Durante el último tiempo en Concepción se han registrado reiterados casos de acoso hacia mujeres en el transporte público, específicamente en las micros. El pasado 15 de marzo, sin ir más lejos, se viralizó un caso en el que se grabó a un conductor de una micro compartiendo una foto de una pasajera mientras conducía. Este hecho se suma al largo historial de incidentes de esta índole.

Los últimos datos del Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC), muestran que alrededor de nueve de cada 10 mujeres han sufrido acoso en transporte público. Un ejemplo es el caso de Francesca, de 25 años, quien declaró que tuvo un encuentro desagradable durante sus años de enseñanza media, en el que observó a un hombre “masturbarse” en la micro. “Me hace sentir bastante incómoda y vulnerada”, declaró.

A pesar de este dato, son pocos los registros de denuncias formales, cosa que, a ojos de algunos, puede desvirtuar las cifras. Sin embargo, la razón de esta diferencia tiene una explicación bastante desalentadora.

Penas muy bajas

Esta razón, es que la mayoría de las veces que se efectúan las querellas correspondientes, estas no llegan a mucho. Bien lo relata Marcela, usuaria de las micros de Concepción que registró e increpó a un conductor por acoso. Marcela cuenta que la denuncia le resultó frustrante, pues, aunque el protocolo fue claro y recibió apoyo durante el transcurso, le hicieron saber desde el primer momento desde el SERNAMEG que estos casos se reducen a multas y resulta complicado conseguir una pena mayor.

“Tampoco se habla si la persona se desvincula o puede seguir trabajando como si nada. Pero de sanción, cero. Como una multa, y era”, manifestó.

A esto se le suma que, para buscar una pena mayor, el proceso se alarga demasiado. Es necesario ir a la fiscalía en reiteradas ocasiones, constatar lesiones, identificar al victimario y a continuación, seguir asistiendo a citas con la fiscalía para investigar el caso y describir el suceso cada vez que asista al ministerio público.

Esfuerzos del seremi por mejoras

Camila Contreras, seremi de la mujer y equidad de género, destaca que se ha avanzado mucho con respecto a años anteriores, pero no olvidan los latentes desafíos que aún presenta la perspectiva de género. Desde el Seremi cuentan que su mayor trabajo se limita a educar e informar a los usuarios del transporte público y en menor medida a los trabajadores. No obstante, para que, por temas de los tiempos de los trabajadores y exigencias de los empleadores, resulta difícil ofrecerles capacitaciones. Igualmente, mantienen una postura crítica ante las penas a los infractores de estos delitos y reconocen que podrían ser más duras. Paralelamente tienen una visión muy clara en la que anhelan inculcar que la sociedad vea estos hechos como delitos graves, y se dejen de apreciar como simples faltas a las buenas costumbres.

El crecimiento de la bola de nieve

Callejeras Autoconvocadas es una organización feminista que recibe a diario testimonios de víctimas en el transporte público, que es una de las formas más complejas de abordar debido a la ambigüedad en la investigación de los casos y que por lo general los posibles testigos no se comprometen con la causa de fiscalización.

Casi la totalidad de los relatos de mujeres que se refieren a este tema, resaltan la necesidad de mejorar el proceso de denuncia y el resguardo a la víctima. Cuando se consuma una denuncia, generalmente la víctima tiene que relatar el hecho en varias ocasiones, produciendo una mayor afectación por el daño ya recibido. Además, Araceli Alvial, participante activa de “Callejeras”, destaca la ausencia de espacios de contención y denuncia en las instalaciones de transporte público; como pudieran ser los paraderos y las estaciones de Biotren, mientras que en Santiago ya se han establecido esta clase de lugares en las instalaciones del metro. Menciona, además, que ellas están profundamente preocupadas por los casos de acoso y abuso en el transporte público. “Percibimos este lugar como altamente violento y creemos que las autoridades competentes han ignorado esta problemática en lugar de abordarla y tomar decisiones concretas”.

Ausencias de espacios

Araceli piensa que se necesitan más instancias de diálogos sobre el tema. Según ella, son pocos los espacios en los que las agrupaciones feministas pueden aportar en las instituciones gubernamentales, o en protocolos de acompañamiento y de denuncia.

“Dentro del sistema patriarcal del Estado debería existir la posibilidad de preguntarle a las mujeres de agrupaciones y colectivas feministas su opinión como profesionales respecto a ciertos protocolos, que no se ha hecho”, añadió.

Callejeras Autoconvocadas comparte además la preocupación respecto a los protocolos que maneja Carabineros de Chile con relación a este tipo de denuncias. En palabras de Araceli, “el cuerpo de Carabineros no está preparado para abordar adecuadamente la violencia de género, y en muchos casos exponen a las víctimas a cuestionamientos e invalidaciones, y también a la revictimización (…) que tengan que relatar el hecho y volver a contarlo, y volver a contarlo…”.

Avances en la ley con sus complicaciones

En 2019 a través de la Ley 21.153 se realizó una modificación en el código penal, en los diferentes artículos con sus respectivos incisos. En ese momento, se definió en detalle qué es y cuándo se comete acoso sexual. También se detallan las multas a quienes infrinjan la ley. Con esta modificación, quien grabe, filme o fotografíe imágenes sin el consentimiento de la víctima, se castigará con pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

Como se ha hecho saber, se ha avanzado mucho los últimos años en materias de género, hay leyes claras, no obstante, bien lo decía la seremi de la Mujer “es necesario que las denuncias y los juicios para estos casos se lleven a cabo bajo la perspectiva de género, resguardando a la víctima y considerando que hay que tratar con sumo cuidado estos casos”. Callejeras Autoconvocadas piensa que, para garantizar la seguridad en el transporte público es crucial implementar una serie de protocolos y herramientas que sean efectivas, incluyendo espacios de denuncia y de contención. También sugieren que esto se acompañe de campañas de sensibilización dirigidas a usuarios y trabajadores, y capacitación periódica del personal.

Un problema urgente de tratar

Por desgracia, muchas veces se infravalora el daño que ocasionan estos sucesos en las victimas. La psicóloga Fernanda Vidal, dedicada a temáticas relacionadas con la violencia de género, afirma que, a nivel emocional y psicológico, las consecuencias a corto plazo son el miedo y ansiedad asociados a tener que volver a ocupar el transporte público ya sea para movilizarse al trabajo o a la universidad. También explica que la gravedad de las consecuencias tienden a depender de la gravedad del episodio ocurrido, y de los antecedentes previos de violencia sexual que pueda tener la víctima en cuestión.

“En caso de haber vivido otras situaciones violentas en el pasado, las consecuencias van desde el miedo a exponerse a salir, a incluso no confiar en los hombres, inseguridad en sí mismas, y problemas de autoestima” explicó Fernanda. “Junto con ello, a largo plazo las revictimizaciones hacen que el proceso de terapia se complejice muchísimo más, y las pacientes se cierran a seguir con la terapia por el dolor que implica el ir avanzando y a la vez viviendo nuevas revictimizaciones”.

En cuanto a herramientas para ayudar a las víctimas que sufren de abuso sexual en las micros, Fernanda dice que podría servir el visibilizar este tema en redes sociales y con ello que la sociedad tenga más conocimientos sobre cómo poder ayudar en esos momentos si ven a una víctima. “También el enseñar estrategias de contención emocional en grupos de mujeres que quieran aprender sobre ellas en caso de presenciar alguna situación así en la calle, o en el transporte público”, cerró.