Desde octubre del año 2019, en Chile se ha vivido un cambio de paradigma en todo sentido. El llamado “Estallido Social” por algunos o “La Revuelta” por otros, ha hecho que la sociedad chilena mute ideológicamente. Sin ir más lejos, nos encontramos ante un escenario político muy diferente al de hace 3 años.

El proceso de fabricación de una nueva constitución en el que nos encontramos nos ha obligado a ubicarnos en escenarios que no hubiéramos imaginado años atrás. La plurinacionalidad, la soberanía indígena, el derecho al agua y muchos otros tópicos más no estaban en la opinión pública anteriormente.

A raíz de todo este contexto es que ha salido a flote otra temática que hace ya varios años se venia tocando, pero que finalmente existe una herramienta política para llevarla a cabo, como lo es la convención constitucional. Estamos hablando de la renacionalización del cobre y de otros minerales.

Esta situación fue dispuesta ante la opinión pública por una serie de convencionales que propusieron la idea y que tiene en un dilema a los expertos en la materia. Esto dado que hay que estudiar las aristas entrarían en juego con este proceso de renacionalización.

A este punto se refirió el director del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción, el Dr. Fernando Betancourt Cerda que señaló “Es necesario hacer hincapié que el cobre, como tal, ya es propiedad del Estado y que la actual constitución así lo contempla. El estado sólo otorga concesiones de exploración/explotación, pero no dominio de los yacimientos.” declaró el académico.

Bajo esta misma perspectiva, el director menciona el factor de los costos operacionales de esta medida. Ya que al hablar de la renacionalización no se expresa claramente si esto conllevará a expropiaciones de las empresas extractoras del mineral o sólo de los derechos de extracción.

Otro punto que menciona es de donde sacará el estado los recursos económicos para llevar a cabo esta operación y quién es el ente que fijará los montos de las expropiaciones. Sin embargo, esto es aún un tema que se encuentra en discusión en la convención constitucional.

Un proceso similar se llevó a cabo en Chile en el año 1971, aquella vez fue el congreso nacional el que aprobó por unanimidad la nacionalización del mineral. Luego sería privatizado en el régimen militar de Augusto Pinochet Ugarte.

Aún con todos estos antecedentes y por palabras del docente de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción, M.Sc. René Gómez Puigpinos, señaló que “Los activos de las principales empresas privadas de Chile superan los 50 mil millones de dólares, por lo que es importante comprender que el esfuerzo fiscal para nacionalizar esta industria es altísimo, y repercutiría por varios años”.

Continuando con este punto, el académico señala que existe la posibilidad que al realizarse este proceso de nacionalización del cobre y de expropiación de las empresas extractoras, no se vean efectos en la economía del país luego de unos 10 a 20 años. Esto porque las reservas no costearán la inversión, fluctuaciones en el precio del metal, demanda internacional, etc.

Factor Económico

Es por esta razón que no se puede obviar el factor de la economía en este tema. Las expropiaciones y la nacionalización de los minerales crearían inminentemente un conflicto con las empresas mineras que son en su gran mayoría de capitales extranjeros.

A esto se refirió la Ingeniera Comercial de la Universidad de Concepción, Bárbara Vicencio donde señaló que “El hecho de que el estado nacionalice el cobre, será como una alerta para los inversores extranjeros y buscarán evitar a toda costa el perder su capital. También hay que recordar que actualmente Chile se encuentra en un escenario inflacionario muy agudo y que cada vez más va empeorando” sentenció la profesional.

Al recabar estos antecedentes se hace complejo pensar en el futuro de la minería en Chile. La renacionalización del cobre se ha ubicado en la opinión pública como un salvavidas para la economía del país, pero a voz de los expertos en estos temas, no se puede asegurar a ciencia cierta que con esto se podrían sacar algunas ventajas comparativas para el ejecutivo.

Queda esperar para ver si la Convención Constitucional finalmente incluirá en la carta magna la renacionalización del cobre y esperar a ver si finalmente será una solución económica para las finanzas de nuestro país o bien si será un problema que termine agudizando aún más la crisis económica que azota, no sólo a Chile, sino a todo el mundo.

                                                                                                           Bruno Rozas Hinayado