La reciente promulgación de la nueva Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, constituye un avance para la erradicación de la violencia económica hacia quienes han tenido que cumplir con el cargo total alimentario de un menor. No obstante, esta legislación recién entrará en ejercicio, por lo que aún queda la duda puesta sobre la mesa de sí es suficiente para que los deudores realicen el pago y se responsabilicen de sus hijos o hijas.

Según datos entregados por el Poder Judicial, en Chile nueve de cada diez demandas por pensión alimenticia presentadas son contra hombres. Este grave problema se arrastra desde hace décadas en el país, debido a que se ha normalizado.
Durante el año 2020, a raíz de la pandemia del COVID-19, se permitieron los retiros del 10 % de la AFP y a su vez se les retuvo a quienes tenían deuda de pensiones alimenticias. Esto dejó en evidencia una profunda crisis y la violencia económica que viven miles de personas.
En el último tiempo se han impulsado iniciativas para poder frenar esta situación, como es el caso de la denominada “Ley Papito Corazón” que pretende entregar mayor seguridad en el ámbito.

Una violencia invisibilizada

En noviembre del 2021, comenzó a regir la ley que reconoce a la violencia económica como un tipo específico de violencia intrafamiliar y no dentro de otras categorías. ¿A que se refiere cuando se habla de este concepto? Según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, es el intento de controlar los recursos económicos necesarios para la mantención personal de la mujer, hijos o hijas y de quienes integran la familia en general, impidiéndole el acceso a ellos y coartando la posibilidad de conseguirlos individualmente con un trabajo remunerado.
Esta puede afectar tanto a hombres como mujeres, sin embargo, las segundas son quienes más sufren. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las demandas por pensión de alimentos son impuestas contra hombres, por ende, es la mujer quien queda a cargo de los recursos económicos que sostienen a una familia, aunque su vida se vea conflictuada por ello.
Pilar Gutiérrez, abogada y coordinadora nacional del Frente Feminista Comunes, menciona que esta situación es una clara consecuencia por el patriarcado instaurado en la sociedad y añade “vivimos en una sociedad patriarcal donde la división sexual del trabajo sigue muy arraigada y donde están instaurados los estereotipos de género. En efecto, es común que en las parejas -la mayoría heterosexuales-, el hombre ejerza un trabajo remunerado y la mujer ejerza el trabajo reproductivo (de cuidados, labores domésticas, crianza, etc.) sin recibir alguna retribución alguna por tanto, depende de los ingresos de su cónyuge”.

Existen distintas maneras en que esta se manifiesta o cómo actúan los violentadores, puede ser a través de obligar a rendir cuentas por gastos personales, impedir a la otra persona capacitarse o trabajar, robarle dinero sistemáticamente o no proporcionarle el dinero suficiente para cubrir con la mantención de un hogar familiar, entre otras. Todas ocasionadas por la misma razón, el prejuicio de que la mujer tiene que lidiar con lo familiar y lo maternal, es por ello que hasta hace poco no se le prestaba la atención necesaria a este tipo de agresión, ya que se le asociaba dentro de otras categoría, o más bien no se consideraba en ninguna, puesto que las mujeres que la han sufrido no pueden demostrar con pruebas físicas los padecimientos de esta.
Es así como lo explica Nicole González, quien desempeña el cargo de acompañamiento psicológico en la Oficina de la Mujer Biobío, “al igual que la violencia psicológica, por ejemplo, esta no se detecta a simple vista, no deja marcas fáciles de detectar y muchas veces sólo se habla de ello puertas adentro”. Es por esta razón que se hace compleja la detección y ayuda oportuna hacia quienes se encuentran afectados por esta situación, pues la normalización de esta termina siendo común entre quienes la sufren día a día.

Más allá del pago

Este tipo de agresiones afectan de diversas formas a las personas que han sido o están siendo violentadas, “inciden directamente en la autonomía de las mujeres, quienes están más expuestas debido al rol social asociado al ser mujer, que tiene que ver con la dedicación de labores de cuidado y domésticas que impiden que estas puedan acceder al mercado laboral. Además, afecta negativamente su autoestima y autoconcepto, haciendo que sea aún más difícil salir de estas dinámicas violentas”, afirma la psicóloga.
Por lo tanto, obstaculizan su desarrollo personal y se ven condicionadas a dejar atrás actividades como trabajar, estudiar o cualquier interés que esté fuera de su labor en el hogar. De hecho, en la última Encuesta Casen se dio a conocer que el 65 % de las mujeres entre los 25 a 59 años se encuentra fuera del mercado laboral por sus responsabilidades familiares, en contraste a esto los hombre dentro del mismo rango, solo representan el 5 %.

Tal como es el caso de Miriam Ovalle, madre de Farid, un niño de tres años, ha tenido que pasar por distintos trámites en tribunales, debido a que su expareja no le entrega la pensión correspondiente para cubrir los gastos de su hijo, esto ha causado en ella problemas económicos y de salud mental, ya que al tener que atender las necesidades de Farid individualmente, -el cual presenta una discapacidad, por ende, algunas tratamientos son de costos muy elevados- no puede pagar atención psicológica. “Me dan ataques de ansiedad pensando que soy una mala mamá, porque tengo que trabajar y no lo puedo ver, porque tengo que dejarlo con mi mamá o mi pareja. Mientras yo le exigía al papá de Farid que se hiciera cargo económicamente, recibía amenazas”, comenta.
La violencia económica no se presenta en solitario, sino que es acompañada por agresiones psicológicas y físicas en algunos casos, en consecuencia las personas vulneradas al depender económicamente del maltratador se les dificulta lograr salir de una especie de “círculo vicioso”, sobre todo cuando las demandas no son suficientes, en vista de que hasta ahora no existía una ley que se encargará de gestionar no solo de encontrar la dirección o datos financieros del deudor, sino que también de insistir el pago para el alimentario.

Ley de Responsabilidad Parental

El retiro del 10 % de fondos de AFP destapó las alarmantes cifras de deudores de pensiones, generando amplio debate en la opinión pública. Esto derivó en que el mecanismo se viera como una nueva forma de poder asegurar el reintegro, razón por la cual se impulsó la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, promulgada durante el mes de agosto de este año.
Karol Díaz, abogada de ABOFEM Concepción, explicó que esta nueva ley “considera dos mecanismos claves para hacer efectivo el cobro y pago de la deuda que exista por ese concepto. En primer lugar, si hay al menos una mensualidad que no se ha pagado, se podrá solicitar al tribunal correspondiente que ordene el pago de la deuda a través de los fondos o dineros que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias, instrumentos de inversión y en las cuentas de ahorro previsional voluntario”.
La norma también contempla el escenario en que, si hay tres pensiones adeudadas de manera continua o discontinua, y el deudor no tiene fondos o estos son insuficientes, la parte alimentaria podrá solicitar al tribunal que consulte en la AFP, otorgando la posibilidad de extraer un porcentaje del fondo existente de acuerdo con ciertos criterios.
Sin embargo, el pago con los fondos de AFP también posee ciertas limitaciones, ya que no se podrá perseguir a los abuelos para el pago de la asignación si tienen como única fuente de ingreso su pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia.
La nueva ley viene a ser un avance positivo, dado que ahora recae en el Estado la responsabilidad de hacer efectivo el cumplimiento de tal obligación. A diferencia de la antigua norma, la abogada señaló que esta “solo contemplaba medidas de apremio, como suspensión de la licencia de conducir, arresto, arraigo y la retención judicial por parte del empleador, que era lo más trágico que le podía pasar al alimentante”. También agregó que “en el caso de la suspensión de la licencia, todos sabemos lo sencillo que es duplicarla legalmente y en cuanto a la retención judicial, también era muy fácil renunciar y no informar el domicilio jamás o trabajar de forma irregular, burlando el sistema de forma grosera”.
Junto con esto, se dará inicio al Registro Nacional de Deudores también denominado “Dicom de pensiones”. Este será 100 % en línea, administrado por el Registro Civil y otorgará una serie de herramientas que permitirán a los jueces acceder a la información de los diversos ingresos de los deudores y así garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias.
Brenda Arriagada, vocera de Callejeras Autoconvocadas Biobío, expresó al respecto que “esta ley viene a dar un respiro a las mujeres que gastan tiempo y recursos en juicios por no pago de pensión alimenticia y a entregarle lo necesario a las hijas e hijos en sus múltiples necesidades de forma equitativa. También apela a la justicia social, porque las madres y cuidadoras tienen derecho a sus tiempos a solas, a permitirse tener parte de su sueldo para otros gastos fuera de los que requieren sus hijos e hijas y a que estos sean iguales entre ambos engendradores”.

Un problema cultural, social y político

En Chile cerca de 70 000 niños, niñas y adolescentes no reciben la pensión alimenticia que les corresponde. Del total de personas que no acceden al pago, un 65 % forma parte de la población de menores ingresos.
Históricamente, relevar la crianza y cuidado de los hijos a las mujeres ha sido una tónica, y a ellas se les encarga la misión de sacar adelante a la familia, teniendo muchas veces que dejar de lado sus propios proyectos de vida. Por tal razón es que se habla de “papito corazón” y no de “mamita corazón”.
Esta dura realidad se debe a los marcados roles de género a nivel social, situación que vulnera su propio bienestar y el de sus hijos e hijas. Todo lo anterior se ha naturalizado en la cultura chilena y no se le toma el peso que merece.
La abogada Karol Díaz al respecto señaló que “el elevado número de pensiones impagas, a mi parecer, proviene del machismo arraigado que impera en nuestra sociedad. Recordemos que no está inserto solo en la conducta del hombre, también hay mujeres deudoras de alimentos que consideran que no deben pagar por el simple hecho de creer que le corresponde al hombre proveedor.
En la legislación, la responsabilidad parental se considera como un deber de corresponsabilidad basada en el interés superior de los niños y niñas. Sin embargo, la balanza se encuentra desequilibrada ya que esta responsabilidad compartida termina recayendo sólo en uno de los progenitores.
Ante esto, la Comisión de Género y Disidencias de la Universidad de Concepción expresó que “las leyes chilenas deberían ser más conscientes con este tipo de violencia, pues aunque se le resta importancia, sigue siendo violencia. Muchas de las mujeres que la padecen no pueden tener un trabajo estable y dependen de ese dinero, no porque ellas no quieran hacerlo, sino porque no tienen con quién dejar a niños o el mismo varón les impide trabajar”.
En ese sentido, el no pago de pensiones alimenticias va más allá de un asunto familiar, convirtiéndose en un problema social, cultural y político que requiere ser abordado con iniciativas que se ajusten a estas necesidades.