Desde hace un año entró en vigencia el nuevo organismo de protección de niños, niñas y adolescentes, el cual llegó para complementar al cuestionado Servicio Nacional de Menores. ¿Cuánto y en qué ha cambiado en este tiempo? 

Por Sebastián Arias y Gonzalo Villegas.

En Chile se ha hablado mucho acerca de la protección de niños y niñas, generando leyes que velen por el bienestar de los más vulnerables. Según la cuenta pública del Sename correspondiente al año pasado, el organismo apoyó a 165.468 menores de edad a nivel nacional en materias de adopción, derechos, diagnósticos, entre otros. Sin embargo, un nuevo precedente marcó aquel tiempo, con la inclusión de un servicio que llegó para mejorar las falencias evidentes de una entidad que se ha quedado corta con el paso de los años.

El pasado 5 de enero de 2021 se publicó la Ley N°21.302 que crea Mejor Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia como una de las transformaciones impulsadas por el Acuerdo Nacional por la Infancia impulsado por el Gobierno de Sebastián Piñera en 2018. La institución está sujeta a la fiscalización de la Subsecretaría de la Niñez, pero no es hasta el 1 de octubre del mismo año que el nuevo ente estatal asume el trabajo que antes desarrollaba Sename en materias de protección especializada en menores de edad.

Su misión es proteger y restituir derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sido gravemente amenazados o vulnerados, con la intención de fortalecer su desarrollo integral. Por otro lado, esto no significó el fin del Servicio Nacional de Menores, el cual sigue dependiendo del Ministerio de Justicia, sino como una división de tareas que permitan una claridad mejor en su deber.

La diferencia primordial es que Sename lleva a cabo la intervención y ejecución de medidas cautelares establecidas por la Ley Penal Adolescente en jóvenes entre los 14 y 17 años. Ahora el cuidado y protección de menores está a cargo de la nueva institución, lo que incluye también la adopción.

Para Olga Alday Muñoz, jefa de la Unidad de Asistencia Técnica, Monitoreo y Evaluación Regional de Mejor Niñez en la región de Atacama, la mejora también radica “en la especialización, ya que este nuevo servicio se establece a contar de una ley creada especialmente para su funcionamiento”. Lo que para la profesional aumenta el desempeño en “líneas programáticas, trabajo con colaboradoras, promoción y sensibilización de la temática de infancia vulnerada con el Inter sector, mejorar las condiciones de los NNA que se encuentran ingresados en sistemas residenciales”.

¿Mejoró la niñez?

En el pasado mes de septiembre, según cifras entregadas por el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Subcontratados para la Niñez y Juventud (SINTRASUB), los niños, niñas y adolescentes en lista de espera a nivel país ascendieron a 24 451. 

Para la trabajadora social del programa de reparación en maltrato grave y abuso, Scarleth Rodríeguez, “el problema es multidimensional. Es una realidad que el sistema no logra cubrir todos los casos. Para que eso no ocurra se requiere una mayor oferta programática y con ello incrementar el personal. La implementación de la nueva institucionalidad aumenta la fiscalización, y por tanto también se incrementa la carga laboral de las duplas psicosociales. Las cuales, ahora invierten más tiempo en funciones administrativas”. 

Por otra parte, para la abogada en infancia Valeria Bizama Bustos cree que para mejorar el servicio es «necesario ampliar la oferta programática para sus usuarios y entregar mejores condiciones laborales de los trabajadores, tanto de servicios de administración directa como de organismos colaboradores». Para la profesional el foco debe estar puesto en el restablecimiento efectivo de los derechos de niños y adolescentes, ya que en sus palabras «a la fecha el sistema no otorga esa garantía».

Por otro lado, la profesional de mejor niñez Atacama cree que el siguiente paso es  «posicionar y fortalecer el nuevo servicio, ya que su proceso de instalación ha sido lento y un poco accidentado por lo complejo que es cambiar estructuras. Con el fin de lograr incidir en la reducción de niveles de vulneración infantil a nivel nacional”.

La implementación de una nueva institucionalidad en niñez ha incrementado la fiscalización. El incumplimiento de su labor es sancionado como infracción grave al deber de probidad. Sin embargo, esta rigurosidad no ha mejorado la situación, desde dentro de la institución las denuncias han aumentado. Trabajadores y trabajadoras revelan que no se han solucionado los principales problemas provenientes del anterior sistema, sino que además se han profundizado temas de salud mental y carga laboral. Desencadenando eternas listas de espera en el Servicio y ahondando el abandono que existe hacia uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, las niñas, niños y adolescentes.

El abogado Carlos Aguayo comentó que la necesidad de transformación era necesaria, sin embargo no hay que ponerle prisas al asunto cuando existe falta de maduración en torno al tema. “El abordaje en materia de infancia y adolescencia vulnerada en sus derechos conlleva un cambio cultural y sistémico que necesita del despliegue de diversas estrategias y capacidades. Lo anterior no es algo inmediato, sino que requiere de tiempo, evolución del proceso y un aprendizaje continuo”, aseguró. 

Considerando que la división de cargos entre ambos organismos que se enfocan en la infancia requiere tiempo, lo fundamental es informar y colaborar en conjunto con las familias involucradas en esta realidad para una mejor adaptación. “En este entendido, la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia es un gran avance, junto con la promulgación de la ley de Garantías, en tanto se reconoce la labor de distintos actores y servicios en la materia, la mirada preventiva, pero más primordial aún la consideración y trabajo con y para las familias”, cerró.

La labor del Estado y privados

Cuando la pequeña Lissette Villa de 10 años falleció al interior de un centro asociado al Sename en Galvarino, el mundo político reaccionó al remezón de una realidad que era conocida, ya que lamentablemente existen más casos similares. Pero es por este triste hecho que se decidió realizar el cambio dentro del sistema en pro de los niños vulnerados, bajo el proceso que resultó en la creación de Mejor Niñez.

Con el paso del tiempo se espera implementar medidas como la apertura de más centros que acaparen la gran cantidad de niños y niñas que requieren atención. Existen dudas si el Estado ha actuado correctamente, lo que sí está claro es que ha tardado en llegar a ejecutar mejores labores, por lo que muchas personas han decidido actuar por sus propios medios.

Uno de estos casos es el de Fundación Abrázame, quienes realizan proyectos en conjunto con residencias de menores para su bienestar y apoyo. La Coordinadora General de Intervención y Voluntariado, Ignacia Humenyi, comenta que este tema no solo debe quedar en manos de un gobierno de turno, sino en la conciencia de la sociedad chilena para llegar a mejores reflexiones.

“Si bien, cada uno debe hacerlo desde su rol, efectivamente el Estado tiene un deber preponderante, más aún dados los instrumentos normativos internacionales que regulan esta materia y a los cuales Chile ha adherido, para prevenir, promover y proteger a los niños, niñas y adolescentes, sus derechos y evitar situaciones de vulnerabilidad”, dice la trabajadora social.

Otro punto que destaca Humenyi es la de la vinculación entre la educación con respecto al tema y las acciones que deben realizarse. La misión debe recaer tanto en lo que se hace como en lo que se requiere, para llevar adelante la tarea de balancear el peso del asunto que sobrepasa las capacidades del poder gubernamental.

“Más allá de que el Estado deba o no dar más herramientas, fundamental es la coordinación entre los actores involucrados, la especialización de quienes intervienen en la materia, el acompañamiento y supervisión de los organismos que gestionan espacios residenciales, la priorización de recursos, el salir de prejuicios hacia las familias y trabajar desde un enfoque de las capacidades y la educación”, comentó la coordinadora.

Los niños y niñas de Chile requieren un mayor apoyo en distintos espacios, existe una gran deuda que no solo puede ser reparada por quienes ostentan poder. Si bien Mejor Niñez lleva poco más de un año en funcionamiento, está claro que no será el final de una reestructuración profunda al sistema que vela por la infancia en nuestro país, el cual urge desde hace varios años.