Con la firma del mensaje presidencial para integrar el acuerdo regional, protectores medioambientales y autoridades locales proyectan lo que supondrá el tratado para Chile y el Gran Concepción.

El pasado 18 de marzo de 2022, el recién asumido presidente Gabriel Boric concretó una de sus promesas de campaña y programa; la firma de la carta presidencial para la adhesión de Chile al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o mejor conocido como el Acuerdo de Escazú. 

Defensores de la tierra

Una de las aristas del acuerdo regional trata sobre la protección de los derechos de los diferentes defensores y activistas medioambientales en la región. 

Y es que Latinoamérica, según el último reporte de Global Witness, es la región más peligrosa para los defensores medioambientales con países como Colombia y Brasil liderando el podio. Por esto, el concejal por Hualpén y miembro de la campaña Salvemos el Santuario de Hualpén, Matías Riffo, cuenta la experiencia de una vecina de su comuna. “Desde nuestra comuna de Hualpén, tenemos un caso emblemático que es la señora Luisa Valenzuela. Ella es parte de nuestra organización y fue amenazada por defender un humedal, entonces es necesario que este acuerdo traiga lo que es justicia ambiental y que le de protección a los protectores de estos ecosistemas”. 

Así mismo, el administrador Público y miembro de la coordinadora territorial Wallpen, Javier Sánchez, afirma “lamentablemente, los defensores se encuentran en estado de vulnerabilidad frente a empresas y privados que siempre están en conflicto con las organizaciones medioambientales. 

Para Julio Gárate, profesor de Historia y Geografía, educador ambiental y miembro de la Agrupación por la defensa de Laguna Junquillar de San Pedro de la Paz, el acuerdo se puede traducir en “un avance efectivo en protección de nosotros, como equipo de defensores ambientales. Que sea un mecanismo para resguardar la vida de las personas que defienden el medioambiente” afirma Gárate.

Otros avances

Sobre las materias que versan dentro del Acuerdo de Escazú, la participación ciudadana y el acceso a la información también forman parte de ellas. 

En la zona, los diferentes proyectos inmobiliarios y de infraestructura vial que afectarían a estos sectores protegidos, la comunidad y los vecinos han tenido nula o escasa participación en la toma de decisiones, como el caso de la ruta Pie de Monte. Ante esto, “acuerdo viene a generar un marco específico con la participación ciudadana. Creo que ahí va uno de los grandes beneficios. Esto debido a que la implicación de los diversos actores políticos y sociales es fundamental para llevar a cabo cualquier proyecto que afecte a nuestro ecosistema. Tener mayor participación vinculante es un camino que se abre con el acuerdo” afirma Sánchez con la posibilidad de una mayor participación ciudadana.

Para el concejal Riffo “el acuerdo llega a fortalecer los procesos de participación que no se toman en cuenta cuando las autoridades designadas y las electas democráticamente toman decisiones con respecto a grandes proyectos contaminantes, extractivistas que se instalan en nuestras costas, santuarios y en nuestros espacios naturales” asegura desde la mirada de la autoridad.

Así mismo, Gárate afirma que “también sea un avance significativo en materia de acceso de la información en proyectos que afectan a los ecosistemas locales. En caso de los vecinos y miembros de Laguna Junquillar, el tener acceso a información sobre los proyectos inmobiliarios que se están estudiando en la cordillera de Nahuelbuta o la misma ruta Pie de Monte, que es un proyecto vial de gran escala proyectado por el ministerio de obras públicas que comienza cerca del acceso a la laguna es fundamental para tener justicia medioambiental y participación ciudadana”.

Sin embargo, pese a las altas expectativas, también existe una cuota de humildad y tranquilidad debido a que “esperamos que la suscripción de Chile al tratado no quede como algo simbólico, sino que se traduzca en medidas reales en nuestros territorios para la protección de éstos y de nosotros, los defensores medioambientales” sentenció Gárate.  En definitiva, desde los diferentes territorios del Gran Concepción existe una alta expectativa y gran esperanza en las mejoras normativas y estructurales que puede conllevar la ratificación del Acuerdo de Escazú, abriendo así una ventana para seguir protegiendo nuestro entorno natural.