Elevados costos de la vivienda, complicados requisitos por cumplir, obras abruptamente detenidas, créditos hipotecarios prácticamente inaccesibles e, incluso, el rechazo a una nueva modificación del plan regulador metropolitano, son algunos de los factores agravantes del complejo panorama.

A Christopher Novoa, alumno de la Universidad del Desarrollo, le subieron en cien mil pesos el arriendo de su pieza durante la pandemia. Con pesar, explica que desde que las universidades retomaron sus actividades presenciales, se ha registrado un alza sostenida en el valor de las pensiones. 

No obstante, está de brazos cruzados. Aún si quisiera abaratar costos y arrendar una casa con sus amigos, a medias, sostiene que “los requisitos son excluyentes para los estudiantes, porque no todos cuentan con un aval para realizar los trámites, o tienen a alguien cuyo sueldo corte sobre el millón de pesos”. 

Distinto es el caso de Hernán Montiel, actualmente en búsqueda de un compañero de piso para afrontar los costos del proceso -los que usualmente incluyen acreditar una renta varias veces superior al canon de arriendo, más gastos de corretaje, si los hubiera, y mes de garantía-.  “El valor señalado está bien, pero encuentro exagerado que te pidan justificar el triple en la declaración de sueldo», opina.

Reclama que apenas alcanza a dormir cuatro horas diarias, antes de salir temprano por la mañana a recorrer las calles buscando datos. Luego se va a trabajar, y vuelve a casa con las manos vacías.  

El caso de Estefanía Rivera, asesora habitacional por vocación, es complementario a ambas situaciones descritas anteriormente, pues ella está inmersa en el mundo de los subsidios y las prometidas soluciones habitacionales que entrega el Estado. 

En 2014, tras el nacimiento de su primera hija, decidió postular a una ayuda para el arriendo. Para asesorarse, recurrió al Servicio de Vivienda y Urbanismo, pero las respuestas que recibió fueron insatisfactorias. Eso le motivó a buscar asistencia en el mercado privado, acudiendo a supuestos expertos que prometían, a cambio de una cuantiosa suma, ayudarle a adjudicarse el beneficio.

Finalmente recibió malas noticias, que la desilusionaron bastante. Sin embargo, fue el inicio de un viaje de mucho estudio, en el cual Estefanía dio con grupos de Facebook donde se divulgaba información sobre los distintos subsidios para la vivienda y también se compartían las experiencias de otras personas, que estaban en una situación similar. 

Eventualmente, en 2018 se ganó el subsidio de arriendo. En uno de esos portales conoció a otras cinco mujeres, provenientes de diferentes regiones del país, quienes también consiguieron obtener algunos de estos beneficios.

Juntas, analizaron qué elementos en común habían posibilitado que cada una de ellas pudieran obtener esas ayudas, conocimiento que, a su vez, ofrecieron a la comunidad. 

Hoy, ese grupo donde Estefanía se unió suma un total de ciento treinta mil miembros. En él, ella y las otras chicas que fundaron la comunidad ofrecen asesoría sobre cómo postular, estratégicamente, a los distintos programas y beneficios que el país entrega a sus habitantes. 

Según Rivera, las dificultades que la gente enfrenta tienen relación, por un lado, con falta de claridad sobre el funcionamiento del sistema de puntos y, por el otro, con mucha “falta de empatía” hacia los adultos mayores, “que muchas veces no saben cómo postular online, o que a veces pueden leer, pero no entienden qué están leyendo [sic]”, observa. Por último, también acusa que es común que las personas que trabajan en las distintas reparticiones estatales no tengan la mejor disposición para entregar información certera, confiable y útil. 

“En el municipio, en realidad, no recibes más que un ‘usted tiene que tener tal cantidad de UF de ahorro y postular en tal fecha’, pero ahí te dejan. No te dicen ‘venga en tal día a preguntar, con tales papeles, y nosotros le ayudamos”. Es un ‘arréglatelas sola [sic]”.

Estefanía Riveros, asesora habitacional.

Aunque todos estos testimonios son diferentes entre sí, apuntan a una misma problemática: el déficit y la falta de acceso y oportunidades habitacionales en Chile, una situación que cada vez se agudiza más. 

La arista hipotecaria

Sergio Spano, ejecutivo de ventas de BancoEstado, comenta que la actual situación que vive el país, influenciada a su vez por la inflación ascendente que se registra a nivel mundial, provoca que el mercado de los créditos hipotecarios presente más limitantes para los clientes. 

“Pese al esfuerzo de las inmobiliarias, como por ejemplo, pactar el pie del 20 % que debe aportar el comprador en cuotas, aspecto nunca antes visto en este ámbito, los bancos ahora solicitan que demuestres que cuentas con ese capital, por medio de una cartola de cuenta corriente, ahorros, fondos mutuos, entre otros, previo a la aprobación de dicha transacción comercial”, señala. 

Adicionalmente, Spano infiere que esta limitante provocará una baja en la venta de estos productos bancarios el próximo año, puesto que los créditos hipotecarios son afectados tanto por la tasa de interés como por el reajuste de la Unidad de Fomento (UF). 

A modo de ejemplo, sólo en el mes de septiembre, la variación de la UF fue de 406,54 pesos, representando una desviación diaria promedio de 13,55 CLP, lo que “afecta principalmente al sector de clase media”, argumenta. 

“La tasa de interés ha subido y, de seguir aumentando la inflación, seguirá encareciendo cada vez más el crédito. Por otro lado, la reajustabilidad de la UF, en aquellos créditos que son pactados en esa divisa, se encarece mes a mes [sic]”, puntualiza. 

Repercusiones en la industria de la construcción

Sumado al incierto horizonte económico, el anuncio de bancarrota por parte de la constructora Claro Vicuña Valenzuela, empresa que se adjudicó proyectos habitacionales en dos comunas del Gran Concepción, generó más incertidumbre respecto al panorama inmobiliario.

La firma se encontraba realizando dos obras privadas con subsidio DS19, correspondientes a Viento Norte 2, en San Pedro de la Paz, y el Parque Costanera de Hualpén. La noticia dejó a 447 familias en la espera de su casa propia. 

Según Claudio Parés, economista de la Universidad de Concepción, la decisión cristaliza lo que se viene observando desde hace tiempo, es decir, una reducción en la actividad económica, la cual seguiremos sufriendo durante 2023 y que debería comenzar a despejarse recién en 2024.

Por su parte, el seremi de Obras Públicas del Biobío, Hugo Cautivo, señaló que debido a este complejo escenario, están muy pendientes de la resolución que dictará el juzgado de Santiago a la empresa. Además, adelantó que desde el MOP se han implementado medidas para fortalecer a empresas y ejecutores ante los elevados costos de materiales.

“Nosotros, en conjunto con la Cámara Chilena de Construcción, hemos optado por un mecanismo de ajuste polinómico respecto a los presupuestos, para que los proyectos de mediano a largo plazo no se vean afectados. Sin embargo, así como nosotros cumplimos, las empresas también deben hacerlo”, observa. 

Por otra parte, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo descartan que la situación ocurrida con la constructora afecte “enormemente” a los proyectos habitacionales y a las concesiones, pues estas “tienen un protocolo, están normadas y hay boletas de garantía, entonces eso no afecta en nada nuestro proceso de licitación”, aseguró la periodista de la institución, Marta Pérez. 

La crisis vial

Además de lo anterior, Claro Vicuña Valenzuela deja en detención la finalización de las obras del puente Bicentenario y del eje Colón, el cual lleva un 41 % de avance. 

Sin embargo, la situación de la vialidad ha presentado graves deficiencias desde hace ya varios años. Incluso, el alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, pidió a principios de año a la delegación presidencial que se pronunciara, declarando a la comuna como una zona de “catástrofe vial”.

Respecto al tema, el presidente del Partido Ecologista Verde, Félix Gonzáles, sostiene que “de nada sirve crear más casas y aumentar la oferta de departamentos si no existe una vialidad compatible con las demandas de transporte, eso es planificar sin pensar en la calidad de vida”.

Por críticas al sistema de conexión urbana y tras la consulta ciudadana realizada el 27 de mayo de 2022, se anunció la extensión de redes de corredores de transporte público, una solución que busca, a largo plazo, solventar las graves faltas en las rutas metropolitanas.

Sin embargo, su anunció encendió las críticas, especialmente por las sucesivas detenciones de las obras por parte de las empresas concesionadas anteriormente.

Consultado al respecto, el alcalde de Concepción llamó a evitar preocupaciones anticipadas e invitó a confiar en el proyecto, el cual promete traer beneficios a la región.

“Le he manifestado, junto a mis colegas, la preocupación de nuestra vialidad al ministro de Obras Públicas, es por eso que, tanto el proyecto de corredores como la finalización del tramo del puente Bicentenario, serán ejecutados como proyecto estatal y no sólo como proyecto regional [sic]”, aseguró. 

El edil enfatizó adicionalmente que, con el caso de la constructora en quiebra, están en espera de recuperar los fondos que se destinaron a la constructora y que, para el municipio, preocupa principalmente el daño que provocó a las medianas y pequeñas empresas que les prestaban servicios.

Un desafío constante: El ambiente y el marco regulador

Aunque el factor de la industria inmobiliaria y la vialidad es determinante en la urbanización del entorno, también hay que considerar que todo proyecto, sea privado o público, debe estar regulado respecto a los sectores y espacios que pueden ocupar para edificar o construir, estableciendo límites de altura y distancia. 

Lo anterior es parte del “Plan Regulador Metropolitano del Gran Concepción”, el cual en su décima primera modificación fue rechazado por la Corte Suprema, a pesar de que el GORE aprobara la iniciativa. Esta situación complica a los proyectos de construcción de soluciones residenciales y pone en riesgo el cumplimiento de la meta del ministerio de Obras Públicas, quien tiene el desafío de edificar 18 896 viviendas en la Región, dentro del denominado “Plan Habitacional de Emergencia”, necesita disponer de 3 519 hectáreas. 

La naturaleza desempeña un papel fundamental dentro de la discusión de esta normativa. Tal es el caso de San Pedro de la Paz, comuna que además de regular los permisos municipales de construcción, debe velar por generar planes que permitan conservar sus áreas verdes.

El proyecto “Pie de Monte”, el cual se instala en la Ruta 160 a Coronel, atravesando dicha localidad, representa un desafió para la zona. Respecto al mismo y al marco regulador, el alcalde Guiñez comenta que: “No quiero decir que nosotros estamos contra el progreso, por lo contrario, necesitamos progresar, pero debemos ser amigables con las personas y el ambiente. Construir una vía agresiva está fuera de los ideales de nuestra ciudad, es necesario que sepamos velar por generar soluciones, cuidando los pulmones verdes de la región”. 

Una visión complementaria es la de Hugo Cautivo, quien sostiene que es necesario que el plan regulador incluya las modificaciones en las áreas de responsabilidad social y ambiental.

Como equipo de Entrelíneas, intentamos comunicarnos con la constructora “Claro Vicuña Valenzuela”, para conocer su perspectiva en torno a la situación de la quiebra y sobre la industria inmobiliaria, pero los intentos de contacto fracasaron. Incluso, hasta su página web eliminó varias referencias a los proyectos que hemos mencionado, solo dejando aquellas obras terminadas en la portada.

Reportaje de Josefina Caerols y Manuel Rosales