Vivir en la metrópoli es contemplar grandes avances tecnológicos y urbanos, acceder a oportunidades laborales, entretenimiento y consumo. Sin embargo, la urbe que nos rodea también puede ser un obstáculo y una herramienta para la falta de empatía. La arquitectura hostil, tan presente e ignorada, discrimina entre las personas que pueden poblar los espacios urbanos y aquellas que no son deseadas.

Por Valeska Plaza y Patricia Castillo

Hay un agente silencioso invadiendo la localidad y segregando a la población. Si no miramos con atención es casi imperceptible, pero si nos dedicamos a observar el entorno es imposible dejar de verlo. Es un ejercicio simple: ¿qué problemas tienes al recorrer las calles? ¿Eres bienvenido en el espacio público? ¿Te sientes libre de explorar o quizás de solo sentarte y esperar?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su programa Hábitat para los Asentamientos Humanos, plantea que el núcleo urbano debe abrazar la diversidad y fomentar la cohesión social con un acceso equitativo a los servicios que ofrece, por lo que tiene que adoptar las medidas necesarias para combatir la discriminación. En otras palabras, es responsabilidad del Estado que sea un sitio de inclusión para todos los habitantes, sean permanentes o temporales.

Sin embargo, Pamela Prett, fundadora y directora de Ciudad Accesible, puede dar fe de que la urbe no fue construida con múltiples realidades en mente. Para ella, la simple acción de pasear o ir a comer a un restaurante es difícil, pero no porque dos de sus hijos se movilizan en silla de ruedas. Son las aceras con altas calzadas, los paraderos con mala conexión al sistema de transporte y los umbrales sin rampas las que no fueron edificadas para recibir a quienes viven con discapacidades. Estas estrategias de diseño han comprobado ser segregadoras, también afectan a mujeres, adultos mayores, ciclistas, personas desamparadas y los barrios que nos rodean.

Si bien la experiencia de Prett data de veinte años atrás, cuando había aún menos leyes de accesibilidad y apenas eran implementadas, el alcance y prevalencia de arquitectura desagradable es prueba de que, a pesar de todas las oportunidades que entrega, la localidad también puede ser limitante.

La ciudad en conflicto

La arquitectura hostil consiste en incorporar elementos a las urbes que limiten el desplazamiento e interacción de los usuarios. Eduardo Lagos, arquitecto egresado de la Universidad de Concepción, explica que ‘‘se da principalmente en áreas abiertas, controlados por entes privados o públicos, los cuales quieren tener manejo del tipo de actividades que se desarrollan en estos de una manera poco amigable’’.

Asimismo, el periodista Juan Pablo Garnham, radicado en Estados Unidos, indica que ‘‘en vez de generar ambientes de convivencia, promueven absolutamente lo contrario. De alguna forma echan a la gente, no permiten que habiten y se tomen el espacio como lo requieran’’. Esta estrategia puede pasar desapercibida, por ejemplo, los grandes maceteros próximos a las aceras son utilizados para delimitar rutas de movilidad. No obstante, también es notoriamente agresiva cuando se integran elementos desagradables como púas en las superficies o manijas en el mobiliario ciudadano. Garnham señala que ‘‘este diseño atenta contra las posibles funciones de una zona, nos obliga a solo darle una aplicación y desincentivar otras’’.

Este fenómeno ha ganado repercusión pública porque sus manifestaciones más descaradas segregan a los individuos sin techo. Lagos indica que los mayores perjudicados por el diseño defensivo son los desamparados, porque ‘‘ellos son quienes usan ciertas áreas con un objetivo diferente al que fueron dispuestos. Parques y plazas que están pensadas con fines recreativos los emplean para pernoctar’’.

Miguel Navarro, sociólogo de la Universidad de Deusto en España, en su estudio Las vivencias de las personas migrantes sin hogar, señala que “la dureza de la calle facilita el aislamiento social produciendo una deshumanización en el individuo, comprometiendo su dignidad y autoestima”. Esto incrementa si el sujeto es extranjero, ya que tiene que lidiar con más desventajas, sumando sentimientos que van desde la tristeza, temor y vergüenza; todo enmarcado con la situación económica que se ven condenados a sufrir.

Sin embargo, la implementación de la arquitectura hostil también responde a una problemática. La prevención del delito a través del diseño medioambiental (CPTED, por sus siglas en inglés) es una estrategia de cohesión e integración ciudadana que prioriza la seguridad y la reducción del crimen. Para esto utiliza iluminación, cámaras y la construcción de espacios que dificulten esconderse -como paraderos abiertos-. En el libro Unpleasant Design los autores Selena Savić y Gordan Savičić explican que estos elementos son acompañados por la intención de estandarizar el comportamiento de la gente, creando una división entre quienes pueden habitar la localidad y los que no.

El diseño basado en el privilegio

En La ciudad compartida: conocimiento, afecto y uso de María Ángeles Durán, se propone que el centro cívico ejerza voluntad sobre sus participantes. Si este reconoce las diversas necesidades de los usuarios, estos se convertirán en sujetos de derecho que tienen participación política, social, cultural y económica dentro y sobre el territorio. No obstante, si las metrópolis no integran a los grupos oprimidos, estos corren el peligro de ser invisibles.

Por esto el enfoque primario de Ciudad Accesible es hacer visible la hostilidad de la ciudad hacia las personas con discapacidades. La experiencia de Pamela Prett, quien lleva más de veinte años a la cabeza de la corporación, inició con frustración hacia la nula fiscalización de las normativas gubernamentales que debían regir la edificación urbana. En ese entonces, el decreto 40 debía asegurar el acceso a ascensores, rampas, estacionamientos y baños, problemas que siguen vigentes y a los que se han sumado nuevos desafíos.

Para Prett, el riesgo de la arquitectura hostil trasciende al urbanismo, ya que provoca la restricción de participación en todas las áreas de servicio y tiene consecuencias en el desarrollo humano de los usuarios. Ignacio Santi, alumno de Ingeniería Civil Biomédica en la Universidad de Concepción, se ha trasladado gran parte de su vida en silla de ruedas y está acostumbrado, pero expresa que “cada vez que me encuentro con un obstáculo que me impide desenvolverme, siento ese contraste con mis compañeros y me siento diferente a ellos. No en el buen sentido’’.

La mayor preocupación del estudiante es la falta de accesibilidad e inclusión en colegios y liceos. Desde su experiencia, algunos programas de estudios no reconocen las discapacidades, en especial en clases de educación física, resultando en exclusión. Además, menciona la falta de transportes adaptados: ‘‘La escolaridad se ve puesta en peligro por algo tan básico como poder desplazarte por la ciudad en la que vives’’.

La corporación propone un análisis holístico en la publicación Fichas Temáticas Accesibles, donde sugieren medidas de edificación basadas en los principios del diseño universal. Estos se basan en: igualdad de uso para todas las habilidades; flexibilidad, que tenga un amplio rango de funciones; simpleza, para usarlos de forma intuitiva; presencia de información comprensible adecuada para las necesidades visuales, sensoriales o físicas; protección de los posibles riesgos; baja necesidad de fuerza; además de espacios amplios que favorezcan el movimiento.

Bajo este concepto de edificación, los detalles urbanos no tendrían que adaptarse a requerimientos especializados, sino que ya consideran a todos los usuarios en el proceso de planificación y construcción. ‘‘No podemos resolverle el problema a una persona no vidente y generar otro a alguien que utilice silla de ruedas. Hay muchos tipos de discapacidades y muy poco conocimiento, no sólo en las consecuencias de la arquitectura hostil, también en la inclusión social’’, comenta Prett, ‘’el enfoque que estamos buscando siempre es que a través del diseño nadie quede excluido’’, añade.

Por otro lado, la plataforma Ciudad Feminista aborda la discusión desde un enfoque de género. Desde la organización son críticas hacia la disposición del territorio que se basa en un sujeto único y tipificado como varón, joven y sano. Patricia Retamal, académica participante de la agrupación, señala: ‘‘Hay una infraestructura urbana que provoca escenarios perfectos para que ocurra violencia impune hacia mujeres y niñas’’, como rincones poco iluminados y sitios eriazos.

Retamal explica que uno de los grandes propulsores de la inequidad urbana es el capitalismo, ‘’a propósito de la plusvalía del uso de suelo y del avance que ha tenido el mercado inmobiliario en la transformación del lugar donde vivimos’’. Este modelo económico pone la ganancia monetaria por sobre la calidad de vida y se expresa a través de las torres en altura y el cambio de la vivienda.

‘’Si estos proyectos no recogen el sentido común de los habitantes, más aún se invisibiliza a las mujeres por la omisión de la necesidad de espacios de cuidado, de intercambio, espacios seguros’’, comenta la docente, ya que la mera construcción de inmuebles pone en tensión la movilidad, tomándose las aceras y creando callejones oscuros que agudizan la vulnerabilidad.

Reclamando el derecho a la ciudad

En el clásico ejercicio de observación, Ana María ‘‘Mimi’’ Cavalerie, fundadora de la agrupación Barrio Oriente en Concepción, primero reconoció las cualidades positivas de su comunidad. La periodista considera que este sector es histórico, con sus hogares familiares que alcanzan un siglo, las calles de adoquines y las amplias veredas, además de la cercanía al centro, lo convertían en una residencia agradable para los vecinos.

Es por esto que el crecimiento precipitado de edificios y la consecuente pérdida del sol y el patrimonio urbano generó la creación del colectivo, ‘‘la zona cambió su composición y eso ha afectado de forma física y psíquica a todos los vecinos con los que hemos tenido contacto desde que partió esta hecatombe’’, comenta Cavalerie. Denunciar la arquitectura -y actitud- hostil se convirtió en una causa personal y actualmente participan en la plataforma Ciudad Constituyente, donde trabajan para incluir el bien común de la metrópoli a la redacción de la carta magna.

La periodista indica: “Al haber personas, naturaleza, administración y democracia concentrada en la urbe, automáticamente se debe contemplar que haya buena infraestructura para vivir mejor’’, como accesibilidad para personas discapacitadas, seguridad para mujeres y el descanso para desamparados, ‘‘el derecho a los espacios comunes debe ser otorgado porque toda la vida práctica de los pobladores ocurre en esta’’. El reconocimiento de la ciudad como un ente que engloba otras dimensiones humanas puede promover condiciones dignas para los grupos discriminados.

En el 2020, Barrio Oriente, junto a organizaciones vecinales, medioambientales y patrimoniales, participó en una declaración de principios para la planificación de zonas urbanas, situando el buen vivir de la comunidad como compás. Este razonamiento es parte de las Iniciativas Populares de Norma que presentan desde Ciudad Constituyente y sirven para pluralizar la entrada de artículos a la Convención.

La arquitectura hostil sobresale en esconder las problemáticas que aquejan a los ciudadanos, creando incluso más dificultades en el camino. Para los activistas de la ciudad, incluir los núcleos urbanos a los procesos democráticos es la forma más factible de reconquistar el hábitat y asegurar la inclusión de los grupos discriminados. Juan Pablo Garnham indica que ‘’hay que avanzar en la comunicación para resolver problemas, más que taparlos con una piedra y no tener esa conversación’’. 

Es imperativo entrenar el ojo y reconocer los detalles de nuestro entorno que tal vez no nos dañan directamente, pero sí están impactando a quien tenemos al lado y al bien común de la sociedad. Recuperar el espacio es un ejercicio cargado de empatía y cuando nos hacemos conscientes del diseño desagradable que nos rodea, no podemos seguir ignorándolo.