El sistema educacional muestra una realidad que las normativas no están reflejando. A pesar de la búsqueda de escuelas más inclusivas, docentes y estudiantes son expuestos a un cambio para el que las herramientas no parecen idóneas.

“Noté ciertas señales en Colomba antes de los dos años. Al principio, distintos profesionales decían que era regalona y eso fue muy desgastante”, relató Ana María Tapia, madre de una niña de siete años diagnosticada con autismo nivel dos. Su historia comenzó buscando darle un nombre a lo que estaba viviendo, pero se encontró con varios desafíos en el camino. Actualmente, esta madre siente un avance en la inclusión, pero advirtió que “el desafío está en que la normativa se implemente de manera efectiva”.

En marzo de 2023 se promulgó la Ley 21 545, que define y establece los derechos de las personas con trastorno del espectro autista (TEA). Determinando a la vez las responsabilidades del Estado para promover su inclusión en ámbitos tanto social como de salud y educación. 

Preparación para enfrentar la ley en el aula  

Uno de los mandatos específicos en el sistema educativo que posee esta normativa, es la formación y acompañamiento destinado a los funcionarios. Es decir, la obligación que se establece de capacitar a los profesionales y asistentes, para que puedan dar respuesta a las necesidades de los estudiantes autistas.

Sin embargo, esto se contradice con los diferentes testimonios que comparten los docentes, que a dos años de la implementación de la ley, afirman que no existe un apoyo estatal para contar con las herramientas suficientes. “El decreto 83 establece que los profesores debiesen saber tratar con la diversidad dentro del aula, pero nosotros no tenemos ninguna formación para trabajar con estudiantes autistas. Lo que yo hago como profesora diferencial es leer, estudiar y realizar cursos, pero todo por mi cuenta”, señaló Carla Contreras, coordinadora del Programa de Integración Escolar (PIE) en un establecimiento educacional público. 

Lamentablemente, esto refleja la distancia entre lo que la ley instala como exigencias y la condiciones que se entregan para cumplirlas. De tal forma, afectando a docentes y estudiantes al momento de implementar la inclusión.

Más allá de adaptar los contenidos

En su artículo 19, la Ley TEA, complementa las normativas vigentes, respecto a las adecuaciones curriculares para estudiantes. No obstante, a la vez establece que se desarrollarán acciones permanentes de acompañamiento en la implementación y actualización de proyectos educativos inclusivos. Es decir, busca adaptar los contenidos, requiriendo que cada estudiante pueda ejercer sus derechos de acuerdo a su nivel de desarrollo.

Estas estrategias mandatadas por la ley, contrastan con lo que ocurría en el sistema educativo hace algunos años. “Al matricularlo, no hubo preguntas que tocaran el tema. No consideraron necesarias metodologías diferenciadas y además los profesionales no tenían información suficiente para trabajar con los alumnos TEA”, recordó Ingrid Bustos, madre de un joven autista que ingresó al sistema escolar antes de la implementación de la normativa.

A pesar de que el escenario inclusivo ha avanzado, la aplicación de estas adecuaciones parecen aún no ser suficientes. “El proceso de buscar colegio fue un gran desafío. Me encontré con prejuicios, falta de información, y también con miedos por parte de los equipos educativos”, señaló Tapia. 

Proceso formativo junto a las familias

Las familias de los estudiantes son un pilar fundamental dentro las comunidades educativas. Por ende, la Ley 21 545 establece que los apoderados tienen derecho a ser informados y acompañar el proceso de formación. Para ello, contempla la creación del Plan de Apoyo Educativo y Conductual (PAEC), documento individualizado para cada estudiante del espectro autista, con el objetivo de apoyar su desarrollo de forma colaborativa entre el establecimiento y la familia. 

El PAEC incluye información respecto a las habilidades, intereses y detalles sobre las posibles desregulaciones del estudiante. En torno a este último aspecto, el documento señala los gatillantes y qué funcionario debe realizar la contención. Considerando declaraciones juradas por parte de los apoderados para autorizar acciones físicas en casos de agresión a terceros o a sí mismos. 

“Se supone que la familia es quien más lo conoce”, reflexionó la profesora diferencial, destacando la participación de apoderados y tutores en el proceso de inclusión de los estudiantes. Sin embargo, la falta de equipos especializados, tiempo y formación sigue dificultando que los establecimientos desarrollen un acompañamiento real. “No hubo representación suficiente de los docentes en el proyecto de ley para respaldar que tuviéramos las herramientas”, concluyó Contreras. 

La ley TEA permitió visibilizar los espacios inclusivos limitados con los que cuentan las personas con trastorno del espectro autista. No obstante, la puesta en marcha de la normativa en educación ha demostrado que las exigencias superan las capacidades reales del sistema. El desafío es conseguir una transformación efectiva mediante la preparación adecuada de las comunidades educativas.