Entre los avances que se alcanzaron se encuentran la promulgación de la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, la anhelada aprobación del matrimonio igualitario que se tramitó por largo tiempo y el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Todas estas normativas entregarán garantías en el ámbito familiar y social a personas que han sido catalogadas como minoritarias en nuestro país.

Por Deniss Monsalve y Sofía Sepúlveda

El 2021 estuvo marcado por significativos avances conseguidos en materia legislativa, tanto para las mujeres como para las disidencias sexuales, grupos que por años han estado relegados a un segundo plano de la sociedad.

El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, la promulgación de la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior y, cómo no, la publicada legislación que modifica diversos cuerpos legales en pos del matrimonio igualitario, demostraron grandes mejoras que irán en beneficio de personas que han sido afectadas, violentadas y discriminadas por largo tiempo.

Tal como señaló Aldo Sepúlveda, miembro de la comunidad LGBTIQ+, “esto es un paso y una señal importante en el sentido de ir conquistando nuevos derechos civiles y políticos”. Estas nuevas normativas promulgadas, según él, deben ser solo la base para nuevos progresos.

Pensión de alimentos

            Los cobros impagos por pensión alimenticia no son una problemática emergente en nuestro país, hasta octubre del 2021 y, respecto a datos del Senado, existía un 84 % de deudas impagas por esta causa. Otro dato no menor es el que entregó a La Tercera el abogado de Litigación Familiar de la Corporación de Asistencia Judicial, Gabriel Muñoz, quien reveló que “en nueve de cada diez causas son demandantes de alimentos las mujeres, son muy pocas las veces en las que el hombre la solicita”.

La poca efectividad legal, los trámites burocráticos en el Tribunal de Familia y un endeudamiento que crecía cotidianamente tenía a padres y, sobre todo a madres, con las manos atadas.

            Sin embargo, fue en medio de la pandemia cuando el escenario empezó a cambiar, dado que a raíz de los retiros del 10 % de los fondos de pensiones, el Poder Judicial decidió enviar una lista de potenciales deudores a las Administradoras de Fondos de Pensiones, esto con el fin de retrasar el pago de aquellos solicitantes que, a la vez, contaban con una deuda de pensión de alimentos.

Este periodo de espera para los beneficiarios, tenía como objetivo que las exparejas o hijos e hijas de los deudores pidieran una medida de retención de los retiros y pudieran saldar -en parte- el dinero que por ley les correspondía. Javiera Guzmán, joven oriunda de la ciudad de Linares, en la región del Maule, fue una de las personas que accedió a esta retención de fondos de su papá.

Un suceso similar vive Daniela Parra, vecina de la localidad de Linares que, hasta hace un año, esperaba el pago de $15 000 000 en pensión alimenticia, tanto de ella como de su hermano mayor. Para la joven, esta nueva medida representa una tranquilidad, puesto que las acciones legales anteriores no fueron efectivas en su situación particular.

“Nunca han podido encontrar a mi papá para que pague. Creo que, a lo más, una vez estuvo preso una noche haciendo reclusión nocturna, pero eso fue todo”. La deuda que mantenía el padre de Daniela se extendió durante 18 años y fue recién el 2020 cuando hizo el pago de esta.

Ante la negativa actitud de su progenitor, Parra demandó a su abuela materna para saldar el dinero impago que su padre mantiene con ella, dado que tras el abono millonario no volvió a cancelar periódicamente la pensión. La joven añadió que “tuve que demandarla a ella (abuela), porque a mi papá durante muchos años se le ponían medidas de prevención, pero nunca funcionó nada con él”.

Tanto para Daniela como para Javiera, esta nueva norma viene a golpear la mesa para terminar con los abusos que han sido efectuados por sus propios padres durante años. Según agregó Guzmán, esta medida “es muy buena, porque se está reclamando un derecho que no es menor y sirve para que tanto papás como mamás puedan tomar más conciencia sobre sus deudas y sus deberes”. Parra, por su parte, agradeció la creación de este registro, ya que le ha permitido recuperar parte de un dinero que le correspondía.

Para detener la impunidad

Otro importante hito fue la promulgación de la Ley 21369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Esta legislación viene en ayuda de todas las víctimas que se han visto desprotegidas por sus mismas casas de estudios y pretende, además, eliminar la educación sexista en estas instituciones.

La idea central que establece esta ley es que los establecimientos de educación superior deben contar con “unidades responsables de la implementación de sus políticas, planes, protocolos y reglamentos sobre violencia y discriminación de género” (Ministerio de Educación, 2021). Además, se deberán llevar a cabo las respectivas investigaciones de cada caso y así sancionar a quien haya ejercicio acoso sexual, violencia o discriminación de género.

Hay que recalcar que antes sí existían entidades dentro de las casas de estudios que debían brindar apoyo a las víctimas y buscar una sanción efectiva para el o la agresora, sin embargo, estos organismos se han mostrado febles a lo largo de los años, por lo que esta nueva medida viene a poner fin a la impunidad de las y los victimarios.

Alejandra San Martín, estudiante de Sociología de la Universidad de Concepción, vivió en carne propia el desamparo protagonizado por la institución ante una denuncia que la afectó de manera directa. “Teníamos un practicante acusado de acoso sexual, así que mandamos una carta a la Dirección de Equidad de Género y Diversidad para que no nos hiciera clases, pero nadie hizo nada”, comentó la joven.

Al igual que San Martín hay muchos estudiantes, principalmente mujeres, que ven cómo las instituciones se mantienen al margen de muchas vulneraciones ocurridas en contextos universitarios. Respecto a ello, la estudiante señaló que “al final nadie nos asegura que existan protocolos y, de tenerlos, no los ponen en práctica”.

Esta problemática lo conoce bien Alexandra Machuca, abogada feminista y excandidata a diputada, quien se encontraba estudiando cuando comenzó la toma nacional feminista del 2018. Aquella multitudinaria manifestación vino a exponer -entre otras cosas- el abandono protocolar que existía en contra de las víctimas de abuso, violencia y discriminación de género, causas que en ese tiempo eran ignoradas por las casas de estudios.

Para la abogada, la revolución feminista sirvió para dar cuenta de que la vulneración de los derechos de las mujeres se podía dar hasta en los contextos más formales. Tal como agregó Alexandra, “dentro de la universidad hay conductas de acoso y abuso, son situaciones recurrentes que deben ser sancionadas a través de conductos regulares”.

Por lo mismo, Machuca reconoció que la ley es un avance importante que viene a reconocer el enfoque de género, ya que establece consecuencias desde la obligatoriedad. Sin embargo, la excandidata por el Distrito 20 destacó que “no solo basta con lo que dice un documento, sino que también hay que fomentar la promoción y educación respecto a estos temas”.

Una aprobación que se luchó por años

El proyecto que modifica ciertos cuerpos legales para regular el matrimonio entre personas del mismo sexo fue promulgado hace casi un mes, el nueve de diciembre de 2021 y, con ello, se coronó una lucha incesante que se había extendido por largos años, más fuertemente desde el 2017, cuando la expresidenta, Michelle Bachelet, presentó esta propuesta de manera formal.

Con esto, Chile se convirtió en una de las 25 naciones que permite el matrimonio homosexual en el mundo y es, además, el sexto país en América Latina. Alejandro Vera, abogado y activista de la comunidad LGBTIQ+, señaló que “el matrimonio igualitario viene a dejar a todos en igualdad de condiciones y derechos, más allá de lo que es la legislación, es establecer en la sociedad que hay más formas de amor que el de un hombre con una mujer”.

La fuerza que tomaron en el último tiempo las organizaciones de la sociedad civil, permitió impulsar de manera sólida la lucha por la inclusión y la igualdad, pelea que hoy hace posible la promulgación de esta ley y, sumado a ello, la modificación del concepto de familia en la Constitución chilena, entregando a los miembros de las disidencias sexuales la facultad para alcanzar uno de sus principales anhelos: poder adoptar.

Sin embargo, para muchos la publicación de esta disposición legal no fue un triunfo. Dante Guiñez, miembro de la comunidad, comentó que “se siente denigrante que recién en 2021 podamos tener acceso a un derecho humano básico, a costa de humillaciones y discriminación”.

El joven reconoció que los cambios han sido lentos y que “por un paso avanzado, se retroceden tres”, no obstante, añadió que este avance le generó cierta tranquilidad, sobre todo por aquellas personas que podrán actuar y gozar de sus derechos libremente, sin importar su orientación sexual. “Me emociono por los niños LGBTIQ+, por quienes aún no nacen, pero que lo harán en una sociedad que los reconoce como ciudadanos y humanos con más derechos”, añadió Guiñez.

Al igual que Alejandro y Dante, Aldo Sepúlveda, también miembro de la comunidad, señaló que en Chile aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a las demandas de las disidencias sexuales y agregó que “todavía existen desigualdades importantes en temas de acceso a la salud, al trabajo y a la educación y todo lo que eso conlleva en el futuro”.

Próximos desafíos

En el año que recién se fue se logró cumplir con algunas demandas históricas en cuanto a enfoque de género y disidencias sexuales, sin embargo, estos avances no pueden quedar aquí. Las legislaciones ya aprobadas deben marcar un precedente y dar espacio para que nuevas o estancadas demandas comiencen a tomar fuerza y se puedan transformar, próximamente, en ley.

Por una parte, en lo que se refiere a normativas que velen mayormente por las mujeres, la abogada Alexandra Machuca declaró que el “proceso histórico en el que nos encontramos, que es la redacción de una nueva carta magna, nos permite que toda la legislación cuente con un enfoque de género”.

Alejandro, desde su vereda, expresó su deseo de que se alcance la aprobación de distintos cuerpos legales que les entreguen aún más garantías, no obstante, el profesional reconoció que “en general, la base social acepta y empatiza, pero el problema es que las personas que legislan en este país son mucho más conservadoras de lo que creemos”.

En cuanto a los desafíos que están por delante, Aldo destacó que es “necesario avanzar hacia la representación política de la comunidad LGBTIQ+, que si bien ha crecido mucho en comparación a periodos anteriores, igual se sigue quedando corta”. Sumado a ello, Dante comentó que es importante que se confirme a la brevedad “una disposición legal sobre educación sexual integral que permita garantizar, a nivel escolar, la enseñanza sobre la diversidad, el respeto y la inclusión”.

Todavía restan muchas barreras por derribar, pero se demostró que gracias a las férreas manifestaciones, las demandas sí logran alcanzar legitimidad. Se cerró un año positivo para las mujeres y las disidencias sexuales, grupos desplazados que marcaron un antes y un después para las futuras generaciones.