Más de un millón de chilenos en cerca de cien comunas no tienen acceso al agua potable o alcantarillado y están en condición de escasez hídrica, además de la estrecha relación que existe entre pobreza y acceso a agua, nos demanda con urgencia la implementación de soluciones que no pueden seguir tardando en llegar.

En 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.” Por derecho humano al agua se entiende el derecho de toda persona, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, y comprende el agua para el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica.

Actualmente, cerca del 30% del país está en emergencia por la falta del recurso y, tras 12 años de sequía, hoy tenemos tres provincias completas decretadas bajo escasez hídrica: Osorno, Llanquihue y Chiloé. Si nos detenemos en el mundo rural, la situación se complejiza aún más, considerando que el 47,2% de la población no urbana no tiene abastecimiento formal de agua potable y que un 84% de esta población consume aguas superficiales o subterráneas afectadas por la estrechez hídrica que estamos viviendo. Las personas que cuentan con sistemas de Agua Potable Rural (APR), tienen un modelo de gestión público-comunitario, constituido principalmente por comités y cooperativas, cuyo funcionamiento depende de la organización social de las personas beneficiarias que eligen dirigentes sociales para liderar la gestión completa.

Los sistemas de APR son una iniciativa gubernamental creada en 1964 para dar cobertura de agua potable a gran cantidad de zonas rurales que no poseían este servicio. Este sistema ha permitido aumentar la cobertura de la población rural desde un 6% en 1960 a un 53% en 2019. En 2017 se le asignó un nuevo nombre al sistema – Servicio de Saneamiento Rural (SSR) – y se definió que se encarga de la provisión de agua potable y/o saneamiento sin fines de lucro con el debido aporte de inversión y capacitación del Estado.

Más allá de esta infraestructura de abastecimiento, la verdad es que hoy hay zonas que no sólo enfrentan la falta de agua provocada por la baja en precipitaciones, sino que también por una mala cobertura, construcción y administración de estos sistemas de APR.

Luego de un informe realizado por Fundación Amulén a más del 50% de los SSR de la Región del Maule, la región de Chile con más servicios de saneamiento rural, se identificaron los principales problemas que enfrentan y que pueden ser extrapolables a nivel nacional: administración y gobernanza, falta de una política de inversión y mantenimiento, derechos de aprovechamiento del agua, tarifas y contabilidad, además de falencias en el estado y funcionamiento del sistema, falta de tecnologías que mejoren y faciliten la gestión, entre otros puntos críticos. Estos hallazgos dan cuenta de la difícil realidad que viven muchas comunidades rurales a lo largo de nuestro país.

En este contexto, resulta de vital importancia el accionar de las comunidades chilenas las que a través de algunas organizaciones sociales se han hecho cargo de lo declarado por la investigación desarrollada por el Instituto de Recursos Mundiales, la cual indica que Chile será uno de los países más afectados por la falta de agua para el 2040, siendo el país latinoamericano más afectado por la escasez hídrica. Existiendo ya en la actualidad, según la Dirección General de Aguas (DGA), 61 comunas afectadas por el fenómeno, siendo los casos más conocidos el de Paine y Petorca.

¿Por qué ha ocurrido esto?

El Código de Aguas de 1981 crea el mercado de las aguas, donde este recurso se convierte en un bien transable. Se puede comprar, vender e hipotecar, entonces, la escasez hídrica está en directa relación con eso.  Por ejemplo, en relación a los flujos y caudales de agua, Chile tiene alrededor de 8 veces más que otros países de latinoamérica entonces está crisis tiene que ver más con la gestión del agua.

Es así como organizaciones sociales y medioambientales de nuestro país exigen el reconocimiento del agua como un Derecho Humano y su protección por el resguardo de los ecosistemas. El abogado ambientalista, Ricardo Oviedo, explica este hecho: “La falta de agua ha llevado a firmar el decreto de escasez en 76 comunas del país, lo que significa que los habitantes de la zona pueden acceder al agua sin tener los derechos. La medida apunta a ayudar principalmente a los agricultores de las zonas más afectadas.”

¿Qué ocurre con las comunidades en esta situación?

Un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos señala que sus recomendaciones no fueron abordadas correctamente durante los últimos cuatro años. Desde el Movimiento Modatima, aseguran que “la respuesta de la autoridad ha sido completamente nula”.

En el mismo documento queda de manifiesto que “existían dudas acerca de la calidad del agua para consumo humano”, para lo cual el estudio acompañó ‘reportes técnicos’ en los que se había constatado la presencia de elementos nocivos en concentraciones que superan las normas de calidad”.

Sin duda, esta situación chilena se abriga en las “sombras del modelo agroexportador”, como lo demuestra el estudio desarrollado por Fernanda Miranda titulado “Erosión de Suelos y Crisis Hídrica” publicado por Fundación Terram en septiembre 2018, el que en sus conclusiones asevera que: “Considerando los resultados de su investigación y los crecientes conflictos socioambientales asociados a los recursos hídricos, es imperante que el estado chileno garantice garantice el Derecho Humano al agua. Los factores institucionales y regulatorios en relación a este bien común contribuyen a su uso indiscriminado por parte de empresarios que sólo buscan beneficios para su sector.”

​​La sequía en nuestro país es una realidad. Es en este contexto que, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección General de Agua, decretó emergencia hídrica para 23 comunas de la región Metropolitana. Lampa, Puente Alto, Isla de Maipo, Pudahuel, Las Condes, Vitacura y Melipilla, entre otras, son algunas de las zonas con escasez de agua. 

¿Cómo viven las personas sin acceso a agua en zonas rurales?

Gustavo Farías es presidente de la APR en la zona de San Pedro de Melipilla desde hace ocho años y comenta algunas dificultades que tienen las personas que no tienen acceso a agua en este sector: “La municipalidad no nos proporciona ayuda. Todo lo hacemos a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. Tenemos que estar constantemente postulando a proyectos y a bonos para optar a construcción de pozos y son cerca de 250 familias en el sector que no tienen agua. A la carencia de instrumentos que regulen el uso del territorio en áreas rurales, se suma el hecho de que los proyectos agrícolas no son sujetos a Estudios de Impacto Ambiental”

Una de estas familias es la de Gregorio Zúñiga, quien se ve afectado por la falta de agua potable en casa: “La APR nos proporciona 500 litros de agua a la semana y es solamente para consumo humano. Para regar las plantaciones usamos la bomba del pozo profundo que se hizo cuando llegamos a vivir aquí. De esa forma podemos acceder al agua y si no llega a faltar, sacamos de ahí”.

Leonora Álvarez es otra persona afectada por la falta de agua potable en las zonas rurales de la Provincia de Melipilla, ella relata que si bien, recibe agua a través del camión aljibe una vez por semana, esto no es suficiente para su día a día: “El camión de agua viene todos los lunes y deja lleno el estanque de mil litros. Con esa cantidad tengo que lavar, cocinar y regar el jardín. Es difícil tener que sacar la cuenta para que el agua me alcance para hacer todo en la casa”.

¿Qué estrategias se están impulsando a nivel de Estado?

Existen diversas iniciativas a nivel de Estado, pero la profundidad de la crisis hídrica que se vive en el país pone de manifiesto su falta de eficacia. Hasta ahora se cuenta con varios diagnósticos, políticas y planes que no han logrado trascender de una administración a otra para su debida implementación y seguimiento. 

La importante fragmentación de la institucionalidad para incidir sobre la gestión del recurso hídrico produce una falta de mirada y comprensión del problema. Esta falta de coordinación y liderazgo impide avanzar hacia el escenario sustentable planteado. Por ello se requiere avanzar decididamente y con sentido de urgencia en un plan profundo y muy serio buscando una transición hídrica y punto de inflexión que derive en miradas nuevas e innovadoras, en un trabajo colectivo multisectorial donde cada territorio y cuenca sea protagonista de dicha transformación.

El ingeniero agrónomo de la Universidad Andrés Bello, Álvaro Cifuentes, menciona algunos antecedentes de la sequía en Chile y su enfrentamiento: “Han habido mejoramientos en el uso y eficiencia del agua, a través de la ley de fomento del riego, que eso vale algo, pero no soluciona el problema total. El déficit no sólo deriva de la sequía, porque los agricultores están con una baja seguridad de riego. Para solucionar esto se deben conseguir nuevos recursos hídricos, hecho que es muy difícil en esta zona, o bien, ajustar las superficie de riego a los recursos que realmente se disponen”.

¿Y entonces qué hacemos? 

Es urgente la implementación de mejoramientos al sistema de APR y, al mismo tiempo, incorporar innovación en las políticas públicas relacionadas con la gestión del agua. La disponibilidad del recurso debe ser parte central de la agenda social de nuestro país. Mejorar las condiciones de las personas que viven en la ruralidad y que carecen de agua es urgente. Ellos no pueden seguir esperando.