Durante décadas la violencia a mujeres y disidencias en Chile, desde el ejercicio de control, la manipulación y el acoso hasta las agresiones a mano armada, se ha reconocido como una de las mayores problemáticas en la sociedad.

Por Isis Fuentealba 

En las últimas semanas se han informado, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, los reiterados casos de violencia en la locomoción colectiva, vía pública, instituciones y hogares particulares. La cifra de víctimas va en aumento y el temor, tristemente, se vuelve un sentimiento común demostrando una latente vulneración sistemática que daña colateralmente a las víctimas y sus pares; el daño físico como psicológico a la integridad es una clara perpetuación a la desigualdad. 

El ejercicio de la violencia, específicamente machista, homofóbica y trans-excluyente, es una realidad activa en la que mujeres y disidencias son víctimas dentro de un largo camino de supervivencia. A la fecha, se registran 11 femicidios consumados y 35 femicidios frustrados en el país, una seguidilla de ataques LGBTIQ+ odiantes y una amplia cantidad de denuncias por agresiones, sin olvidar los casos que no llegan siquiera a carabineros. 

“Siempre ando con una navaja pequeña en mi bolsillo pero siento que si en algún momento llegan a atacarme realmente no voy a poder defenderme”

comenta Kristoffer Gutiérrez, transmasculino, al referirse cómo en la cotidianeidad caminar sin miedo se torna más como un sueño que como un derecho.  

La normalización de situaciones es imperante y contradice la urgente necesidad de “habitar espacios sin miedo”. La libertad se ve condicionada y el optar por herramientas de autodefensa, tales como gas pimienta, manoplas o kubotanes, se vuelve una opción para la sobrevivencia por la constante inseguridad. 

Falta de reconocimiento 

La narrativa de culpabilizar a la víctima por su aspecto y/o condición es una línea editorial reconocida en el país. La existencia de vacíos judiciales, tales como la carente perspectiva de género-disidente y normas correspondientes, demuestran el persistente desamparo legal.

El Gobierno tiene una gran deuda en cuanto a protección de mujeres y disidencias. Si bien, hay organismos especializados en tales materias como debiese ser el caso del Ministerio de la Mujer y equidad de Género y la promulgación de leyes como la “Ley Zamudio” para disidencias, no obstante, la ineficacia para prevenir delitos está más que vigente. 

Según la abogada Tamara Reyes, quien brinda asesoría y representación judicial del proyecto Derecho Disidente, “no existe una ley ni normativa alguna que implique reconocimiento a las identidades disidentes, por lo tanto, mientras no haya un expreso reconocimiento, las identidades disidentes siguen a la sombra donde deben sobrevivir como pueda”. 

De cierta forma, las identidades disidentes deben mantenerse en las sombras y sobrevivir como puedan, ya que, la Ley Zamudio sólo contempla como agravante un delito que sea cometido por razón de odio. Así mismo ocurre con la mujeres y el nulo reconocimiento expreso de las violencias existentes netamente por temas de género; es de conocimiento público que una agravante no asegura que la persona imputada sea efectivamente sancionada. 

“El Estado se limita a reconocer la violencia intrafamiliar y crea el delito de maltrato habitual, en donde se reduce la violencia de género sólo al maltrato físico y psicológico que puedan sufrir las mujeres de parte de sus parejas, apuntando a la sistematicidad de hechos mucho más graves”, señala Reyes. 

El utópico amparo judicial

Cuando se decide denunciar hay que considerar la exposición a largos, llenos de cuestionamientos y muchas veces inconclusos, procesos de investigación. Según la abogada Natalia Delgado Luna, integrante de Fundación Antonia, “el amparo resulta ser sumamente deficiente, sin perspectiva de género y sin respeto a las diversidades sexuales, la revictimización y los estereotipos presentes en nuestro actual sistema judicial, llevan consigo de manera consecuencial acciones y decisiones que aumentan la brecha discriminatoria”. 

Un sistema que debiese entregar seguridad y protección no lo hace y recae en acciones imprudentes. “El personal encargado de hacer la primera acogida muchas veces se expone de manera totalmente imprudente a la víctima, en ocasiones inclusive haciéndoles cargar de una manera estereotipada con la responsabilidad de la ocurrencia del hecho”, agrega Delgado. 

Tal antecedente es sumamente grave y posiciona un desafío para la sociedad. Es urgente la creación de políticas y sobre todo protocolos, tal como el instruir al personal delegado a estos casos en materias de género y disidencias, además de establecer acciones que deroguen las precarias condiciones judiciales existentes para abordar casos de este calibre. 

La urgencia de políticas en las aristas ya mencionadas es un pilar en la construcción de una sociedad mejor, aunque sea mínimamente entregando verdadero respaldo judicial para avanzar de una vez por todas a una realidad en la que todas, todes y todos puedan caminar “libres y sin miedo” a cualquier hora del día, en cualquier espacio.