El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) fue anunciado en 2023. Sin embargo, su entrada en vigor aún genera incertidumbre en las organizaciones ambientales de la zona. La falta de información clara, la desconfianza en las instituciones públicas y la búsqueda de una identidad productiva regional son algunas de las complicaciones.

Por Montserrat Serra y Kevin Valdés

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De acuerdo con datos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), la ley 21600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), fue promulgada el 21 de agosto de 2023. Esta legislación tiene por objetivo “la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas”. Así se indica en la BCN.

Y es que, según declaraciones del seremi del Medio Ambiente del Biobío a Diario Concepción, se proyecta que esta modalidad de conservación entre en funcionamiento en marzo de 2026. Este servicio viene a consolidar la institucionalidad ambiental en el país. Sin embargo, aún persisten muchas dudas sobre cómo se ejecutará esta nueva normativa en el territorio regional.

Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) indica que esta nueva institución se trata de un servicio público que velará por la preservación de la biodiversidad. Además, la ley añade el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), una entidad única conformada por todas las áreas protegidas en el país.

Pablo Pinto, seremi del Medio Ambiente del Biobío, declaró que todas las áreas que actualmente tienen una categoría de protección no perderán su clasificación con este nuevo sistema.

“El SBAP viene a unificar las acciones de las distintas instituciones, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que tenía tareas muy diversas. Esto también va a permitir modernizar y facilitar la gestión de los ecosistemas protegidos”, comentó Pinto.

Y es que las zonas de conservación se encuentran repartidas en cinco ministerios diferentes. El Ministerio del Medio Ambiente gestiona los lugares marino-costero, custodia los santuarios de la naturaleza y fiscaliza el sistema. El Ministerio de Bienes Nacionales se encarga de los bienes nacionales protegidos.

Por otro lado, el Ministerio de las Culturas administra los santuarios de la naturaleza mediante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). El Ministerio de Economía gestiona los parques y reservas marinas a través de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) y el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). Por último, el Ministerio de Agricultura administra áreas protegidas a través de Conaf.

La autoridad regional agregó que ahora el gran desafío es organizar todos los entornos naturales en las nuevas categorías propuestas por el servicio.

“De la clasificación más alta a la más baja las nuevas denominaciones son Reserva de Región Virgen, Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional, Área de Conservación de Múltiples Usos y Área de Conservación de Pueblos Indígenas”, aclaró el seremi.

Más funciones y sanciones

Mayores multas, extinción de permisos y prohibición de ingreso. Esas son algunas de las nuevas penalizaciones que explicó María José Contreras, abogada especialista en gestión de la sustentabilidad y medio ambiente.

Contreras señaló que las multas pueden llegar hasta las 15 000 unidades tributarias mensuales (UTM), además de regular de forma más estricta ciertos espacios.

“Dentro de las atribuciones novedosas que tiene el SBAP es que puede entregar permisos y limitar todas las acciones que se quieran hacer dentro de ese espacio natural. Es decir, se pueden alterar físicamente los lugares, pero si no se cumple con lo establecido por el servicio, se pueden desautorizar las atribuciones otorgadas”, detalló la abogada ambiental.

Falta de conocimiento en la ciudadanía

Si bien las autoridades y la ley indican que este cambio es para mejor, los dirigentes de distintas organizaciones ambientales reclaman que la información no es clara.

“Tenemos muchas dudas. Yo creo que la idea en sí era buena. Unificar los ministerios para una mejor coordinación. Es sobre eso que tenemos muchas preguntas”, declaró Luisa Valenzuela, presidenta del Comité de Defensa y Restauración del Humedal Vasco da Gama-Chimalfe.

Valenzuela agregó que la información que les han entregado no es clara y no especifica bien las nuevas áreas protegidas.

“En papel suena todo lindo, pero en la práctica es totalmente distinto. Sabemos que hay algunas categorías van a desaparecer sí o sí. Y la desconfianza es mayor ahora con la tramitación de la ley de permisología”, expresó la presidenta del comité ambiental.

Al respecto, la dirigente también criticó la falta de resultados concretos por parte de las instituciones ambientales. Esto se debe a que, después de tres meses de la clausura total del vertedero ilegal en el humedal urbano Vasco da Gama-Chimalfe, el sitio prioritario para la conservación sigue siendo rellenado.

“Para los del ministerio dicen que es fabuloso, pero para los que trabajamos en proteger y cuidar estos espacios no vemos que sea tan favorable. Al final van a inyectar recursos y quien administre se encargará. Ya hemos visto que cuando algún programa o algo inyecta recursos todos quieren sacarle algo. Hay mucha desconfianza”, concluyó Luisa Valenzuela.

Desde la Red de Humedales del Biobío también ven con recelo este cambio. Desde la organización indicaron que medidas como el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío propone expandir la superficie forestal y dar incentivos al desarrollo de esta actividad, construir carreteras sobre áreas naturales y protegidas, instalar proyectos mineros a pocos metros de la ciudad, etc.

“Todo esto hace pensar que el Plan va en dirección contraria a tratados internacionales, a la legislación vigente, y a la que está en proceso de aplicación, como es el Tratado de Escazú; el convenio 169 de la OIT; la Ley SBAP; modificaciones a la Ley 19.300 de Bases Generales; la Ley 20.500 sobre participación ciudadana; además de la incorporación de delitos económicos ambientales en materia penal, la Estrategia Internacional firmada por Chile; el Marco de Acción de Sendai (MAS) para el periodo 2015-2030, entre otros”, manifestaron desde la Red de Humedales del Biobío.

Otros desafíos

De acuerdo con el director del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción (UdeC), Ricardo Barra, una de las principales dificultades con la implementación de este nuevo servicio es el presupuesto. “Esperamos que se cuente con los recursos adecuados para conservar la biodiversidad en una región tan tensionada como la nuestra, donde tiene que convivir la protección de los ecosistemas con la actividad productiva”, explicó Barra.

Por otro lado, el director señaló que la necesidad de los recursos humanos. Destacó que es fundamental que permitan al servicio cumplir con sus objetivos.

“Creo que la Región del Biobío es una de las pocas en Chile que tiene una estrategia regional de biodiversidad. Tenemos un sistema universitario que va a acudir a la coordinación del servicio con la academia y los centros de investigación”, señaló el científico.

Asimismo, Ricardo Barra recalcó que el SBAP tendrá que abordar situaciones importantes del contexto local, como el Plan de Fortalecimiento Industrial.

“El Biobío tiene que redefinir su vocación productiva. Por lo tanto, la implementación de este instrumento no estará exenta de tensiones con relación a la conservación del patrimonio natural. El servicio va a ser central en esa discusión y en mantener el equilibrio necesario entre la conservación de la biodiversidad y la actividad productiva que la región necesita para salir del rezago en el que se encuentra”, indicó Barra.