Los derechos menstruales son la principal base para dar visibilidad y resguardar el ciclo de todas las personas menstruantes, en los ámbitos sociales, sanitarios y económicos. Teniendo en cuenta la deficiencia de perspectiva de género en las políticas públicas y la disminución del acceso hacia los productos de higiene, los derechos menstruales están cada vez más cerca de ser considerados un privilegio.

En Latinoamérica ser una persona menstruante tiene un elevado costo. No sólo monetario, sino también social y emocional. Esto debido a que el tema continúa siendo estigmatizado y hay muy pocas políticas públicas que apunten a resguardar correctamente los derechos menstruales. 

Según información entregada por el Fondo de Población de Naciones Unidas, alrededor de 800 millones de personas entre 14 y 19 años menstrua y en Chile cerca de un 30 % de la población lo hace todos los meses durante aproximadamente 40 años. 

Son tres los factores principales que derivan en lo que se conoce como pobreza menstrual: dificultad para acceder a productos sanitarios por falta de dinero o un lugar donde adquirirlos, mala calidad de la educación sobre el tema y falta de acceso a infraestructura para gestionar los desechos.

Así es como los derechos menstruales se transforman también en derechos humanos y en Chile varios de estos puntos se encuentran al debe, generando desigualdad e impidiendo un ambiente propicio para que las personas que menstrúan se sientan seguras.

Una educación sexual deficiente: la base del problema

“Respecto a la menstruación, mi primera fuente de información fue internet”, expresó Carla Villagrán, estudiante universitaria de Nutrición y Dietética en la Universidad del Biobío. A ella le ha tocado vivir en carne propia los efectos de una mala educación menstrual y haber estudiado en un colegio católico también incidió en esta situación, ya que “nunca se nos enseñó la mantención de la higiene, la prevención de las infecciones o los distintos tipos de productos menstruales existentes”.

Si bien en la sociedad chilena hablar del período sigue siendo un estigma, Bárbara Rojas señaló que “las nuevas generaciones se encuentran cada vez más abiertas a hablar de estos temas libremente”.

Es por esto que las iniciativas que impulsan desde la Oficina de la Mujer en Concepción, aportan en materia de educación sexual. Debido a que durante todo el año se encuentran realizando talleres en colegios, sobre todo a liceos vulnerables de la comuna, no solo dando énfasis en el alumnado, sino también orientado a profesores. Sumado a esto, en sus oficinas ofrecen consejería, kits de sexualidad y jornadas de entregas de copas menstruales gratuitas.

Altos costos v/s una menstruación digna

Antes de hablar de los elementos que son necesarios para tener un ciclo menstrual digno, es importante responder a la pregunta: ¿qué es la gestión menstrual?
La Unicef define este término como la posibilidad de tener acceso a productos limpios que puedan absorber y recoger la sangre tales como tampones, toallas higiénicas, copas menstruales, entre otros, los que puedan ser sustituidos en un lugar privado, seguro y limpio. En base a lo anterior, se puede señalar que además de un buen acceso a útiles de higiene, es importante contar con un espacio que ayude a que la persona se sienta cómoda con su ciclo, pues por años la menstruación ha sido tratada como un tema tabú y se entrega poca información directa acerca de esta.
Para referirse a la gestión menstrual en el país, Vania Gallardo, trabajadora social y colaboradora del programa Mujer, Sexualidad y Maternidad del Sernameg Coyhaique, comenta que “la menstruación no solo nos afecta e impacta de manera física, sino que también psicológica desde que la iniciamos. Me ha tocado ver en los talleres que las mujeres cuentan que en su infancia nadie les habló de la menstruación, por lo que la vivieron de forma distinta a hoy en día. Es por esto que se sienten temerosas e incómodas respecto a su ciclo”. Pese al avance de distintos programas que otorgan apoyo y acompañamiento a personas menstruantes durante su período, la situación a nivel país se complica aún más, esto se evidencia en el reciente informe de gestión menstrual del Sernac. El que reveló que las personas menstruantes con una duración de siete días de su período, pueden gastar hasta 125 000 pesos en productos de higiene menstrual, cifra que sólo contempló el uso de toallas higiénicas y antiinflamatorios.
Por otra parte, en el informe se entregan las siguientes cifras en relación al gasto mínimo de cada producto: en tampones se gasta un total 52 000 pesos, en toallas higiénicas 47 250 pesos y finalmente la copa menstrual tiene un valor de 11 290 pesos.

Las cifras anteriores reflejan que el obtener un producto menstrual se transforma en un privilegio, más que en un derecho, pues si tomamos como base el sueldo mínimo de 400 000 pesos, una persona menstruante en promedio ocuparía aproximadamente el 30 % de este sólo para cubrir los gastos de su ciclo menstrual.
Para Gallardo, los altos costos de los productos conllevan a que se genere más desigualdad, “una de las cosas más importantes es que poder enfrentar de buena forma la menstruación ha llegado a ser un privilegio y que finalmente es un derecho pero no para todas, ya que no todas tienen acceso para llevar su menstruación acorde a su propio proceso”.

Menstruación y desigualdad

Por años la menstruación ha sido parte de una discriminación invisibilizada, en donde no se les enseña a las personas menstruantes todo lo que ocurre y como funciona este proceso biológico. Esto debido a que dentro de las legislaciones existe una escasa perspectiva de género.
Los derechos menstruales han sido parte de esta discriminación sistemática, pero ¿cuáles son estos derechos?
Estos van desde una adecuada gestión menstrual, tener acceso a productos de higiene durante el ciclo y a información básica sobre este, además de contar espacio limpio en donde se puedan depositar los desechos.
En el país estos derechos existen, sin embargo, no se presentan de una forma correcta. Bárbara Pérez, matrona del Hospital de Los Ángeles, señala que “derechos menstruales en sí, no hay en Chile y no existe una cobertura de productos completa. La única manera de acceder a tales productos es comprándolos u obteniéndolos de programas del estado. De igual manera se complica para las personas de más bajos recursos”.

Solo un porcentaje de la población puede acceder totalmente a estos derechos, ya que el resto no puede disponer de ellos por su situación económica o también como es el caso de las personas menstruantes privadas de libertad, en donde el acceso a los productos de higiene queda en manos de sus familiares.
Es importante detenerse en este último punto, ya que las legislaciones excluyen con mayor gravedad a las personas privadas de libertad en materia de derechos menstruales.

Un informe de la organización Red de Acción Carcelaria, señala que existe pobreza menstrual dentro de las cárceles, tanto de productos de higiene, como de infraestructura sanitaria y en entrega de información. El Estado no participa en la entrega de estos derechos, pues son delegados a las familias y es aquí donde el concepto de desigualdad se hace aún más fuerte, pues no todos los familiares pueden brindarles apoyo con respecto a este tema, por ende algunas simplemente se quedan sin productos menstruales o recurren a otras reclusas.

Ley sobre derechos menstruales: un proyecto inclusivo

Durante el mes de abril fue despachado al Senado un proyecto de ley que busca garantizar los derechos menstruales en Chile. Este proyecto tiene como principal objetivo que el Estado promueva, resguarde y favorezca políticas públicas que propicien el adecuado ejercicio de tales derechos en personas con capacidad de menstruar.  

Dentro de los ejes fundamentales se encuentra facilitar el acceso a productos menstruales y que estos cuenten con estándares de calidad apropiados. Además, se busca poder incorporarlos al Código Sanitario, medida que permitirá que la Central de Abastecimiento pueda intervenir en el mercado de los productos menstruales y regular los precios. También se busca garantizar el acceso a conocimientos adecuados sobre la menstruación para toda la población, mediante la implementación de programas y capacitaciones.

A pesar de la integralidad del proyecto, hay puntos que causaron ruido a nivel político y de opinión pública, debido a que no se incorpora el concepto de “mujer” sino que se habla de “personas menstruantes”. Ahora bien, lo que se busca con esto es incluir en la iniciativa a personas transgénero y no binarias, lo cual significa un gran avance en temas de inclusión y diversidad sexual.

“Si hablar de la regla en general es un tabú, imagínate hablar de la menstruación en personas trans” expresó Milu Fonseca, quién se identifica como transmasculino no binario. Y agregó que “históricamente las personas trans han sido invisibilizadas y que ahora se nos esté reconociendo que existimos y tenemos derechos es algo que a la gente le choca”. Además, considera que el hecho de que se hable de personas menstruantes “no le hace daño a nadie y es lo más inclusivo que se puede hacer”.

Milu, a su vez, realizó una fuerte crítica al sistema de salud en materia ginecológica para personas trans, puesto que existe desinformación por parte de algunos profesionales al respecto. Un problema que justamente se busca abordar a través de la implementación del proyecto de ley de derechos menstruales, al tener como principal objetivo garantizar el acceso a estos a todas las personas por igual.