La aplastante victoria del rechazo de la propuesta de nueva Constitución fue, indudablemente, un vuelco inesperado en la historia. Sin embargo, más sorprendente aún es saber que dicha opción se impuso en todas las comunas con alta población indígena.

Las cifras hablan por sí mismas. En Alto Biobío, donde el 84,20 % de la población es indígena, el 70,75 % de los votos fue para el rechazo. En Tirúa, la misma preferencia se impuso con el 77,25 % de los sufragios, mientras que el 70,40 % de sus habitantes pertenecen a algún pueblo originario. Lo mismo pasó en Galvarino, Cholchol, Saavedra y en varias otras zonas de similares características demográficas.

Como contrapunto, el proyecto de Constitución rechazado ofrecía un reconocimiento expreso de los derechos políticos de los pueblos y naciones indígenas, aspecto que está ausente en la carta magna vigente.

Entonces, ¿De qué manera se puede explicar este fenómeno? ¿Cuál es la visión de las comunidades mapuches ante este proceso constituyente?

La percepción de las comunidades

Un elemento fundamental para entender por qué ganó dicha opción entre las comunidades, se centra principalmente en la falta de una representación que pudiera aunar todas las voces, como también la necesidad de una efectiva autonomía respecto a los territorios.

Segundo Suárez Marihuan, lonco de la comunidad indígena Malla Malla del sector Alto Biobío, afirma que tanto el proceso constitucional como el proyecto de justicia indígena no representó en lo absoluto a su comunidad. Para ellos, el hecho de ser representados en la Asamblea Constituyente no significa que ellos fueran la voz de todas las comunidades, que sólo buscan autonomía y recuperación de los territorios que les fueron usurpados a mano del Estado.

De hecho, Suárez indicó que: “ese proyecto de multiculturalidad fue una estrategia para distraernos, nosotros no estamos con esa idea, con ese tecnicismo, lo que queremos realmente lograr es la liberación de la nación mapuche, no eso que presentaron los constitucionales”, señaló.

Adicionalmente, recalcó que una de las dificultades que enfrentan es que el actual gobierno  no ha accedido a generar los espacios correctos de diálogo para poder entender fuera de una norma occidental el sistema político mapuche, el cual posee sus propias normas de representación.

Más allá de este punto, Suárez no se sorprende por las medidas que ocurrieron previo al plebiscito de salida, específicamente con la detención de Hector Llaitul, quien había expresado públicamente su completo rechazo al proyecto. Para él no es sorpresa que el gobierno realice estos “actos de desesperación”, los cuales, informó, no consiguen desalentar a las comunidades de cesar sus actividades revolucionarias.

Una postura similar comparte Javier Andres Cayumil, estudiante de derecho perteneciente a la comunidad Vicente Reinahuel en Temuco desde hace ocho años. Según su parecer, este intento para generar una nueva oportunidad de convergencia entre el Estado chileno y el pueblo mapuche es un resultado fallido de compatibilizar dos sistemas políticos completamente distintos.

Cayumil menciona que, hasta ahora, el gobierno ha mantenido políticas de asistencialismo pero nunca ha tenido la visión de ver a las comunidades mapuches como un sujeto político, no sólo en la Convención Constitucional sino que incluso aún por las medidas adoptadas.

Respecto a la posibilidad de un nuevo proceso constituyente, especialmente en las políticas en apoyo al pueblo mapuche, el lonco Segundo Suárez menciona que no lo apoyará hasta que exista una verdadera intención de hablar con las colectividades y, sobre todo, con sus verdaderos representantes.

Por su parte, Cayumil indica que en el caso de una nueva convocatoria, donde se quiera involucrar a sus pares, es necesario que las diferentes agrupaciones estén de acuerdo entre sí y, además, hagan un llamado a la participación de todos quienes las componen, en contraposición a sólo designar un representante para la política nacional.

La perspectiva de la academia

Una perspectiva complementaria es la que ofrece el sociólogo Robinson Torres y el historiador del Centro de Estudios Culturales e Indígenas (CIIR), Fernando Pairican. Con sutiles diferencias, ambos académicos plantean que bajo las dificultades para avanzar en el reconocimiento expreso de los derechos humanos, políticos y sociales de los pueblos indígenas, hay un problema de racismo que apenas alcanza a ser solapado.

Además, también concuerdan en que el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado tiene sus raíces en el colonialismo, siendo una pugna de larga data marcada por intentos de establecer el diálogo entre ambas partes y, asimismo, por el recrudecimiento de la violencia a partir de la confusa muerte de Matias Catrileo en 2008, en medio de la administración de Bachelet. Por último, el empobrecimiento sistemático del mundo indígena también ha sido un punto de tensión, por sus implicaciones socioculturales.

Torres sostiene que los intentos por incorporar los derechos indígenas en la legislación se puede rastrear 30 años atrás, cuando el presidente Aylwin, en el encuentro de Nueva Imperial, prometió a las comunidades el reconocimiento constitucional, el cual fue rechazado en el Congreso.

Por lo mismo, asevera que los desafíos han sido constantes, reflejando que la sociedad chilena tiene “un tema de racismo estructural, que es la matriz colonial a nivel nacional e incluso a nivel continental, que ha impedido reconocernos a nosotros mismos con una raíz originaria”.

Pairican, por su parte, complementa esta definición y señala que “la construcción de un Estado en la Araucanía tiene una lógica de un profundo colonialismo, donde se ha instalado en el territorio con el objetivo de chilenizar (sic) al mundo indígena”.

En la misma línea, señala que el proceso constituyente “mostró la capacidad del movimiento mapuche de actuar, participar y plantear todos estos derechos que están a nivel internacional, pero que el rechazo te da cuenta de que los límites para eso siguen estando muy marcados por el racismo”, puntualizó.

Ahora bien, cuando se trata de describir la razón que podría explicar el comportamiento electoral de los pueblos mapuches, los investigadores plantean tesis diferentes.

Para Robinson Torres, tiene relación con las demandas de autonomía sobre el territorio que habitan y el artículo tres del proyecto rechazado, el cual establecía que Chile es un Estado unitario e indivisible. Cita las palabras de la lonco Juana Calfunao, quien tomó de referencia esa definición como argumento para sostener que, ante la entrada en vigencia de ese marco jurídico, sería correcto señalar que “definitivamente se usurparán los territorios”.

Ese argumento contiene la reflexión principal del sociólogo. Menciona que desde el triunfo del rechazo y a raíz de su comportamiento electoral, a menudo los mapuches son comparados con la derecha política chilena. Sin embargo, bajo su perspectiva, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pues las razones son muy diferentes, porque “el pueblo mapuche se opone, o por lo menos el movimiento autonomista donde está la CAM, porque en realidad significa ceder territorios, lo que ellos nunca han firmado desde la colonia”, observa.

Por último, señala que no reconocer a los pueblos originarios “es negar la realidad” de las regiones del país. En consecuencia, la solución implica que el gobierno exprese su voluntad a mantener una actitud dialogante con respecto al conflicto, sus implicancias y sus líderes, siendo coherente entre lo que comunica y lo que hace.

Para Pairican, sin embargo, lo que pasó no fue algo extraño, aunque al resto de la sociedad le puede parecer que sí. Según su planteamiento, es una de las cosas que pueden suceder en medio del camino en la búsqueda del reconocimiento de derechos colectivos.

El historiador del CIIR arguye que la clase política no es sincera y que no manifiesta “una intención real de resolver el conflicto, que siguen primando prejuicios y opiniones de carácter muy racista”, puntualiza.

En su carácter de historiador, reconoce que efectivamente se han llevado a cabo intentos por dar una solución a partir de un reconocimiento oficial, pero no de derechos políticos, lo que significa reconocimiento de la autonomía y que el mundo indígena pueda ser parte de la toma de decisiones”, señala.

Ahora, observa que el movimiento está muy dividido y que las nociones separatistas son minoritarias. Además, argumenta que “la votación del rechazo da cuenta que el mundo mapuche tampoco está muy de acuerdo con los derechos indígenas”, y que de alguna manera buscan ser reconocidos como chilenos. Sencillamente, “en la hora de la práctica, el pueblo mapuche demostró que no está de acuerdo con ninguno de esos derechos, como el derecho a la autonomía o el de plurinacionalidad”, destaca.

En consecuencia, señala que las diferentes líneas de acción de cada facción del movimiento mapuche no sólo afectan la integridad del plan común que persiguen, a la vez que demuestran debilidad “ante un adversario más cohesionado, en este caso, la derecha”.

La otra mirada del resultado del plebiscito

Si bien muchos de los objetivos políticos internos del pueblo mapuche fueron los causantes del rechazo a la propuesta constitucional, también hay que considerar el lado de las víctimas de atentados por parte de grupos extremistas, los cuales sufren las consecuencias de la violencia desatada entre ambos bandos.

Fernando Fuentealba, presidente de la Federación de Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur, afirma que lo ocurrido el cuatro de septiembre fue el regreso al sentido común y a la cordura, ya que, en su opinión, el país necesita que las autoridades se preocupen de las otras grandes preocupaciones, tales como delincuencia, desempleo y la inflación económica.

En sus palabras, expresa que “ese mamarracho de proyectos que presentaban en la Convención tenían muchos rasgos de separatismo e indigenismo radical, que no aportaba en nada a la convivencia de los chilenos, esto de darle más auge a las minorías es un error que no se puede cometer en cualquier democracia sana en el mundo”.

Además, expresó que no es el momento para insistir en un nuevo proyecto, ni mucho menos gastar grandes recursos monetarios que pueden dirigirse a la reparación de viviendas, escuelas e incluso centros asistenciales. En la misma línea, espera que en el largo plazo sus voces sean escuchadas por las autoridades y así, ojalá, tengan una voz que los acompañe en la posible nueva  convocatoria.

Intentamos contactar con el ex constituyente Adolfo Millabur para poder conocer un poco sobre el resultado del plebiscito y que significó tanto para él como también para sus compañeros, pero solo obtuvimos un frío mensaje señalando que su opinión está disponible en un artículo del rechazado proyecto constitucional:

“El Estado reconoce y garantiza, conforme con la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”.

(Artículo 79, propuesta de Constitución rechazada).

Reportaje de Josefina Caerols y Manuel Rosales