El alto valor del gas licuado ha sido uno de los temas más mencionado durante estos últimos meses, puesto que se han registrado montos históricos. Tras el informe emitido por la Fiscalía Nacional Económica, la atención fue puesta sobre las tres empresas distribuidoras en el país, dado que se investigó presuntas irregularidades en la competencia comercial. A modo de respuesta, los municipios plantean la posibilidad de su venta independiente, idea se instauro en el qué hablar del mundo de la política.  

Alguna vez, uno de los padres del liberalismo económico, Adam Smith, afirmó que “el mercado se regula a sí mismo” y que el Estado solo debería actuar como garante de tal libertad. No obstante, es imposible saber si por allá en el siglo XVIII Smith pudo haber previsto que su filosofía en materias de renta y riqueza dejaría espacio para casos de colusión, desigualdad y empobrecimiento. 

En octubre de 2021, la Fiscalía Nacional Económica de Chile reveló los resultados de un estudio que investigó a las grandes distribuidoras de gas por cerca de un año luego de indicios de falta de competencia. Ahora, si bien la pesquisa no arrojó respuestas concluyentes, sí presentó una serie de pruebas que demostrarían un trato ilegal para fijar precios entre Abastible, Gasco y Lipigas. 

La población, en tanto, no podría fingir sorpresa aún si se confirmase un caso de colusión entre las principales distribuidoras de gas en el país; esto, dado al continuo y acelerado alza en el valor del producto de manera transversal. Así, en la línea de este cada vez más evidente problema para la ciudadanía, la Municipalidad de Chiguayante dio el primer paso en proponer una solución económica y justa: “gas popular”; proyecto que busca descentralizar la comercialización y permitir a vecinos un acceso al producto dentro de un rango de precios amigable con sus bolsillos. 

Apelando a un viejo refrán, no se está lejos de pensar que Adam Smith ha de estar revolcándose en su tumba ante la posibilidad de que una institución estatal irrumpa en el mercado. Sin embargo, cuando este parece no regularse a sí mismo, es la ciudadanía la que más valora y pide este tipo de iniciativas. 

En Chile la experiencia con farmacias populares, por ejemplo, ha sido exitosa en cuanto a la respuesta de la población. Luego de una primera apertura en Recoleta -célebremente impulsada por su reelecto alcalde, Daniel Jadue- el proyecto ha sido replicado en otras 153 oportunidades a lo largo del país comercializando más de 9.000 millones de medicamentos a un costo nueve veces menor en comparación a las grandes cadenas de farmacias privadas. No obstante, y pese a un positivo recibimiento por parte de vecinos, diversos empresarios han criticado duramente la iniciativa, a la vez que esta misma se ha visto envuelta en controversias con la propia Fiscalía. 

¿Resultan del todo viables los proyectos de índole popular en Chile?, ¿Se puede esperar que llegue a buen puerto la propuesta de la Municipalidad de Chiguayante en torno al gas? Desde ya, en este caso en particular, la reacción ha sido tan mediática como dispar. 

Gas popular y el revés de Contraloría

A un par de semanas del primer anuncio, ya son 230 las municipalidades que impulsaron el establecimiento de la Asociación Nacional de Municipalidades por el gas a precio justo. Al respecto, el  edil de Chiguayante, José Antonio Rivas, se manifiesta: “Era de todo lógica la gran convocatoria de alcaldes de diferentes sectores políticos y el interés nacional que ha causado esta materia, porque somos nosotros, los alcaldes del país, los que estamos en sintonía con las reales necesidades de los vecinos y vecinas”. Sin embargo, y aun frente al masivo apoyo de diferentes autoridades y ciudadanos, un reciente informe de Contraloría ha dado luz roja a la iniciativa. 

“Las municipalidades podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado las autoriza, lo que no ha tenido lugar en la especie”, sentenció el organismo. Esta advertencia, que pone en jaque el futuro del proyecto de gas popular, llega en medio de la creciente atención mediática en torno a la idea. 

“Los parlamentarios tienen que presentar un proyecto para cambiar la normativa. Sólo así las municipalidades pueden vender gas licuado de una forma regulada y legalmente correcta”, explica el abogado Gabriel Rubilar. En esta misma línea, y ante los nuevos antecedentes, es que de parte de diversas voces se ha llamado a presentar un proyecto de ley que permita la ejecución de la iniciativa. 

Por otro lado, el edil de Chiguayante se muestra optimista respecto a una reciente reunión que mantuvo con el Contralor General, Jorge Bermúdez, instancia donde pudieron conversar sobre el futuro del gas popular. “Esperamos escuchar otro dictamen que nos indique que los municipios podemos tener una actividad de distribución y sesión de aquellos bienes que tienen que ver con el gas. Nosotros quedamos muy contentos con esta reunión y esperamos con prontitud nuevos instrumentos y facultades”, añade. 

Ahora, aún en consideración con los nuevos obstáculos presentes en el camino de la realización del proyecto, la Asociación Nacional de Municipalidades por el gas a precio justo mantiene sus fichas puestas en que de, ya sea a través del congreso o un nuevo dictamen de Contraloría, la iniciativa se concrete. 

Economía en debacle

La propagación de la COVID-19 a nivel mundial supuso una serie de modificaciones a la cotidianidad impuesta en la sociedad, esto producto a las drásticas medidas a modo de respuestas que fueron adoptadas por los Gobiernos como forma de prevención ante posibles brotes de contagios que podrían existir dentro de la comunidad. Estos protocolos produjeron un fuerte impacto económico global, situación no vista desde la Gran Depresión.

La pandemia afectó las cadenas de producción, inversión y consumo en gran parte de los países, afectando la demanda global y experimentando un cambio drástico en los valores de los bienes y servicios. Un impacto sin precedentes, del cual la sociedad económica no estaba preparada.

En Chile durante los dos últimos años se han visto una serie de medidas para afrontar el difícil momento económico del país. Proyectos aprobados de retiros de los fondos de pensiones y la creación del Ingreso Familiar de Emergencia buscaron disminuir el fuerte impacto en los bolsillos de los chilenos. Sin embargo, hasta el día de hoy se puede evidenciar que la problemática persiste, donde la inflación y el aumento de precios de algunos servicios han hecho que esta situación delicada no pueda encontrar puerta de salida.

A finales de noviembre Chile registró un incremento en la inflación de un 5,6 %, dentro de los aumentos de los valores se encuentra el del gas licuado. Este ha sido muy mencionado en los últimos meses, ya que ha elevado su costo en un 32 % en el reciente año y registra un alza exponencial a nivel mundial.

¿Por qué subió tanto? Expertos en materia económica señalan que este registro se debe a el aumento del valor del petróleo y la llegada del invierno en el hemisferio norte, lo cual supone una escasez de dicho producto. Sin embargo, Chile registra otra problemática aparte de las ya mencionadas, esta es la falta de competencia en el mercado.

En octubre del presente año, la Fiscalía Nacional Económica presentó un informe de análisis económico, del cual arrojó que en el país no hay un funcionamiento adecuado respecto a la competencia de la comercialización del gas licuado e incluso recomendó prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de dicho producto. Sin embargo, aquello quedó en manos del ejecutivo, quien es el encargado de tomar acciones.

Respecto a lo anterior, Carol Luengo, economista, menciona que la falta de una competencia “sana” afecta en la valorización, lo que perjudica a las personas. “Si uno se pone a pensar, el mercado del gas licuado está controlado por tres grandes empresas, quienes ofertan los mismos productos a precios muy similares. Prácticamente controlan la cadena de distribución en el país, lo cual no es beneficioso, ya que las alternativas de compra no han variado a lo largo del tiempo”, afirmó la experta.

Como se mencionó con anterioridad, distintos municipios tomaron la iniciativa de crear una especie de consenso e impulsar la venta independiente del gas licuado. Bajo esta línea, Luengo menciona que sería una alternativa favorable, ya que se expandirá el mercado. “La comercialización de este producto por parte de las municipalidades ayudaría en el aumento de alternativas para los compradores. Esto se podría traducir en una “lucha” en la que los distribuidores “pelearán” por quienes ofrecen los mejores precios y servicios, lo que sería ventajoso para las personas”, finalizó la economista.

La comunidad es la que se ha visto más afectada en este escenario. Sin embargo, se registran opiniones dispares con respecto al plan. Algunos están seguros de que aportará en la mejoría económica de las familias y a otros les surge la incertidumbre de qué tan bien se puede llevar a cabo la propuesta por parte de estos establecimientos.

“La vida está cara”, así lo plantea Alejandra Benavente, residente de la comuna de Chiguayante. Ella postula que la iniciativa por parte de los municipios beneficiará a los vecinos en este complejo momento financiero. “Siempre es bueno que las municipalidades ayuden a su gente; las farmacias populares son un gran ejemplo de aquello. Esto nos ayudaría a acceder a un precio más económico. Nosotros no estamos pidiendo nada gratis, sino que se venda a un valor justo”, finalizó Benavente.

A pesar de las proyecciones positivas por parte de la comunidad, hay quienes tienen dudas de cuán viable sea este proyecto. Así lo menciona Mónica Torres, habitante de la comuna de San Pedro de la Paz. “La idea es buena, pero no sé si llegue a buen puerto, porque al ser una alternativa más económica, hay intereses creados entre las grandes empresas y sectores políticos. Solo queda esperar que se concrete, ya que soy favorable a las iniciativas populares”, señaló Torres.

¿Podría cambiar el escenario?

La iniciativa está estancada ante la advertencia por parte de la Contraloría General. De no haber un proyecto presentado por los parlamentarios, la idea de que los municipios distribuyan y suministren gas licuado en sus comunas no será más que un propósito sin llevar a cabo.

La coyuntura económica actual no prevé mejoras en el mediano y corto plazo. Hay situaciones de las cuales las instituciones no pueden hacer mucho al respecto. Sin embargo, la creación y aprobación de un hipotético proyecto que permita llevar a cabo esta idea ayudará en la expansión de alternativas para los consumidores, lo que permitirá un escenario de competencia comercial, aumentando las opciones para la adquisición del gas licuado.