplemente se encuentran en un periodo de reflexión.

Por el momento solo queda esperar lo que sucederá en el Congreso Nacional, donde 155 diputadas y diputados decidirán -en primera instancia- el futuro de la máxima autoridad del país, el que puede transformarse en el primero -en toda la historia republicana de Chile- en ser destituido de su cargo.