Durante el presente 2022 se ofreció a la población un borrador de constitución producto de la Convención Constitucional elegida por votación popular. Sin embargo dicho texto fue rechazado por la ciudadanía en el plebiscito de salida. Pese a esto la necesidad de una nueva carta magna continúa siendo tangible y discutida. ¿Cómo será el nuevo proceso?

Una de las demandas sociales históricas que ha aclamado la ciudadanía en las calles de Chile en las últimas décadas, tras el retorno a la democracia en 1990, es una reforma constitucional desde sus propias bases. Modificar la carta magna, la ley fundamental, que rige al país, redactando una nueva, más democrática y dejando atrás aquella legada por la dictadura militar de Augusto Pinochet, fue la agenda que se tomó la política chilena tras el estallido social acaecido aquel abrumador octubre de 2019. 

El “Acuerdo por la Paz” fue un consenso al que llegaron la mayor parte de los partidos políticos, dejando atrás ideologías y confrontaciones, para responder a aquella necesidad que la gente gritaba en las protestas que se dieron a lo largo y ancho del país. Este pacto significó un remezón político que se materializó en un proceso constitucional agitado, rápido y desarrollado en plena pandemia, en donde la crisis sanitaria hacía lo suyo con la economía. 

Fue así como el 25 de octubre de 2020 se llamó a la ciudadanía a las urnas a escoger si quería o no una nueva constitución, y de ser así, cuál era el mecanismo por la que sería escrita: una Convención Mixta (50 % de parlamentarios y 50 % de miembros elegidos popularmente) o una escogida mediante voto en su totalidad. En esta instancia democrática, denominada plebiscito de entrada, el 78 % de la población que acudió a votar escogió la opción de elaborar una nueva carta magna. El órgano elegido para su redacción fue la Convención Constitucional 100 % electa, alcanzando un 79 % de los votos. 

Así entonces el proceso comenzó su marcha, capturando el interés de gran parte del mundo, destacándose por ser una Convención con representación de pueblos originarios y siendo la primera en el globo con paridad de género. En una votación históricamente extensa, en donde sufragar significaba escoger a los convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales en todo el territorio nacional, salieron 155 integrantes de la Convención Constituyente electos de distintos espectros políticos y representantes de todas las regiones del país.

Sin embargo, fueron distintas las polémicas que ensuciaron el proceso, alejando cada vez más a la ciudadanía que, atónita, no entendía lo que sucedía en el ex-Congreso Nacional. Sin necesidad de concluir que esto haya sido un condicionante para el resultado del plebiscito de salida, fue el cuatro de septiembre de 2022 cuando el pueblo chileno dio a conocer su disgusto con la Convención constitucional y el trabajo realizado traducido en la propuesta de nueva constitución. Más del 61 % de la población escogió la opción rechazo a una nueva ley fundamental. Siendo el oficialismo defensor y promotor de este proceso, esto significó un golpe durísimo para el Gobierno actual.

            El precedente marcado por el amplio triunfo del rechazo ha sido analizado desde multitud de perspectivas. Danilo Herrera, cientista político, asesor en políticas públicas en la Intendencia de Santiago y el Ministerio de Educación, quien realizó exhaustivo seguimiento a la Convención Constitucional desde el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue categórico en apuntar el hito como la mayor derrota de la izquierda nacional. “El resultado fue impresionante y tiene algo que decir que el voto haya sido de naturaleza obligatoria. Con lo que nos tenemos que quedar como ciudadanía, y también la clase política, es que no gustó el texto ofrecido por la Convención. Desde ahí tiene que trabajar”, declaró. Además, el experto en política sostuvo que los ciudadanos, en efecto, quieren una nueva constitución que, a diferencia del anterior, sea representativa.

La voz de los exconstituyentes

En el mismo sentido, el exconstituyente Luciano Silva por el partido Renovación Nacional declaró que el resultado del plebiscito de salida se traduce como el rechazo de la población a la constitucionalización de las ideologías identitarias de carácter personal. “Me refiero, por ejemplo, al hecho de que quisieran hacer una constitución feminista, ecologista, indigenista o del mundo de las diversidades sexuales. Estas causas son legítimas, sin duda, pero sólo para algunos y no para toda la población”, aclaró. Para Silva lo que impulsó a la población a optar por la opción rechazo fue la poca preparación de alguno de los convencionales, también el extremismo. “El caso de Rojas Vade y el octubrismo promovido por algunos, fueron algunas de las cosas que la gente rechazó”.

            Por otro lado, Bastián Labbé, exconstituyente independiente, reconoce que existe una multiplicidad de factores que decantaron en el resultado del cuatro de septiembre. “Quedó en evidencia que el texto no le hizo sentido a la gente, no les convocó el proceso o derechamente no les gustó cómo se llevó a cabo. Y esto es parte de los aprendizajes que debemos sacar”, comunicó. Reconoció además que la presencia de noticias falsas fue el mayor enemigo de la Convención y del texto borrador en sí. “Hubo una campaña desmedida de fakes news, nadie la controló. Esto hizo que la gente se alejara del texto, de su adecuada comprensión y de cómo informarse. Esto fue uno de los muchos factores que incidieron en la victoria del rechazo”.

Un nuevo acuerdo constitucional

Hace algunos días atrás y después de mucha discusión, la agenda política se volvió a remecer por este proceso extenso, que pareciera estar lejos de cesar. Parlamentarios de distintos partidos y movimientos políticos firmaron el “Acuerdo por Chile”, haciendo énfasis en la presente necesidad del pueblo chileno de cambiar la Constitución actual. Este acuerdo constitucional, a diferencia del anterior, contiene una comisión de expertos, escogidos por el Congreso Nacional. Lo firmado por las más importantes fuerzas políticas, y respaldado por el Gobierno, propone una reforma que presentará las bases para un nuevo proceso constituyente. Según lo previsto, esta Convención estará compuesta por 50 integrantes escogidos de manera democrática, además de otras identidades que velarán por el buen funcionamiento de ésta, pretendiendo así, solucionar urgencias sociales y evitar errores cometidos por la Convención anterior.

            La portada del periódico La Segunda, el pasado 14 de diciembre, sugería nuevos rostros para la comisión de expertos. Entre los nombres que resonaban estaba presente el de Christopher Martínez, administrador público de profesión, académico de la Universidad de Concepción y doctor en ciencia política por la Universidad de Loyola, Chicago. Martínez declara que este nuevo proceso en el que se está trabajando es parte del aprendizaje, que, incluso tiene críticas de la gente que firmó el acuerdo, mencionando que se reevaluará. “Llegamos acá por un tema de rumbo-dependencia, por las cosas que se hicieron, y las que no. Tuvimos la Convención porque la propuesta de la expresidenta Bachelet quedó durmiendo en el Congreso. Y llegamos a este nuevo acuerdo por el fracaso estrepitoso de la Convención Constituyente”.

El Gobierno y una nueva constitución

El rol que juega el Gobierno en este nuevo proceso, según los expertos, debiera ser neutro y mantenerse al margen, al igual que el expresidente Piñera en el anterior. Difícil posición para el presidente Boric por la propia posición política e ideología que se defiende desde el oficialismo. El diputado Jaime Sáez de Revolución Democrática menciona que el Gobierno debe jugar un rol de garante del nuevo proceso. “El presidente debe dedicarse a gobernar, y quienes sean elegidos para llevar adelante este nuevo pacto, deberán hacerse responsables. En esto, los partidos políticos, también tendrán que asumir una responsabilidad mucho mayor, que no asumieron en la Convención pasada”, declaró el parlamentario.

Lo que ahora procede es una reforma constitucional que presentará el acuerdo de las fuerzas políticas. Cuando esto sea aprobado, el Congreso tendrá la compleja misión de escoger a la comisión experta compuesta por 24 personas. Ellos redactarán un anteproyecto para que sirva de guía a los convencionales electos encargados de la creación de una nueva propuesta de carta magna. El calendario es bien acotado, con justa razón, pues, irremediablemente, se tomará en consideración todo el trabajo realizado con anterioridad . Probablemente, este nuevo año, que está a la vuelta de la esquina, nuevamente los ciudadanos acudan a las urnas más de una vez para poder hacer efectivo el mandato entregado a las autoridades políticas aquel lejano 20 de octubre de 2020.

Por Leonardo Paredes y Sergio Hinojosa